Organización Editorial Mexicana
27 de marzo de 2012
OEM en línea
Ciudad de México.- Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo, entre los que destaca México, quien sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, indica Amnistía Internacional, en un comunicado.
Señaló que la proliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.
En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas de Estados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.
Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.
La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.
A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo.
Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña "No más armas para atrocidades", en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.
MÉXICO, UNO DE LOS AFECTADOS
México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.
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Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.
UN MILLÓN DE FIRMAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO DE ARMAS
¿Sabías que en el Perú hay 131 tiendas de armas y solo 43 salas de cine?
¿O que el 48% de los homicidios se cometen con armas de fuego?
¿O que 180 000 armas de fuego circulan sin control?
Esta es solo alguna de la información que puede encontrarse en el nuevo sitio web de la campaña para detener el comercio de armas que lanza hoy Amnistía Internacional: www.amnistia.org.pe/armas
El comercio descontrolado de armas provoca que, cada año, millones de personas resulten muertas, heridas, violadas o se vean obligadas a huir de sus hogares. En julio de 2012 se debate en la ONU un importantísimo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Debe ser un Tratado sólido que salve vidas. Un Tratado a prueba de balas.
Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.
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domingo, 20 de octubre de 2013
Un mundo mejor o todos contra todos
La opción no es entre comodidades y austeridad, eso es una ilusión, incluso para la élite. Lo que esta en juego es la sobrevivencia de la humanidad. En cualquier caso en este siglo la cosas cambiaran y a como va, no para bien.
¿Cuántos seres humanos cabemos en el planeta?
Esta pregunta se ha hecho ya muy habitual. Se sabe desde hace tiempo que hace falta darle una respuesta si queremos avanzar en la idea de la sostenibilidad. El problema es que no resulta fácil de calcular. Un reciente estudio, promovido por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud ha aportado un nuevo dato, pero sobre todo un enfoque distinto.
Cuando pensamos en la población mundial, siempre lo hacemos en términos de población. El número de personas que viven en ciertas zonas del planeta, cuántas personas caben en los continentes, qué superficie nos toca a cada uno... El estudio que se publicó el pasado 18 de junio mira a este mismo problema desde otro punto. No es tanto una cuestión de números como de peso.
Utilizando los datos más recientes de que disponían, las estadísticas mundiales de 2005, los investigadores han calculado la biomasa de seres humanos adultos que poblamos el planeta. El resultado que han obtenido son 287 millones de toneladas. De todo este peso, 15 millones de toneladas se deben al sobrepeso, y casi 3,5 millones a la obesidad.
Para entendernos, el sobrepeso que hay en el planeta equivale a casi 242 millones de personas con un peso normal, o la población completa de Indonesia.
Claro, que no todas las regiones del planeta aportan lo mismo a la báscula. El peso promedio de un ser humano, según este estudio, son 62 kg. En la parte superior de la tabla, aquellos que tienen una media de peso más elevada, están los norteamericanos con 80,7 kg. de media. Justo en el extremo opuesto se sitúan los habitantes de Eritrea, Etiopía y Vietnam.
Sin embargo, y en contra de lo que habitualmente se piensa, un menor peso de la población no está relacionado con la pobreza. O al menos, no únicamente con ella. Otro de los factores que se han estudiado, el Índice de Masa Corporal (IMC) que relaciona la altura con el peso y la constitución física, muestra que Japón debería ser tomado como ejemplo. Se trata de un país con un nivel de vida alto, y muestra el IMC más adecuado de los países desarrollados.
LONDRES (Reuters) - Al menos una persona muere cada semana por disputas medioambientales en el mundo, a medida que la batalla por la tierra, los recursos naturales y los bosques se está volviendo más violenta, según un informe publicado el martes.
'Global Witness', un grupo defensor de los derechos humanos que investiga la explotación de los recursos naturales, dijo que al menos 106 personas murieron en el 2011, casi el doble de la cifra del 2009, en ataques y enfrentamientos en países ricos en recursos como Brasil, Indonesia y Perú.
Un total de 711 personas murieron entre el 2002 y el 2011 en este tipo de disputas, lo que se traduce en más de un deceso por semana, añadió la entidad, que además indicó que se impuso una cultura de impunidad en la que apenas hubo condenas.
"Es una paradoja bien conocida que muchos de los países más pobres del mundo son el hogar de los recursos que impulsan la economía mundial", dijo el informe."Ahora, como la carrera para tener acceso a estos recursos se intensifica, es la gente pobre y los activistas los que cada vez se encuentran más en la línea de fuego", añadió.
Los pactos sobre recursos naturales fueron acordados a menudo en secreto entre funcionarios, élites política y empresarial, según el informe, dejando a las personas de la tierra o de los bosques afectados sin ningún derecho o voz en el proceso.
Aquellos que intentaron hablar fueron castigados a menudo con violencia, desalojos forzosos o asesinatos.
"Los asesinatos tuvieron una gran variedad de formas, incluyendo enfrentamientos entre comunidades y fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muertes confirmadas, muertes bajo custodia, o asesinatos selectivos", señaló el reporte.
FEROZ COMPETENCIA POR LOS RECURSOS
Los países con el mayor número de asesinatos registrados fueron Brasil, Perú, Colombia y Filipinas, donde hubo más de un asesinato por semana, según Global Witness."Global Witness considera que estas tendencias son sintomáticas de una competencia cada vez más feroz por los recursos, con la consecuente brutalidad e injusticia" manifestó el escrito.
"La tierra y los bosques son usados para un rango de propósitos que incluyen la agricultura intensiva, la minería, las plantaciones, la tala de árboles, la expansión urbana y los proyectos de energía hidroeléctrica", indicó.En uno de los casos descritos en el informe, Eliezer "Boy" Billanes, líder de una comunidad en Filipinas que puso en marcha una campaña contra un proyecto de extracción de cobre y oro, fue asesinado por dos hombres sin identificar que conducían una motocicleta mientras compraba el periódico.
Su asesinato, en el 2009, tuvo lugar pocas semanas después de que él mismo informara de que estaba amenazado por las fuerzas militares de la zona.
En otro caso -en abril de este año- Chut Wutty, un activista por el medio ambiente de Camboya, fue asesinado por miembros de la Policía Militar Camboyana mientras llevaba a cabo un estudio de campo sobre la tala ilegal y la confiscación de tierras.
Global Witness dijo que la investigación del Gobierno sobre su muerte se abrió y cerró en tres años. No pudo hacer frente a cómo o por qué fue asesinado, al tiempo que prohibieron que nadie más investigara la venta masiva de recursos naturales del país, dijo el informe.
"Si este problema no se aborda de manera urgente, es probable que empeore, particularmente a medida que esperamos más inversiones en países con normas de derecho débiles", expresó Global Witness."Esto podría significar conflictos más violentos sobre los proyectos de inversión y disputas por la tenencia de la tierra, con consecuencias potencialmente trágicas", finalizó.
(Traducido en la Redacción de Madrid; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)
domingo, 9 de junio de 2013
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica
Acuerdo Transpacífico, otra amenaza para Internet
6 Julio, 2012 - 09:33Credito:
Julio Sánchez Onofre / El Economista
Con la aceptación de México en las negociaciones para ingresar al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), anunciada en junio pasado, se avecina una nueva amenaza para la libertad en Internet, advirtieron expertos.
El TPP es un tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Gracias a un documento filtrado el año pasado, se reveló que Estados Unidos busca la inclusión de una cláusula de protección de derechos de autor y propiedad intelectual para el bloque comercial que, de aprobarse, serían efectivas al término de las rondas de negociación a finales del 2012.
Esto implicaría regulaciones más severas que las propuestas en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés), un tratado que tanto el Senado mexicano como el parlamento de la Unión Europea, rechazaron en febrero y julio de este año, respectivamente, explicó Antonio Martínez Velázquez, activista y defensor de la autorregulación y libertad en Internet.
“El TPP, que está pugnando el secretario de Economía Bruno Ferrari en México, tiene implicaciones peores que ACTA y está relacionado con la propiedad intelectual y patentes con toda la costa del Pacífico”, advirtió en entrevista.
La falta de transparencia en las negociaciones del TPP, en las que se prohibió la presencia de observadores independientes, ha sido criticada por organizaciones internacionales como Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo defensor de los derechos digitales.
El TPP tendrá un capítulo de Propiedad Intelectual que tendrá un importante impacto en los derechos de los ciudadanos, en el futuro de la infraestructura global de Internet y la innovación alrededor del mundo (…) Como ACTA, el TPP es negociado rápidamente con poca transparencia”, sostiene el organismo.
Un análisis elaborado por Infojustice.org, proyecto del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la Escuela de Leyes de la American University Washington, explica que el TPP implica la modificación de legislaciones locales para armonizarlas con protocolos y convenciones impuestas por otros países para la “protección” de los derechos de autor.
Además endurece la criminalización y multas para los proveedores de Internet como Servicio (ISP, por su sigla en inglés) para identificar a los “infractores”, una medida contenida en la ley antipiratería Stop Online Piracy Act (SOPA) que el congreso estadounidense congeló a inicios del año tras una serie de protestas a nivel mundial.
De aprobarse estas cláusulas protectoras de la propiedad intelectual, así como el ingreso de México dentro del bloque comercial del Pacífico que sería definido este mismo año, el Senado tendría que ratificar la decisión, por lo que el destino de la libertad de Internet en el país estaría en manos de la legislatura entrante.
El congresista del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, Rodrigo Pérez-Alonso, manifestó estar a favor de la protección de la propiedad intelectual en Internet a base de multas a los “infractores”.
Pero consideró que lo principal será que la industria de contenidos adopte un modelo de negocio más flexible para encontrar un “equilibrio” entre la colaboración sin censurar la Internet.
Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, reconoció que la defensa de la libertad de Internet tendrá un camino largo en el próximo sexenio.
“Van a desarrollar iniciativas de muchas iniciativas como SOPA o PIPA que quedaron bloqueadas en el norteamericano. Habrá batallas fieras en el manejo de la información privada y la libertad de los usuarios de Internet; y el control de los medios y el propio poder político”, proyectó Castellón Fonseca.
El activista Martínez Velázaquez, dijo que el reto será seguir de cerca las negociaciones del TPP y establecer mesas de análisis que incluyan a la sociedad civil, academia, legisladores y defensores de los derechos humanos, como se hizo con ACTA en su momento, para garantizar la libertad digital.
“Tendremos que estar combatiendo constantemente este tipo de leyes y acuerdos, y pugnar por que haya grupos de trabajo como el que logramos establecer para ACTA, que son iniciativas que parten de una ignorancia porque los diputados no saben de estos temas”, concluyó.
julio.sanchez@eleconomista.mx
jueves, 30 de mayo de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
La lucha que emprendio Felipe Calderón
David T. Ellwood Dean,
Harvard Kennedy School
Scott M. Black Professor of Political Economy
david_ellwood@Harvard.Edu
Estimado Profesor Ellwood,
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar “la dignidad de otros” y por tomar en cuenta las “consecuencias que las políticas tienen en las personas”. En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la “responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales”. Dado que el expresidente de México Felipe Calderón es investigador asociado de la Kennedy School ¿qué tanto cumple con esos criterios? Hay aspectos que reconocerle a la gestión de Felipe Calderón (2006-2012).
Rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas y salvo algunas excepciones importantes tiene un historial razonable en libertad de expresión y acceso a la información. Como parte de la normalidad democrática el análisis de su gestión ya está haciéndose en las universidades. Lo que se discute intensamente es la responsabilidad que tuvo en la tragedia humanitaria causada por esa guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año, etcétera.
Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedentes debida, en parte, a decisiones tomadas por el expresidente Calderón quien, incluso, tiene dos denuncias ante la Corte Penal Internacional.
Sería injusto acusar a Felipe Calderón de haber ordenado la barbarie. Sí podemos asegurar que no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Por razones de espacio nos centraremos en la tragedia de los desaparecidos. Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre del 2012 es importante que “todos sepamos dónde está la gente que más sufre”.
La Procuraduría General de la República sí elaboró una lista de desaparecidos durante los seis años de Calderón, pero nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella también obtuvo de empleados de la PGR. Tiene los nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años y medio del gobierno de Felipe Calderón (www.propuestacivica.org.mx). El documento demuestra la poca prioridad que su administración le dio al asunto: las denuncias no fueron investigadas y los familiares no fueron informados.
El Estado mexicano ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de desaparición forzada (caso Rosendo Radilla): en ella se indica que existe la obligación de investigar la suerte de los desaparecidos e informar a los familiares. Además, el 20 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, hizo público su informe derivado de la misión que en marzo de ese mismo año realizó a México (A/HRC/19/58/Add.2). Ahí se describe con objetividad y mucho detalle la situación que se gestó durante la administración del presidente Calderón. No obstante el lenguaje diplomático que se acostumbra en este tipo de documentos, en ese informe se descubre la responsabilidad gubernamental, se enfatiza recurrentemente la participación de agentes del estado a nivel federal en las desapariciones y la ausencia de medidas para solucionar la situación. Señaladamente, el informe reprueba el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, por propiciar graves violaciones de derechos humanos, y recomienda su retiro paulatino pero en el corto plazo. El Gobierno de Calderón se limitó a ignorar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y las peticiones que organizaciones y académicos de México y el mundo hemos hecho. Por ello es que sostenemos que Felipe Calderón es presunto responsable de la violación de los derechos de al menos 25 mil víctimas de la desaparición forzada.
Profesor Ellwood, usted calificó al “presidente Calderón de ejemplo vivo de un servidor público dinámico y comprometido”. ¿Cómo puede usted sustentar dicha afirmación, cuando hay tanta evidencia en contra?. Felipe Calderón fue un presidente insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias. Franklin Delano Roosevelt justificó la Ley de Préstamos y Arriendos (marzo de 1941) para entregar equipo bélico y humanitario a los aliados amenazados por los países del Eje diciendo que se trata de “ayudar a apagar el fuego en la casa del vecino antes de que tu casa se incendie y termine hecha cenizas”. México se consume en una tragedia humanitaria ante la indiferencia de una parte de la sociedad estadunidense. Otra, por el contrario nos ha acompañado todo el tiempo y ha enjuagado nuestras lágrimas y restañado nuestras heridas.
En suma, profesor Ellwood, consideramos que la incorporación de Felipe Calderón como investigador visitante de la Kennedy School es un insulto a las víctimas de la violencia en México. Es por ello que le solicitamos respetuosa y formalmente que nos informe por escrito las razones que llevaron a la Kennedy School a incorporar a Felipe Calderón como integrante del Programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos del John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Con base en la información aquí presentada no cumple con los criterios éticos de esta institución.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad Sergio Aguayo
Profesor de El Colegio de México,
presidente de Propuesta Cívica
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/14-01-2013/490500. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido.
SINEMBARGO.MX
martes, 3 de julio de 2012
la batalla por la tierra
LONDRES (Reuters) - Al menos una persona muere cada semana por disputas medioambientales en el mundo, a medida que la batalla por la tierra, los recursos naturales y los bosques se está volviendo más violenta, según un informe publicado el martes.
'Global Witness', un grupo defensor de los derechos humanos que investiga la explotación de los recursos naturales, dijo que al menos 106 personas murieron en el 2011, casi el doble de la cifra del 2009, en ataques y enfrentamientos en países ricos en recursos como Brasil, Indonesia y Perú.
Un total de 711 personas murieron entre el 2002 y el 2011 en este tipo de disputas, lo que se traduce en más de un deceso por semana, añadió la entidad, que además indicó que se impuso una cultura de impunidad en la que apenas hubo condenas.
"Es una paradoja bien conocida que muchos de los países más pobres del mundo son el hogar de los recursos que impulsan la economía mundial", dijo el informe.
"Ahora, como la carrera para tener acceso a estos recursos se intensifica, es la gente pobre y los activistas los que cada vez se encuentran más en la línea de fuego", añadió.
Los pactos sobre recursos naturales fueron acordados a menudo en secreto entre funcionarios, élites política y empresarial, según el informe, dejando a las personas de la tierra o de los bosques afectados sin ningún derecho o voz en el proceso.
Aquellos que intentaron hablar fueron castigados a menudo con violencia, desalojos forzosos o asesinatos.
"Los asesinatos tuvieron una gran variedad de formas, incluyendo enfrentamientos entre comunidades y fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muertes confirmadas, muertes bajo custodia, o asesinatos selectivos", señaló el reporte.
Los países con el mayor número de asesinatos registrados fueron Brasil, Perú, Colombia y Filipinas, donde hubo más de un asesinato por semana, según Global Witness.
"Global Witness considera que estas tendencias son sintomáticas de una competencia cada vez más feroz por los recursos, con la consecuente brutalidad e injusticia" manifestó el escrito.
"La tierra y los bosques son usados para un rango de propósitos que incluyen la agricultura intensiva, la minería, las plantaciones, la tala de árboles, la expansión urbana y los proyectos de energía hidroeléctrica", indicó.
En uno de los casos descritos en el informe, Eliezer "Boy" Billanes, líder de una comunidad en Filipinas que puso en marcha una campaña contra un proyecto de extracción de cobre y oro, fue asesinado por dos hombres sin identificar que conducían una motocicleta mientras compraba el periódico.
Su asesinato, en el 2009, tuvo lugar pocas semanas después de que él mismo informara de que estaba amenazado por las fuerzas militares de la zona.
En otro caso -en abril de este año- Chut Wutty, un activista por el medio ambiente de Camboya, fue asesinado por miembros de la Policía Militar Camboyana mientras llevaba a cabo un estudio de campo sobre la tala ilegal y la confiscación de tierras.
Global Witness dijo que la investigación del Gobierno sobre su muerte se abrió y cerró en tres años. No pudo hacer frente a cómo o por qué fue asesinado, al tiempo que prohibieron que nadie más investigara la venta masiva de recursos naturales del país, dijo el informe.
"Si este problema no se aborda de manera urgente, es probable que empeore, particularmente a medida que esperamos más inversiones en países con normas de derecho débiles", expresó Global Witness.
"Esto podría significar conflictos más violentos sobre los proyectos de inversión y disputas por la tenencia de la tierra, con consecuencias potencialmente trágicas", finalizó.
(Traducido en la Redacción de Madrid; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)
'Global Witness', un grupo defensor de los derechos humanos que investiga la explotación de los recursos naturales, dijo que al menos 106 personas murieron en el 2011, casi el doble de la cifra del 2009, en ataques y enfrentamientos en países ricos en recursos como Brasil, Indonesia y Perú.
Un total de 711 personas murieron entre el 2002 y el 2011 en este tipo de disputas, lo que se traduce en más de un deceso por semana, añadió la entidad, que además indicó que se impuso una cultura de impunidad en la que apenas hubo condenas.
"Es una paradoja bien conocida que muchos de los países más pobres del mundo son el hogar de los recursos que impulsan la economía mundial", dijo el informe.
"Ahora, como la carrera para tener acceso a estos recursos se intensifica, es la gente pobre y los activistas los que cada vez se encuentran más en la línea de fuego", añadió.
Los pactos sobre recursos naturales fueron acordados a menudo en secreto entre funcionarios, élites política y empresarial, según el informe, dejando a las personas de la tierra o de los bosques afectados sin ningún derecho o voz en el proceso.
Aquellos que intentaron hablar fueron castigados a menudo con violencia, desalojos forzosos o asesinatos.
"Los asesinatos tuvieron una gran variedad de formas, incluyendo enfrentamientos entre comunidades y fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muertes confirmadas, muertes bajo custodia, o asesinatos selectivos", señaló el reporte.
FEROZ COMPETENCIA POR LOS RECURSOS
Los países con el mayor número de asesinatos registrados fueron Brasil, Perú, Colombia y Filipinas, donde hubo más de un asesinato por semana, según Global Witness.
"Global Witness considera que estas tendencias son sintomáticas de una competencia cada vez más feroz por los recursos, con la consecuente brutalidad e injusticia" manifestó el escrito.
"La tierra y los bosques son usados para un rango de propósitos que incluyen la agricultura intensiva, la minería, las plantaciones, la tala de árboles, la expansión urbana y los proyectos de energía hidroeléctrica", indicó.
En uno de los casos descritos en el informe, Eliezer "Boy" Billanes, líder de una comunidad en Filipinas que puso en marcha una campaña contra un proyecto de extracción de cobre y oro, fue asesinado por dos hombres sin identificar que conducían una motocicleta mientras compraba el periódico.
Su asesinato, en el 2009, tuvo lugar pocas semanas después de que él mismo informara de que estaba amenazado por las fuerzas militares de la zona.
En otro caso -en abril de este año- Chut Wutty, un activista por el medio ambiente de Camboya, fue asesinado por miembros de la Policía Militar Camboyana mientras llevaba a cabo un estudio de campo sobre la tala ilegal y la confiscación de tierras.
Global Witness dijo que la investigación del Gobierno sobre su muerte se abrió y cerró en tres años. No pudo hacer frente a cómo o por qué fue asesinado, al tiempo que prohibieron que nadie más investigara la venta masiva de recursos naturales del país, dijo el informe.
"Si este problema no se aborda de manera urgente, es probable que empeore, particularmente a medida que esperamos más inversiones en países con normas de derecho débiles", expresó Global Witness.
"Esto podría significar conflictos más violentos sobre los proyectos de inversión y disputas por la tenencia de la tierra, con consecuencias potencialmente trágicas", finalizó.
(Traducido en la Redacción de Madrid; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)
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