David T. Ellwood Dean,
Harvard Kennedy School
Scott M. Black Professor of Political Economy
david_ellwood@Harvard.Edu
Estimado Profesor Ellwood,
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar “la dignidad de otros” y por tomar en cuenta las “consecuencias que las políticas tienen en las personas”. En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la “responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales”. Dado que el expresidente de México Felipe Calderón es investigador asociado de la Kennedy School ¿qué tanto cumple con esos criterios? Hay aspectos que reconocerle a la gestión de Felipe Calderón (2006-2012).
Rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas y salvo algunas excepciones importantes tiene un historial razonable en libertad de expresión y acceso a la información. Como parte de la normalidad democrática el análisis de su gestión ya está haciéndose en las universidades. Lo que se discute intensamente es la responsabilidad que tuvo en la tragedia humanitaria causada por esa guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año, etcétera.
Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedentes debida, en parte, a decisiones tomadas por el expresidente Calderón quien, incluso, tiene dos denuncias ante la Corte Penal Internacional.
Sería injusto acusar a Felipe Calderón de haber ordenado la barbarie. Sí podemos asegurar que no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Por razones de espacio nos centraremos en la tragedia de los desaparecidos. Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre del 2012 es importante que “todos sepamos dónde está la gente que más sufre”.
La Procuraduría General de la República sí elaboró una lista de desaparecidos durante los seis años de Calderón, pero nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella también obtuvo de empleados de la PGR. Tiene los nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años y medio del gobierno de Felipe Calderón (www.propuestacivica.org.mx). El documento demuestra la poca prioridad que su administración le dio al asunto: las denuncias no fueron investigadas y los familiares no fueron informados.
El Estado mexicano ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de desaparición forzada (caso Rosendo Radilla): en ella se indica que existe la obligación de investigar la suerte de los desaparecidos e informar a los familiares. Además, el 20 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, hizo público su informe derivado de la misión que en marzo de ese mismo año realizó a México (A/HRC/19/58/Add.2). Ahí se describe con objetividad y mucho detalle la situación que se gestó durante la administración del presidente Calderón. No obstante el lenguaje diplomático que se acostumbra en este tipo de documentos, en ese informe se descubre la responsabilidad gubernamental, se enfatiza recurrentemente la participación de agentes del estado a nivel federal en las desapariciones y la ausencia de medidas para solucionar la situación. Señaladamente, el informe reprueba el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, por propiciar graves violaciones de derechos humanos, y recomienda su retiro paulatino pero en el corto plazo. El Gobierno de Calderón se limitó a ignorar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y las peticiones que organizaciones y académicos de México y el mundo hemos hecho. Por ello es que sostenemos que Felipe Calderón es presunto responsable de la violación de los derechos de al menos 25 mil víctimas de la desaparición forzada.
Profesor Ellwood, usted calificó al “presidente Calderón de ejemplo vivo de un servidor público dinámico y comprometido”. ¿Cómo puede usted sustentar dicha afirmación, cuando hay tanta evidencia en contra?. Felipe Calderón fue un presidente insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias. Franklin Delano Roosevelt justificó la Ley de Préstamos y Arriendos (marzo de 1941) para entregar equipo bélico y humanitario a los aliados amenazados por los países del Eje diciendo que se trata de “ayudar a apagar el fuego en la casa del vecino antes de que tu casa se incendie y termine hecha cenizas”. México se consume en una tragedia humanitaria ante la indiferencia de una parte de la sociedad estadunidense. Otra, por el contrario nos ha acompañado todo el tiempo y ha enjuagado nuestras lágrimas y restañado nuestras heridas.
En suma, profesor Ellwood, consideramos que la incorporación de Felipe Calderón como investigador visitante de la Kennedy School es un insulto a las víctimas de la violencia en México. Es por ello que le solicitamos respetuosa y formalmente que nos informe por escrito las razones que llevaron a la Kennedy School a incorporar a Felipe Calderón como integrante del Programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos del John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Con base en la información aquí presentada no cumple con los criterios éticos de esta institución.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad Sergio Aguayo
Profesor de El Colegio de México,
presidente de Propuesta Cívica
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SINEMBARGO.MX
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el país para combatir al narco sin seguir los mecanismos constitucionales, Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra interna que se convirtió en eje rector de la política nacional durante su gobierno, por lo que el hoy expresidente debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), establece Humberto Moreira Valdés en la denuncia que interpuso ante ese organismo.
Quien fue gobernador de Coahuila y dirigente nacional del PRI, añade que la inconstitucionalidad fue un escollo para que las Fuerzas Armadas combatieran a “los enemigos del Estado”, provocando abusos y violaciones a los derechos humanos, aun contra personas ajenas a los narcos y al “conflicto bélico que prevalece en el territorio nacional”.
Las consecuencias que enumera el documento tienen como fuente informes oficiales y reportes periodísticos: entre 50 mil y 150 mil muertos, al menos un millar de niños asesinados, unos 230 mil desplazados, la desaparición forzada de unas 3 mil personas, cerca de 5 mil denuncias por torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por militares o marinos que, además, incurrieron en desapariciones forzadas.
Entre las investigaciones periodísticas citadas en la denuncia hay varias vinculadas a Proceso: Historias de muertes y corrupción, de su fundador, Julio Scherer García; El México narco, editado por el sello Planeta y coordinado por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda; la edición especial del semanario titulada El sexenio de la muerte; el libro Fuego cruzado, de la reportera Marcela Turati, y varias notas publicadas en Proceso.com.mx.
La denuncia fue presentada en la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, el 29 de noviembre –penúltimo día de Calderón en funciones–, de acuerdo al acuse electrónico.
El lunes 3, mediante el oficio OTP-CR-355/12, el jefe de la Unidad de Información y Elementos de Prueba, M.P. Dillon, respondió con el acuse formular, el cual indica que se analizará el caso para ver si es admisible conforme al Estatuto de Roma, que rige a la CPI.
Éste es un órgano de justicia internacional de carácter permanente, cuyo propósito es juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tuvo su origen en la aprobación del Estatuto de Roma en 2002 y tiene sede en La Haya, Holanda.
El domingo 16, Humberto Moreira acudió al bautizo de su nieto, Eduardo Humberto Moreira, hijo de José Eduardo, asesinado por Los Zetas en Ciudad Acuña el pasado 3 de octubre.
Afuera de la parroquia del Perpetuo Socorro, en Saltillo, el exgobernador llamó a Calderón “borracho de sangre” y “desequilibrado mental”, anunció que se iría a Estados Unidos a estudiar una maestría, a “sanar el alma” y a escribir tres libros. Uno de éstos, El odio del águila, en el que describirá las “tropelías” del expresidente.
También reprobó el desempeño del gobierno coahuilense, que encabeza su hermano Rubén, en el caso del asesinato de José Eduardo y aseguró que la mayor parte de la investigación la hizo él. Y entonces reveló que interpuso la denuncia en la CPI. Se despidió: “A Felipe Calderón le digo: nos vemos en La Haya”.
La denuncia del priista es la segunda que recibe la fiscalía de la CPI contra Felipe Calderón por crímenes de guerra. Un año antes, el 25 de noviembre de 2011, por iniciativa del abogado Netzaí Sandoval y con las firmas de 25 mil personas, se presentó otra que hasta el momento no se sabe si se admitirá.
La “guerra interna”
La denuncia interpuesta por Moreira Valdés consta de 46 páginas, 15 capítulos y 121 puntos, en los que expone desde el sistema constitucional mexicano hasta los excesos cometidos por militares en la llamada guerra del narco.
Entre los aspectos constitucionales que destaca el documento están las obligaciones de las Fuerzas Armadas y su comandante supremo, el presidente de la República. Y diferencia las funciones de seguridad exterior e interior de las tareas de seguridad pública, con las cuales son incompatibles.
“La Fuerza Armada permanente sólo puede desplegarse en el territorio nacional cuando deba enfrentar invasiones provenientes de potencias extranjeras; cuando por vía de las armas existan amenazas a la paz pública; o cuando se encuentre en riesgo la seguridad interior, como consecuencia de movimientos armados”, afirma en el punto 35.
Este argumento ya ha sido utilizado por juristas y organismos defensores de derechos humanos en México: si el presidente determinó que había una amenaza interior, debió seguir los cauces constitucionales, esto es, declarar la suspensión de garantías.
Al no hacerlo y, en cambio, ordenar el despliegue militar, Calderón motivó la ilegitimidad de las operaciones militares, que se entorpecieron por la ausencia de marco legal. De esta forma la Fuerza Armada incurrió en la violación de derechos humanos de civiles “que realizan su vida normal asumiendo que disfrutan de todos sus derechos, cuando de hecho los teatros de operaciones militares restringían garantías de libre tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio, entre otros”.
Tales condiciones, insiste Moreira, provocan “que las Fuerzas Armadas confundan a los civiles inocentes con enemigos en el fragor de enfrentamientos armados, o lo que es peor, que en algunos casos deliberadamente violen sus derechos fundamentales bajo el pretexto de la necesidad de servicio”.
Tras un recuento de los primeros días del gobierno de Calderón, Moreira recuerda el desastre de las operaciones en Michoacán y la arenga del entonces jefe del Ejecutivo a las tropas el 3 de enero de 2007, cuando vestido con casaca y quepí militares exclamó que el país libraba una “guerra interna”.
En el punto 76 de su denuncia añade: “Cualquier que sea el concepto doctrinal de la guerra, ésta tiene de manera intrínseca una constante: la lucha a muerte. Esa lucha se verifica entre personas que de forma organizada tratan de destruir a su contrincante para imponerle su voluntad”.
En el 88 invoca la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra, pues afirma que esa es la situación en México, aun sin una declaración formal de las partes en conflicto. Y en el punto 95 argumenta que la movilización de tropas y sus operaciones son suficientes para reconocer el estado de guerra interna.
Con base en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de guerra cometidos en “conflicto armado no internacional”, Moreira denuncia que en México se han cometido estos delitos. Y aunque admite que existe excepción en motines, actos esporádicos y aislados de violencia, dice que en el país se desarrolla un conflicto armado prolongado entre las autoridades y grupos organizados de delincuentes.
El otro referente es el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra, mismos que México ha ratificado con excepción del segundo, relativo a la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El precepto común tipifica como violaciones graves los ataques a personas que no participen directamente en hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas o quedaron fuera de combate por enfermedad, herida, detención u otra causa.
Entre esas violaciones graves se enumeran el homicidio, los tratos crueles y degradantes, la toma de rehenes y las ejecuciones extrajudiciales. Además, se recuerda que el numeral 8 del Estatuto de Roma configura otros tipos penales internacionales.
El capítulo XI, el más extenso de la denuncia, se llama “De la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México” y tiene 19 puntos, en los que Humberto Moreira describe la situación que el gobierno de Calderón propició en el país.
Según él, desde 2000 recrudeció la violencia entre grupos de narcotraficantes que se disputan las rutas de tráfico de drogas a Estados Unidos. Esa lucha se fue convirtiendo en una guerra interna cuando los narcos empezaron a confrontar al Estado mexicano para imponer su hegemonía en diferentes zonas y apoderarse de la vida económica, política y cultural de las poblaciones.
Añade que las organizaciones de narcotraficantes se caracterizan por su nivel orgánico, con jerarquías y funciones definidas, capacidad logística, poder de fuego y una inmensa capacidad económica.
Después de las operaciones en Michoacán a partir de diciembre de 2006, sin mediar la suspensión de garantías, la ya conocida como “guerra contra el narcotráfico” se extendió a todo el país y actualmente no se ha establecido cuántas muertes ha provocado, pero se calculan entre 50 mil y 150 mil.
“Tampoco es posible conocer con exactitud el número de violaciones a los derechos humanos cometidos por las tropas, toda vez que son pocas las personas que tienen la posibilidad de quejarse ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante los organismos internacionales, bien por falta de recursos económicos, lejanía de sus poblaciones, apatía u otros motivos”, dice Moreira.
Su denuncia menciona las 10 recomendaciones generales emitidas por la CNDH, así como las 102 recomendaciones emitidas contra las secretarías de Defensa Nacional y de Marina a partir de la militarización y hasta abril de 2012. Asimismo, remite al informe de Amnistía Internacional de octubre pasado, que documenta 4 mil 841 denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las Fuerzas Armadas, en casos como los de Valentina Rosendo e Inés Fernández, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel.
Se añaden también la desaparición forzada de unas 3 mil personas y las confesiones obtenidas por militares bajo tortura, como en los casos de José Manuel Esqueda, Gustavo Fuentes y Jethro Ramsés Sánchez Santana.
Para el denunciante, todo esto forma parte de una política que se convirtió en eje rector de la administración de Felipe Calderón, quien impuso prácticamente un estado de excepción al movilizar a 70 mil soldados y marinos.
Deficiencias del sistema mexicano
En la argumentación jurídica de Humberto Moreira, la imposibilidad de enjuiciar a los presidentes en México actualiza la competencia de la CPI en este caso contra Felipe Calderón, ya que la denuncia se presentó cuando él todavía estaba en funciones.
Conforme al artículo 25 del Estatuto de Roma relativo a la responsabilidad penal individual, alega, la inconstitucionalidad en la movilización de tropas y sus consecuencias convierte a Calderón en el responsable directo de los crímenes señalados, por su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
En su punto 113, Moreira cita el artículo 17 del Estatuto de Roma, que enlista los requisitos para que la CPI conozca un asunto:
La fracción 1, inciso a) de dicho precepto establece que se conocerá un caso cuando un Estado no pueda hacerlo por falta de jurisdicción; el inciso b) se refiere a la admisibilidad cuando se carezca de voluntad para enjuiciarlo en el Estado con jurisdicción; y la fracción 3 dice que la Corte conocerá un caso cuando la administración de justicia del Estado en cuestión esté colapsada, se carezca de ella o no esté en condiciones de llevar a cabo el juicio.
Para demostrar la admisibilidad de su denuncia, Moreira cita el artículo 108, párrafo segundo del Código Penal Federal mexicano, donde se estipula que el presidente, en su calidad de comandante supremo, sólo puede ser juzgado por traición a la patria, según el artículo 203 del Código de Justicia Militar. Y como civil, sólo por delitos graves del orden común.
“El Estado mexicano no sólo carece de jurisdicción para conocer del asunto, sino incluso para investigarlo y, por ende, se surten las excepciones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma”, concluye el punto 115 de la denuncia.
Agrega que el sistema jurídico mexicano es defectuoso porque no permite combatir la impunidad de los crímenes graves cometidos contra la humanidad por el presidente de la República, “quien tiene facultades exclusivas para disponer de la Fuerza Armada permanente”.
Ahora, la CPI tendrá que iniciar un procedimiento de análisis del caso y, conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma, emitirá un dictamen para decidir si lo admite o no.
Hay una campaña injusta orquestada para denostar a Calderón y aunque si pienso que el en lo personal hizo lo que pudo y que nos están preparando para entregarle formalmente el país a los carteles de la droga, el PAN como institución a demostrado ser tan corrupto como el PRI.
HENIA PRADO
Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizan un acto conmemorativo en la “Estela de la Muerte”, para despedir a Felipe Calderón
México, DF.- A tres días de que concluya el sexenio, familiares de víctimas de la violencia hacen un acto conmemorativo en la Estela de Luz para reprochar al Presidente Felipe Calderón por las decenas de personas muertas y desaparecidas que dejó la lucha contra el crimen organizado.
En la ceremonia, organizada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, tienen contemplado leer poemas alusivos a la ausencia de las víctimas, testimonios y la develación de una placa conmemorativa por el asesinato del activista Nepomuceno Moreno, ocurrido hace un año.
Alrededor de la Estela se han amontonado cruces de madera, veladoras, armas de juguete, dinero y siluetas de personas marcadas con gis, todo ello salpicado con pintura roja, que alude a la sangre derramada.
"Estamos haciendo un recuento de daños del sexenio de muerte y elegimos hoy porque hace un año asesinaron a Nepomuceno Moreno, quien estuvo frente a Calderón, le pidió protección y le pidió resolver el caso de su hijo desaparecido", recordaron.
"Elegimos la Estela porque es un símbolo de la corrupción, el monumento más grande de la corrupción y queremos resignificarlo como la Estela de la Muerte", expresó Cecilia Bárcenas.Frente a la Estela se ha colocado un templete y en los alrededores hay fotografías y datos de mujeres y hombres, sobre todo jóvenes víctimas.
"Víctimas anhelan paz, justicia, dignidad"," Calderón empeñó palabra y traicionó", "Nepo murió buscando justicia", "8000 migrantes secuestrados cada año, 2000 son mujeres", son algunas leyendas de las pancartas de repudio.
2006-2012
Solo disiento en la implicación que el rayito gano las elecciones y en la insistencia de ignorar sus faltas como baladis. No se puede implantar un estado de derecho soslayandolo.
Pude ser que Calederón haya fallado, pero hizo lo que pudo de manera valiente.
¿Qué proponen? ¿Entregarle el país a los asesinos?
Un final que se escribió al inicio
Lorenzo Meyer'Haiga sido como haiga sido'
El final del sexenio de Felipe Calderón se escribió desde 2006. Al decidir él y el PAN alcanzar el triunfo en la elección presidencial de ese año a como diera lugar, también y a querer que no, optaron por imponer la naturaleza de los medios sobre la de sus supuestos fines. El resultado es lo que hoy tenemos: el retorno del PRI, una guerra inconclusa contra un narcotráfico fortalecido en la lógica de que si el Estado no gana, pierde, y una gran duda ciudadana sobre la naturaleza misma del sistema político.
Puntada final
La decisión de Calderón de concluir su sexenio mandando al Congreso una iniciativa sin futuro: cambiar el nombre oficial de nuestro País –ya no más Estados Unidos Mexicanos, simplemente México– puede interpretarse como una admisión implícita de derrota: como tras seis años de ejercicio del poder la realidad del País no cambió para bien, entonces, al menos, habría que terminar cambiándole de nombre al País. ¡Vaya final!
Lista tentativa
Imposible saber cómo irá registrando la memoria histórica la herencia del último sexenio y del periodo panista en su conjunto. Sin embargo, aún sin el sosiego que supuestamente trae consigo el paso del tiempo, una perspectiva crítica puede listar los principales elementos para un primer juicio.
La destrucción del juego limpio
Desde el punto de vista de la formación de la cultura política, el mayor agravio que infligieron Vicente Fox y Felipe Calderón a México es haber echado por la borda una oportunidad única para implantar entre nosotros y por primera vez los principios del juego limpio electoral, base indispensable e insustituible en el ejercicio de la democracia.
Ernesto Zedillo debe de ser juzgado con toda severidad por el Fobaproa, es decir, por la enorme deuda pública que nos heredó como producto de la irresponsabilidad y corrupción de la élite financiera en contubernio con la clase política. Sin embargo, en su haber se tiene que anotar que, al menos, fue el primer y único Presidente priista que frente a una oposición electoral fuerte no intentó echar mano de las trampas, del juego sucio propio del priismo tradicional, para imponerse una vez más sobre la voluntad ciudadana manifestada en las urnas tal y como había ocurrido en 1929, 1940, 1946, 1952 y 1988. Zedillo no cayó en la tentación de usar del "haiga de ser como haiga de ser" para no entregar el poder a Fox.
En contraste, Fox y Calderón prefirieron que México perdiera la oportunidad histórica de permitir que fraguaran bien los primeros cimientos de una nueva cultura electoral que tuviera como centro el respeto a las formas y, sobre todo, del fondo de lo que significa permitir y acatar la voluntad de las urnas.
Los dos líderes panistas hicieron todo lo posible por imponer su solución personal y partidista y para ello usaron desde el desafuero del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, por un motivo absolutamente baladí, pasando por la creación de una atmósfera de miedo irracional contra la izquierda –el "peligro para México"–, negarse al recuento del "voto por voto, casilla por casilla" –algo que sí se hizo entonces y sin problemas en otros países como Costa Rica y justamente por la misma razón que en México: por lo cerrado de la diferencia de votos entre los punteros– hasta cerrar con la torcida decisión del TEPJF que si bien aceptó la existencia de intervenciones ilegales en la campaña a favor de Calderón (las de Fox o del CCE), no se atrevió a derivar de ello consecuencia alguna.
La negativa a permitir una alternancia que favoreciera a una izquierda con raíces cardenistas –el enemigo original del PAN desde 1939–, más el gusto por los privilegios y ventajas que da el ejercicio del poder, llevaron a que el panismo dejara pasar la oportunidad única de arraigar en México la credibilidad de los procesos electorales. Y las consecuencias de ello se perciben claramente hoy en los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (ENCUP, 2012) elaborada por la mismísima Secretaría de Gobernación. En esa encuesta, al preguntar a una muestra representativa de ciudadanos si consideraba que México vivía o no en democracia, el 34 por ciento respondió de manera afirmativa, pero un 31 por ciento lo negó y un 33 por ciento lo aceptó sólo parcialmente (www.encup.gob.mx). Así, tras 12 años de panismo, el 64 por ciento de los mexicanos siguen sin creer que en México se viva en una auténtica democracia.
El retorno de los brujos
El segundo hecho que destaca en el memorial de agravios que una parte de la sociedad mexicana ya ha elaborado contra los 12 años de gobiernos panistas es que Calderón termina su gobierno entregando la Presidencia al PRI, el partido autoritario que los panistas originales y sus sucesores a lo largo de medio siglo –hasta la época de las concertacesiones– consideraron inaceptable y un auténtico peligro para México por antidemocrático, corrupto, corporativista, estatista y demagógico. Si Fox, Calderón y el panismo hubieran estado a la altura de las circunstancias, el PRI sería hoy historia, pero como no lo estuvieron, el viejo partido creado por Plutarco Elías Calles es hoy el futuro. De nuevo, la responsabilidad histórica de Calderón en este retroceso es insoslayable.
Inseguridad
Además del retorno del pasado, el calderonismo dejó sin resolver el problema de la impotencia del Estado para enfrentar con eficacia a los cárteles del narcotráfico. El problema viene de lejos, pero al hacer de la lucha armada contra las organizaciones de narcotraficantes el centro del proyecto para ganar la legitimidad que no obtuvo en la elección y fracasar, el resultado no es simplemente un seguir como estábamos, sino un retroceso, pues tras seis años de lucha los cárteles ya le tomaron la medida al "monopolio de la violencia legítima" del Estado y encontraron que podían sobrevivir al embate de policías, Armada, Ejército y asesores norteamericanos. Está por verse si el próximo Gobierno puede recobrar el terreno perdido, avanzar y a qué precio.
La corrupción
Mientras el PAN y los panistas no tuvieron que pasar la prueba de la responsabilidad del poder, pudieron ser tomados por gente honrada y decente con autoridad para señalar la corrupción del PRI. Hoy eso ya no es posible. Y aquí volvemos a los datos de la última ENCUP, según los cuales y en una escala de 0 a 5, donde este último representa la corrupción total y el primero su ausencia total, los mexicanos le damos al país un 4.54, es decir, lo consideramos al borde de la corrupción total. Por otra parte, y de cara al futuro, el 56 por ciento de los encuestados considera que acabar con la corrupción es poco o nada probable y un 91 por ciento supone que los gobernantes cumplen poco o nada con la ley. Los índices publicados por Transparencia Internacional coinciden con esta percepción e incluso muestran que, entre 2007 y 2011, la percepción negativa ha aumentado (www.transparency.org).
La economía
Es frecuente oír que, después de todo, Calderón y los suyos manejaron bien la economía. La inflación no es muy alta –4.2 por ciento en promedio– y el crecimiento es modesto, pero The Economist predice un brillante futuro para México como exportador. Sin embargo, y por lo que al sexenio se refiere, el hecho innegable es que pese a que los históricos ingresos por exportaciones de petróleo, el crecimiento promedio real entre 2006 y 2012 resultó ser de apenas un magro 0.4 por ciento (Enrique Quintana, Enfoque, 25 de noviembre). En contraste, entre 1935 y 1982, la época del viejo modelo económico, ese crecimiento real fue, en promedio, del 3.17 por ciento (José Luis Calva, El Universal, 17 de junio, 2005). En definitiva, la economía no respondió bien a un panismo neoliberal, pero toleró a todos los monopolios que heredó del PRI.
En suma
Desde la óptica empleada aquí, el calderonismo puede verse como un caso en que mal acaba quien mal inicia.
www.lorenzomeyer.com.mx
Hora de publicación: 04:20 hrs.
MADRID.- El Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, consideró que la lucha que ha emprendido el Gobierno de Felipe Calderón contra el narco ha fracasado, lo que podría favorecer el regreso del PRI al poder en 2012.
"La lucha emprendida con gran coraje del Gobierno mexicano contra las mafias ha fracasado estrepitosamente. Las mafias dan la impresión de que ganan", dijo durante una charla con el historiador Enrique Krauze, con la cual celebraron 10 años de la edición española de Letras Libres.
"Esto ha creado una situación en la que el PRI, el detestado y detestable PRI, puede volver al poder por elecciones limpias, y entonces ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ese fracaso de un país que todo parecía indicar que iba a ir más bien hacia adelante?", se preguntó.
Krauze dijo que el problema es que, cuando gobernaba el PRI, había un sistema piramidal de poder en el que los políticos de nivel bajo y los policías y delincuentes "o tenían relaciones muy cercanas o eran los mismos".
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