Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.
domingo, 23 de febrero de 2014
denuncia su violación y la tachan de inmoral
13 de enero de 2014•19:53
México.- Una joven de 18 años denunció que el 12 de septiembre pasado, un sujeto llamado Miguel Ángel Jasso la atacó brutalmente para intentar violarla; sin embargo la joven fue señalada como "inmoral" durante su juicio en Guanajuato.
El inculpado se encuentra libre y la chica fue tratada con mayor severidad por parte de las autoridades.
lunes, 17 de febrero de 2014
domingo, 9 de febrero de 2014
un avión Hawker 25
03 de febrero de 2014•08:39 • actualizado a las 08:42
Ciudad de México.- El avión destruido el 4 de noviembre por el Ejército venezolano era del Cártel de Sinaloa y en él solía viajar uno de los principales lavadores de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Se trata de Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, también vinculado con la red de empresas virtuales que blanqueó 3 mil 500 millones de pesos en la venta de facturas apócrifas.
Según la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, Paul K. Crane, director regional de la DEA en México, denunció en 2012 ante la PGR a Rodríguez por operar cantidades millonarias de dinero ilícito para la organización criminal.
Este mismo personaje fue mencionado por el Gobierno de Querétaro como uno de los cinco pasajeros del avión Hawker 25, matrícula XB-MGM, destruido en Venezuela por presuntamente transportar drogas.
Después de que la DEA denunciara a Rodríguez, la SEIDO descubrió que tenía relación con el caso de las empresas desmanteladas en Polanco por vender facturas fraudulentas.
Según los documentos, del 17 al 23 de septiembre Comercializadora y Distribuidora PVL, una de las compañías desmanteladas, realizó varios depósitos por un total de 17 millones 900 mil pesos.
Uno de los receptores fue Zocle Mercantil.
13 de noviembre de 2013•20:23
Ciudad de México.- Los cinco pasajeros del avión destruido en Venezuela podrían estar vinculados al Cártel de Sinaloa, liderado por el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, informó el diario La Jornada.
De acuerdo con el periódico mexicano, “información en poder de órganos de inteligencia del gobierno mexicano estima que los cinco pasajeros que viajaban en el avión que fue destruido por el gobierno venezolano podrían estar relacionados con el cártel de Sinaloa”.
Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que autoridades castrenses y civiles se han allegado de información respecto a que los presuntos tripulantes del avión serían socios del “Chapo Guzmán” y estarían vinculados a organizaciones delincuenciales sudamericanas.
El avión modelo Hawker Siddeley, dirigido por el capitán Alfredo Chávez Padilla y como copiloto Mauricio Pérez, fue destruido porque presuntamente estaba al “full” de cocaína, según declaró en televisión el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los pasajeros, que viajaban con documentos falsos, en un principio fueron identificados como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.
Y mientras se trabaja en la identificación de los tripulantes de la aeronave con matrícula XB-MGM, la Procuraduría General de la República (PGR) espera información del gobierno venezolano para decidir si inicia una averiguación previa.
08 de noviembre de 2013•12:38 • actualizado a las 12:39
Gobierno venezolano revela nombres de pasajeros de avión mexicano
Ciudad de México.- El avión destruido el 4 de noviembre por el Ejército venezolano era del Cártel de Sinaloa y en él solía viajar uno de los principales lavadores de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Se trata de Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, también vinculado con la red de empresas virtuales que blanqueó 3 mil 500 millones de pesos en la venta de facturas apócrifas.
Según la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, Paul K. Crane, director regional de la DEA en México, denunció en 2012 ante la PGR a Rodríguez por operar cantidades millonarias de dinero ilícito para la organización criminal.
Este mismo personaje fue mencionado por el Gobierno de Querétaro como uno de los cinco pasajeros del avión Hawker 25, matrícula XB-MGM, destruido en Venezuela por presuntamente transportar drogas.
Después de que la DEA denunciara a Rodríguez, la SEIDO descubrió que tenía relación con el caso de las empresas desmanteladas en Polanco por vender facturas fraudulentas.
Según los documentos, del 17 al 23 de septiembre Comercializadora y Distribuidora PVL, una de las compañías desmanteladas, realizó varios depósitos por un total de 17 millones 900 mil pesos.
Uno de los receptores fue Zocle Mercantil.
Miguel Ángel Osorio Chong añadió que "no es defender un avión, como se ha dicho, si estaba o no lleno de droga; el interés es saber si hay mexicanos y si existen responsabilidades"
13 de noviembre de 2013•20:23
Ciudad de México.- Los cinco pasajeros del avión destruido en Venezuela podrían estar vinculados al Cártel de Sinaloa, liderado por el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, informó el diario La Jornada.
De acuerdo con el periódico mexicano, “información en poder de órganos de inteligencia del gobierno mexicano estima que los cinco pasajeros que viajaban en el avión que fue destruido por el gobierno venezolano podrían estar relacionados con el cártel de Sinaloa”.
Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que autoridades castrenses y civiles se han allegado de información respecto a que los presuntos tripulantes del avión serían socios del “Chapo Guzmán” y estarían vinculados a organizaciones delincuenciales sudamericanas.
El avión modelo Hawker Siddeley, dirigido por el capitán Alfredo Chávez Padilla y como copiloto Mauricio Pérez, fue destruido porque presuntamente estaba al “full” de cocaína, según declaró en televisión el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los pasajeros, que viajaban con documentos falsos, en un principio fueron identificados como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.
Y mientras se trabaja en la identificación de los tripulantes de la aeronave con matrícula XB-MGM, la Procuraduría General de la República (PGR) espera información del gobierno venezolano para decidir si inicia una averiguación previa.
08 de noviembre de 2013•12:38 • actualizado a las 12:39
Gobierno venezolano revela nombres de pasajeros de avión mexicano
sábado, 8 de febrero de 2014
El perdón
Juan Carlos Ortega Prado
7 de febrero de 2014
Análisis
MÉXICO, DF, (apro).- Es oficial: la jerarquía de la Iglesia católica protege y protegió a los sacerdotes pederastas.
La primera confirmación vino del Comité para los Derechos de los Niños de la ONU que, en un informe fechado el 31 de enero pasado (pero difundido el 5 de febrero), documenta que El Vaticano adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños, y llamó a la “Santa Sede” a abrir sus archivos de curas pederastas y de obispos, arzobispos y cardenales que ocultaron las violaciones. El documento completo se encuentra en animalpolitico.com/2014/02/el-vaticano-adopto-politicas-que-permitieron-sacerdotes-violar-miles-de-ninos-onu/.
La segunda confirmación vino desde dentro de la Iglesia. Este jueves 6, los Legionarios de Cristo difundieron un comunicado en el que aceptaban algunos de los crímenes perpetrados por su fundador, el mexicano Marcial Maciel, y el silencio institucional de la Iglesia: “Reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de las personas que habían sido víctimas del P. Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas” (proceso.com.mx/?p=364185).
Pedían perdón, tal como Benedicto XVI lo hizo en 2010. Otorgarlo es una potestad de las víctimas, claro, pero es una obligación de la sociedad castigar a los delincuentes para sostener el Estado de Derecho.
Eso sí, lamenta “ver en algunos puntos de las observaciones conclusivas un intento de interferir en la enseñanza de la Iglesia católica sobre la dignidad de la persona humana y en el ejercicio de la libertad religiosa”. Se refiere a que el Comité criticó a El Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad (que sigue rechazando, por más que el Papa Francisco haya dicho que ya no había que hablar de eso), la planificación familiar y el aborto.
Llama la atención que el gobierno del Papa Francisco, que tanto ha paseado su bondad, sólo haya tenido esa respuesta, esa presunta respuesta. Más aún, porque en diciembre pasado Francisco instituyó un comité para investigar los casos de pederastia integrado por ocho cardenales (sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/05/actualidad/1386248539_267581.html)… cuatro de los cuales han sido acusados de encubrir a curas pedófilos (perfil.com/internacional/Victimas-de-pedofilia-acusan-a-4-asesores-del-Papa-por-encubrir-20131013-0052.html).
El primero protegió, entre otros muchos, al cardenal estadunidense Bernard Francis Law. Él había renunciado a su arzobispado en Boston a causa de escándalos de pederastia, pero Juan Pablo II lo arropó y lo nombró arcipreste de la Basílica de Santa Maria Maggiore (Roma), una de las más importantes de la cristiandad. De hecho, una de las primeras acciones del pontificado de Francisco fue removerlo, con lo que tácitamente se aceptó su responsabilidad.
Otro protegido de JP II fue el sacerdote Marcial Maciel, drogadicto, defraudador y violador de niños y niñas (incluidos hijos suyos), entre otros delitos. Proceso, en su edición 1800, publicó cartas que se dirigieron a la alta jerarquía vaticana para informar de la vida criminal de Maciel. No sólo eran misivas de víctimas, sino que también había una del obispo Sergio Méndez Arceo, quien acusa a Maciel de cometer actos de sodomía con menores de edad y de abusar de las drogas. Pero JP II, en su primera visita a México, llamó a todos los asistentes a ser como el padre Maciel (1979, Guadalajara).
7 de febrero de 2014
Análisis
MÉXICO, DF, (apro).- Es oficial: la jerarquía de la Iglesia católica protege y protegió a los sacerdotes pederastas.
La primera confirmación vino del Comité para los Derechos de los Niños de la ONU que, en un informe fechado el 31 de enero pasado (pero difundido el 5 de febrero), documenta que El Vaticano adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños, y llamó a la “Santa Sede” a abrir sus archivos de curas pederastas y de obispos, arzobispos y cardenales que ocultaron las violaciones. El documento completo se encuentra en animalpolitico.com/2014/02/el-vaticano-adopto-politicas-que-permitieron-sacerdotes-violar-miles-de-ninos-onu/.
La segunda confirmación vino desde dentro de la Iglesia. Este jueves 6, los Legionarios de Cristo difundieron un comunicado en el que aceptaban algunos de los crímenes perpetrados por su fundador, el mexicano Marcial Maciel, y el silencio institucional de la Iglesia: “Reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de las personas que habían sido víctimas del P. Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas” (proceso.com.mx/?p=364185).
Pedían perdón, tal como Benedicto XVI lo hizo en 2010. Otorgarlo es una potestad de las víctimas, claro, pero es una obligación de la sociedad castigar a los delincuentes para sostener el Estado de Derecho.
Eso sí, lamenta “ver en algunos puntos de las observaciones conclusivas un intento de interferir en la enseñanza de la Iglesia católica sobre la dignidad de la persona humana y en el ejercicio de la libertad religiosa”. Se refiere a que el Comité criticó a El Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad (que sigue rechazando, por más que el Papa Francisco haya dicho que ya no había que hablar de eso), la planificación familiar y el aborto.
Llama la atención que el gobierno del Papa Francisco, que tanto ha paseado su bondad, sólo haya tenido esa respuesta, esa presunta respuesta. Más aún, porque en diciembre pasado Francisco instituyó un comité para investigar los casos de pederastia integrado por ocho cardenales (sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/05/actualidad/1386248539_267581.html)… cuatro de los cuales han sido acusados de encubrir a curas pedófilos (perfil.com/internacional/Victimas-de-pedofilia-acusan-a-4-asesores-del-Papa-por-encubrir-20131013-0052.html).
El primero protegió, entre otros muchos, al cardenal estadunidense Bernard Francis Law. Él había renunciado a su arzobispado en Boston a causa de escándalos de pederastia, pero Juan Pablo II lo arropó y lo nombró arcipreste de la Basílica de Santa Maria Maggiore (Roma), una de las más importantes de la cristiandad. De hecho, una de las primeras acciones del pontificado de Francisco fue removerlo, con lo que tácitamente se aceptó su responsabilidad.
Otro protegido de JP II fue el sacerdote Marcial Maciel, drogadicto, defraudador y violador de niños y niñas (incluidos hijos suyos), entre otros delitos. Proceso, en su edición 1800, publicó cartas que se dirigieron a la alta jerarquía vaticana para informar de la vida criminal de Maciel. No sólo eran misivas de víctimas, sino que también había una del obispo Sergio Méndez Arceo, quien acusa a Maciel de cometer actos de sodomía con menores de edad y de abusar de las drogas. Pero JP II, en su primera visita a México, llamó a todos los asistentes a ser como el padre Maciel (1979, Guadalajara).
miércoles, 5 de febrero de 2014
ouija del diablo
Redacción AN
enero 31, 2014 10:52 am
El doctor Luis Mochán, del Instituto de Ciencias Física de la UNAM, apuntó que la embajada británica promovió la venta del artefacto fraudulento que adquirió el gobierno mexicano, es decir, el detector molecular GT200, conocido como la “ouija del diablo“.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, refirió lo que han publicado medios europeos y mexicanos, en los que se apunta que el empresario inglés Gary Bolton fue acompañado por la embajada británica, quien incluso prestó sus instalaciones, para comercializar el aparato.
“Bolton pagó a embajadores y soldados del Ejército británico para que hicieran presentaciones en varios países, entre ellos México, para promover la ouija del diablo”, mencionó.
Dentro de Inglaterra, abundó, generó problemas porque mientras la embajada promovió el producto, el equivalente a la Secretaría de Gobernación (en México) del gobierno británico informó que el aparato no funcionaba.
“A pesar de ello, acríticamente lo estuvieron promoviendo”, apuntó Mochán, además de que refirió que existen documentos sobre pagos de la empresa a la embajada.
Mochán indicó que un grupo de activistas impulsa que se prohíba la venta de este producto, por lo que incluso enviaron una carta a funcionarios mexicanos, “en el caso de que México quisiera pedir reclamaciones”.
Hasta ahora, dijo, en México ha sido ambigua la situación respecto a la compra del aparato.
Por ejemplo, en agosto pasado, mientras el vocero de seguridad, Eduardo Sánchez, dijo que ya no se iban a usar para nada, en Chiapas dijeron que iban a seguir usándola.
domingo, 2 de febrero de 2014
Vacíos de poder en México
Al finalizar el gobierno de Felipe Calderón se contablizaron 83,000 asesinatos relacionados con el crimen organizado. en los primerso seis meses del de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó 13,800.
La delincuencia organizada no es un fenomeno imposibel de evitar, ni siquera en México. ¿Qué hacer?¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos irresolutos?
El común denominador de paises fallidos es:
- sistemas judiciales colapsados,
- impunidad ante la corrupción,
- sistemas de control patrimonial fallidos,
- nulos sistemas de prevención social de los delitos.
En México se violan sistemáticamente 44 de los 58 derechos humanos incluidos en tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el gobierno federal ha firmado, aseguró Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC.
“Entre 70 y 80 por ciento de los expedientes que examinamos poseen detenciones sin motivación legal adecuada, detenciones donde no se leen derechos a los acusados; hay torturas y demás violaciones a los derechos humanos fundamentales”, dijo el experto durante su participación en el Segundo Encuentro de la Red por una Cultura de Paz, que se llevó a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
De acuerdo con una nota de El Universal, Buscaglia precisó que después de que su equipo analizó expedientes judiciales, concluyeron que en México se violan sistemáticamente 44 derechos humanos. “Esto no es una encuesta de percepciones, es un examen de expedientes judiciales”, dijo.
Agregó que los 44 derechos humanos están plasmados en las convenciones que México ha ratificado.
“El 90 por ciento de los casos que resuelve el FBI, son resueltos por colaboración ciudadana que no necesita recompensas. El ciudadano colabora con su Estado, porque ve a su Estado legítimo, y cuando ve que su Estado viola los derechos humanos, no colabora, y no puede combatir no sólo la delincuencia organizada, no puede combatir el robo de vehículos. Eso es algo que se tiene que corregir”, explicó.
La nota de El Universal agrega que no sólo se respetan los derechos humanos por una razón ético-jurídica; “se respetan porque si no el Estado deja de existir, se fragmenta, y ocurren situaciones como los 35 cuerpos arrojados en la calle en Veracruz o la tragedia en el casino Royale de Monterrey.
Para Buscaglia, la debilidad del Estado es un factor causal del tipo de violencia en México.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dedicado a fortalecer el tema de prevención social y de aspectos ligados a la capacitación para jóvenes —positivo en el discurso—, pero no ha dicho cuáles son las acciones concretas para lograrlo, considera el experto en seguridad Edgardo Buscaglia, en entrevista con Carmen Aristegui, en CNN en Español.
Buscaglia considera importante tener acciones en cuatro áreas de políticas públicas como un sistema judicial efectivo, desmantelamiento patrimonial en materia no penal, ataque a la corrupción política —operativa administrativa— y prevención social del delito, “en donde estas acciones sean temporalmente definidas, así como sus objetivos”.
Sin embargo, dice el especialista, las acciones y propuestas en el tema de la corrupción no están definidas, “la concentración de poder está en dos secretarias: Hacienda y Gobernación, y que pueden imponer premios y castigos a los actores políticos que quiera seguir operando bajo la corrupción”, afirma el experto en seguridad.
La clase política mexicana es una “clase política fallida” que no ha logrado llegar a acuerdos fundamentales de gran envergadura que introduzcan los cuatro controles básicos para contener a los grupos criminales y que ya se aplican en todos los países, opinó el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el experto en asuntos de seguridad, destacó que por la falta de estos controles, la deuda pública del Estado mexicano puede “estarse usando como un mecanismo de lavado de dinero”, a pesar de ello, el país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas, lo que quedó demostrado con la resolución del Tribunal Electoral al declarar infundadas acusaciones de este tipo en contra de la campaña presidencial del PRI.
“Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México, las políticas han sido fallidas; se necesita cooperación internacional más elevada”, dijo Buscaglia.
A su juicio, en México, la presencia de la delincuencia organizada dentro y fuera de la Policía Federal implica un conflicto armado, lo cual, convierte el tema de combate al crimen organizado en México en un asunto complejo como no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Insistió en la necesidad de implementar cuatro tipos de medidas para frenar la penetración de la delincuencia organizada: la implementación de un sistema judicial que vaya de la mano con un esquema penitenciario capaz de generar sentencias; desmantelar las redes de movimientos financieros del crimen organizado, ya que actualmente México es el país número 12 a nivel mundial en movimiento de recursos ilícitos; implementar procesos de indagación patrimonial y, por último, la creación de una política social que dé oportunidades laborales a los jóvenes.
Aun cuando las Fuerzas Armadas en México están disminuyendo su escala de intervención en tareas de seguridad, en los hechos su actuación es similar a la que tuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón, “al cubrir vacíos dejados por las autoridades civiles, que aún no logran establecer cómo fortalecer las cuatro capacidades básicas de control de cualquier Estado del planeta”.
Así lo afirmó Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, quien durante varios años ha investigado y dado seguimiento a la realidad de la seguridad en México, y quien durante el sexenio anterior alertó sobre la errónea política de seguridad, el desgaste de la imagen del Ejército y la posible aparición de grupos paramilitares que hoy son una realidad.
En entrevista, explicó que esta situación política conduce a una impotencia de las Fuerzas Armadas, así como a un mayor nivel de exposición de éstas.
El experto consideró que el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en diversos territorios del país, en el combate a la delincuencia organizada, las expone cada vez más a ser “blanco” de denuncias nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos, mientras que la elite política y económica continúa lucrando enormemente con la ausencia de los cuatro tipos de control —judiciales, patrimoniales, legislativos y sociales— que debe ejercer un Estado.
“El Ejército y la Marina se enfrentan así, con impotencia, ante un dique político insuperable que atenta contra su función esencial de seguridad nacional, ya que el enemigo es el mismo sistema político que los enmarca y que debilita al Estado mexicano”, sostuvo el experto.
Desde el inicio del actual sexenio se manejó un bajo perfil mediático para las operaciones de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico y del crimen organizado en el país, pero se mantuvo la colaboración en entrenamiento e inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, dijo.
“Por más sofisticada y enormemente costosa que sea la cortina mediática nacional e internacional, estos cuatro vacíos del Estado continúan alimentando el conflicto armado mexicano y promoviendo que estos vacíos de Estado sean cubiertos por actores mafiosos estatales y no estatales que se disputan los poderes políticos locales y en entidades federativas”.
En el actual sexenio, las Fuerzas Armadas han tenido que acudir a municipios donde grupos de autodefensa han surgido, desarmando a las policías municipales o bloqueando accesos carreteros e incluso reteniendo a militares, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán.
Paramilitares a la mexicana
“Los paramilitares mexicanos, no como consecuencia de una guerrilla de izquierda, surgen como el mecanismo derivado de los vacíos: de la debilidad de los Estados y de la falta de Estado en algunas zonas del país. Es otro tipo de raíz que tiene el paramilitarismo mexicano”, explicó el experto.
Estos grupos —agregó— “limpian extrajudicialmente, fuera del Estado de derecho, una región de grupos adversarios, sean políticos, criminales o de la zona. Eso es lo que básicamente está proliferando en el país, ya sea pagado por empresarios o basados en la organización de los propios pobladores, de los ciudadanos”.
En 2012, en México había 167 grupos relacionados con “vigilantismo”, incluyendo paramilitares, que se crearon para defenderse de la inseguridad y de la violencia que se registra en el país, lo que implica una clara señal de un Estado débil, comentó Buscaglia, quien también es presidente del Instituto de Acción Ciudadana.
“Es una señal del Estado débil. En todos los países donde este tipo de grupos surge es un indicador claro y sintomático de la debilidad del Estado. La cifra que presentamos muestra que son una realidad y aún falta por integrar grupos más pequeños”, destacó.
Al respecto, Buscaglia indicó que es una reacción natural de una población y de empresarios que se sienten indefensos, pero el problema es que al final este tipo de grupos termina afectando sus propios ámbitos sociales porque generan más violencia y deterioran aún más el aspecto criminológico.
La policía comunitaria, explicó el catedrático, es diferente, porque es un mecanismo que funciona como prevención del delito, genuino, ciudadano, que utiliza vías legítimas de resolución de disputas, no es ofensiva, no utiliza armas largas, no tiene rangos militares y surge como una demanda de una pequeña población que se ve amenazada.
En Vacíos de poder en México, libro provocador como pocos, el prestigioso analista Edgardo Buscaglia aborda de frente la actual crisis de seguridad y sus manifestaciones de violencia extrema. El autor comienza realizando un detallado diagnóstico de las fallas regulatorias que existen en nuestro país, caracterizado por "una economía formal de plutócratas, disfrazada de economía de mercado, que fomenta el espacio ideal para la captura del tejido social por parte de empresas criminales."
En ese contexto, Buscaglia subraya que la delincuencia organizada es un fenómeno social económico y no un fenómeno militar que pueda erradicarse por medio de la represión, dejando claro que los problemas que han amenazado al Estado mexicano -acentuados desde el sexenio de Felipe Calderón- necesitan abordarse más allá de una perspectiva policial o judicial.
Para combatir la delincuencia organizada se require una nueva arquitectura institucional de Estado con capacidades de controles preventivos que gocen del apoyo de sus ciudadanos. En esa medida ,advierte el autor, los acuerdos políticos sin base social de consenso, como el "espejismo del Pacto por México", nunca compensarán la ausencia de controles. Parafortalecer la seguridad humana y dar lugar a un Estado de desarrollo económico y social, es preciso pasar del mero discurso a la instrumentación efectiva.¿Cómo? En esta obra se hallan varias respuestas a tales cuestiones inaplazables.
01 de febrero de 2014•14:13 • actualizado a las 17:54
Monterrey.- Un hombre fue ejecutado y otro más resultó lesionado en un atentado perpetrado por un solitario pistolero, en hechos ocurridos durante la noche del viernes en el primer cuadro de Monterrey.
Una ironía del destino, el cuerpo inerte del hombre de alrededor de 40 años quedó a las afueras del negocio denominado "El Charco de las Ranas"; cuyo propietario así nombró en recuerdo de aquel lugar del Distrito Federal donde fue ejecutado el conductor y comediante Francisco "Paco" Stanley, también a manos de pistoleros al servicio de la delincuencia.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Servicio Médico Forense se dieron cita en el lugar, vestidos como si fueran a filmar una película de Steven Spielberg sobre una pandemia mundial. Más de ocho elementos con guantes y pinzas, revisando cono precisión milimétrica y exquisito detalle la escena del crimen, en un calle sucia a cielo abierto y con alto tráfico peatonal. La faramalla un signo inequívoco y patente de que el crimen quedara impune.
El ataque a balazos fue reportado al filo de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Colón y Jiménez, de la colonia Sarabia, uno de los sectores más conflictivos del primer cuadro de la ciudad, debido a la proliferación de giros negros y la presencia de comercio informal, que sirve como fachada a narcomenudistas.
De acuerdo con la versión de testigos -decenas de personas transitaban en ese momento debido a la proximidad con la estación del Metro Cuauhtémoc- la víctima caminaba por la acera cuando fue abordado por un pistolero, quien sacó su arma para ultimarlo.
El occiso trató de evadirse corriendo unos metros, pero las balas fueron más rápidas e hicieron blanco en su humanidad, desplomándose frente al negocio antes mencionado y a unos pasos del sitio donde fuese ejecutado un taquero en diciembre del 2012.
En la ejecución resultó lesionado una persona identificada como Juan Carlos de León, quien tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino entre víctima y victimario, ya que se encontraba con su familia en el exterior de una tienda Oxxo a escasos metros de la ejecución, siendo herido por uno de los proyectiles por lo que recibió atención de urgencia y fue trasladado al Hospital Universitario, donde se reporta su estado de salud como estable.
Los testigos ofrecieron una descripción del delincuente como un joven con el cabello a rapa, con vestimenta tipo pandillero, quien se presume habría descendido de un vehículo de alquiler, ya que la mayoría coincide en haberlo visto abordando un vehículo tipo taxi para huir de la escena por la avenida Colón.
La zona fue sitiada por autoridades Ministerial, Fuerza Civil y Policía de Monterrey, los cuales hicieron un rastreo de la zona no logrando ubicar al vehículo y al agresor.
Peritos advirtieron las huellas de los proyectiles en el cuerpo de la víctima, pero no lograron ubicar cartuchos percutidos por lo que presumen que el atacante utilizó un revólver para cometer el homicidio.
El cuerpo aún no ha sido reclamado en el Servicio Médico Forense, quienes se encuentran a la expectativa para la identificación de la víctima.
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