Al finalizar el gobierno de Felipe Calderón se contablizaron 83,000 asesinatos relacionados con el crimen organizado. en los primerso seis meses del de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó 13,800.
La delincuencia organizada no es un fenomeno imposibel de evitar, ni siquera en México. ¿Qué hacer?¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos irresolutos?
El común denominador de paises fallidos es:
- sistemas judiciales colapsados,
- impunidad ante la corrupción,
- sistemas de control patrimonial fallidos,
- nulos sistemas de prevención social de los delitos.
En México se violan sistemáticamente 44 de los 58 derechos humanos incluidos en tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el gobierno federal ha firmado, aseguró Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC.
“Entre 70 y 80 por ciento de los expedientes que examinamos poseen detenciones sin motivación legal adecuada, detenciones donde no se leen derechos a los acusados; hay torturas y demás violaciones a los derechos humanos fundamentales”, dijo el experto durante su participación en el Segundo Encuentro de la Red por una Cultura de Paz, que se llevó a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
De acuerdo con una nota de El Universal, Buscaglia precisó que después de que su equipo analizó expedientes judiciales, concluyeron que en México se violan sistemáticamente 44 derechos humanos. “Esto no es una encuesta de percepciones, es un examen de expedientes judiciales”, dijo.
Agregó que los 44 derechos humanos están plasmados en las convenciones que México ha ratificado.
“El 90 por ciento de los casos que resuelve el FBI, son resueltos por colaboración ciudadana que no necesita recompensas. El ciudadano colabora con su Estado, porque ve a su Estado legítimo, y cuando ve que su Estado viola los derechos humanos, no colabora, y no puede combatir no sólo la delincuencia organizada, no puede combatir el robo de vehículos. Eso es algo que se tiene que corregir”, explicó.
La nota de El Universal agrega que no sólo se respetan los derechos humanos por una razón ético-jurídica; “se respetan porque si no el Estado deja de existir, se fragmenta, y ocurren situaciones como los 35 cuerpos arrojados en la calle en Veracruz o la tragedia en el casino Royale de Monterrey.
Para Buscaglia, la debilidad del Estado es un factor causal del tipo de violencia en México.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dedicado a fortalecer el tema de prevención social y de aspectos ligados a la capacitación para jóvenes —positivo en el discurso—, pero no ha dicho cuáles son las acciones concretas para lograrlo, considera el experto en seguridad Edgardo Buscaglia, en entrevista con Carmen Aristegui, en CNN en Español.
Buscaglia considera importante tener acciones en cuatro áreas de políticas públicas como un sistema judicial efectivo, desmantelamiento patrimonial en materia no penal, ataque a la corrupción política —operativa administrativa— y prevención social del delito, “en donde estas acciones sean temporalmente definidas, así como sus objetivos”.
Sin embargo, dice el especialista, las acciones y propuestas en el tema de la corrupción no están definidas, “la concentración de poder está en dos secretarias: Hacienda y Gobernación, y que pueden imponer premios y castigos a los actores políticos que quiera seguir operando bajo la corrupción”, afirma el experto en seguridad.
La clase política mexicana es una “clase política fallida” que no ha logrado llegar a acuerdos fundamentales de gran envergadura que introduzcan los cuatro controles básicos para contener a los grupos criminales y que ya se aplican en todos los países, opinó el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el experto en asuntos de seguridad, destacó que por la falta de estos controles, la deuda pública del Estado mexicano puede “estarse usando como un mecanismo de lavado de dinero”, a pesar de ello, el país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas, lo que quedó demostrado con la resolución del Tribunal Electoral al declarar infundadas acusaciones de este tipo en contra de la campaña presidencial del PRI.
“Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México, las políticas han sido fallidas; se necesita cooperación internacional más elevada”, dijo Buscaglia.
A su juicio, en México, la presencia de la delincuencia organizada dentro y fuera de la Policía Federal implica un conflicto armado, lo cual, convierte el tema de combate al crimen organizado en México en un asunto complejo como no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Insistió en la necesidad de implementar cuatro tipos de medidas para frenar la penetración de la delincuencia organizada: la implementación de un sistema judicial que vaya de la mano con un esquema penitenciario capaz de generar sentencias; desmantelar las redes de movimientos financieros del crimen organizado, ya que actualmente México es el país número 12 a nivel mundial en movimiento de recursos ilícitos; implementar procesos de indagación patrimonial y, por último, la creación de una política social que dé oportunidades laborales a los jóvenes.
Aun cuando las
Fuerzas Armadas en México están disminuyendo su escala de intervención en tareas de seguridad, en los hechos su actuación es similar a la que tuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón, “al cubrir vacíos dejados por las autoridades civiles, que aún no logran establecer cómo fortalecer las cuatro capacidades básicas de control de cualquier Estado del planeta”.
Así lo afirmó
Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, quien durante varios años ha investigado y dado seguimiento a la realidad de la seguridad en México, y quien durante el sexenio anterior alertó sobre la errónea política de seguridad, el desgaste de la imagen del Ejército y la posible aparición de grupos paramilitares que hoy son una realidad.
En entrevista, explicó que esta situación política conduce a una impotencia de las Fuerzas Armadas, así como a un mayor nivel de exposición de éstas.
El experto consideró que el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en diversos territorios del país, en el combate a la delincuencia organizada, las expone cada vez más a ser “blanco” de denuncias nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos, mientras que la elite política y económica continúa lucrando enormemente con la ausencia de los cuatro tipos de control —judiciales, patrimoniales, legislativos y sociales— que debe ejercer un Estado.
“El Ejército y la Marina se enfrentan así, con impotencia, ante un dique político insuperable que atenta contra su función esencial de seguridad nacional, ya que el enemigo es el mismo sistema político que los enmarca y que debilita al Estado mexicano”, sostuvo el experto.
Desde el inicio del actual sexenio se manejó un bajo perfil mediático para las operaciones de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico y del crimen organizado en el país, pero se mantuvo la colaboración en entrenamiento e inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, dijo.
“Por más sofisticada y enormemente costosa que sea la cortina mediática nacional e internacional, estos cuatro vacíos del Estado continúan alimentando el conflicto armado mexicano y promoviendo que estos vacíos de Estado sean cubiertos por actores mafiosos estatales y no estatales que se disputan los poderes políticos locales y en entidades federativas”.
En el actual sexenio, las Fuerzas Armadas han tenido que acudir a municipios donde grupos de autodefensa han surgido, desarmando a las policías municipales o bloqueando accesos carreteros e incluso reteniendo a militares, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán.
Paramilitares a la mexicana
“Los paramilitares mexicanos, no como consecuencia de una guerrilla de izquierda, surgen como el mecanismo derivado de los vacíos: de la debilidad de los Estados y de la falta de Estado en algunas zonas del país. Es otro tipo de raíz que tiene el paramilitarismo mexicano”, explicó el experto.
Estos grupos —agregó— “limpian extrajudicialmente, fuera del Estado de derecho, una región de grupos adversarios, sean políticos, criminales o de la zona. Eso es lo que básicamente está proliferando en el país, ya sea pagado por empresarios o basados en la organización de los propios pobladores, de los ciudadanos”.
En 2012, en México había 167 grupos relacionados con “vigilantismo”, incluyendo paramilitares, que se crearon para defenderse de la inseguridad y de la violencia que se registra en el país, lo que implica una clara señal de un Estado débil, comentó Buscaglia, quien también es presidente del Instituto de Acción Ciudadana.
“Es una señal del Estado débil. En todos los países donde este tipo de grupos surge es un indicador claro y sintomático de la debilidad del Estado. La cifra que presentamos muestra que son una realidad y aún falta por integrar grupos más pequeños”, destacó.
Al respecto, Buscaglia indicó que es una reacción natural de una población y de empresarios que se sienten indefensos, pero el problema es que al final este tipo de grupos termina afectando sus propios ámbitos sociales porque generan más violencia y deterioran aún más el aspecto criminológico.
La policía comunitaria, explicó el catedrático, es diferente, porque es un mecanismo que funciona como prevención del delito, genuino, ciudadano, que utiliza vías legítimas de resolución de disputas, no es ofensiva, no utiliza armas largas, no tiene rangos militares y surge como una demanda de una pequeña población que se ve amenazada.
En
Vacíos de poder en México, libro provocador como pocos, el prestigioso analista Edgardo Buscaglia aborda de frente la actual crisis de seguridad y sus manifestaciones de violencia extrema. El autor comienza realizando un detallado diagnóstico de las fallas regulatorias que existen en nuestro país, caracterizado por "una economía formal de plutócratas, disfrazada de economía de mercado, que fomenta el espacio ideal para la captura del tejido social por parte de empresas criminales."
En ese contexto, Buscaglia subraya que la delincuencia organizada es un fenómeno social económico y no un fenómeno militar que pueda erradicarse por medio de la represión, dejando claro que los problemas que han amenazado al Estado mexicano -acentuados desde el sexenio de Felipe Calderón- necesitan abordarse más allá de una perspectiva policial o judicial.
Para combatir la delincuencia organizada se require una nueva arquitectura institucional de Estado con capacidades de controles preventivos que gocen del apoyo de sus ciudadanos. En esa medida ,advierte el autor, los acuerdos políticos sin base social de consenso, como el "espejismo del Pacto por México", nunca compensarán la ausencia de controles. Parafortalecer la seguridad humana y dar lugar a un Estado de desarrollo económico y social, es preciso pasar del mero discurso a la instrumentación efectiva.¿Cómo? En esta obra se hallan varias respuestas a tales cuestiones inaplazables.
01 de febrero de 2014•14:13 • actualizado a las 17:54
Monterrey.- Un hombre fue ejecutado y otro más resultó lesionado en un atentado perpetrado por un solitario pistolero, en hechos ocurridos durante la noche del viernes en el primer cuadro de Monterrey.
Una ironía del destino, el cuerpo inerte del hombre de alrededor de 40 años quedó a las afueras del negocio denominado "El Charco de las Ranas"; cuyo propietario así nombró en recuerdo de aquel lugar del Distrito Federal donde fue ejecutado el conductor y comediante Francisco "Paco" Stanley, también a manos de pistoleros al servicio de la delincuencia.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Servicio Médico Forense se dieron cita en el lugar, vestidos como si fueran a filmar una película de Steven Spielberg sobre una pandemia mundial. Más de ocho elementos con guantes y pinzas, revisando cono precisión milimétrica y exquisito detalle la escena del crimen, en un calle sucia a cielo abierto y con alto tráfico peatonal. La faramalla un signo inequívoco y patente de que el crimen quedara impune.
El ataque a balazos fue reportado al filo de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Colón y Jiménez, de la colonia Sarabia, uno de los sectores más conflictivos del primer cuadro de la ciudad, debido a la proliferación de giros negros y la presencia de comercio informal, que sirve como fachada a narcomenudistas.
De acuerdo con la versión de testigos -decenas de personas transitaban en ese momento debido a la proximidad con la estación del Metro Cuauhtémoc- la víctima caminaba por la acera cuando fue abordado por un pistolero, quien sacó su arma para ultimarlo.
El occiso trató de evadirse corriendo unos metros, pero las balas fueron más rápidas e hicieron blanco en su humanidad, desplomándose frente al negocio antes mencionado y a unos pasos del sitio donde fuese ejecutado un taquero en diciembre del 2012.
En la ejecución resultó lesionado una persona identificada como Juan Carlos de León, quien tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino entre víctima y victimario, ya que se encontraba con su familia en el exterior de una tienda Oxxo a escasos metros de la ejecución, siendo herido por uno de los proyectiles por lo que recibió atención de urgencia y fue trasladado al Hospital Universitario, donde se reporta su estado de salud como estable.
Los testigos ofrecieron una descripción del delincuente como un joven con el cabello a rapa, con vestimenta tipo pandillero, quien se presume habría descendido de un vehículo de alquiler, ya que la mayoría coincide en haberlo visto abordando un vehículo tipo taxi para huir de la escena por la avenida Colón.
La zona fue sitiada por autoridades Ministerial, Fuerza Civil y Policía de Monterrey, los cuales hicieron un rastreo de la zona no logrando ubicar al vehículo y al agresor.
Peritos advirtieron las huellas de los proyectiles en el cuerpo de la víctima, pero no lograron ubicar cartuchos percutidos por lo que presumen que el atacante utilizó un revólver para cometer el homicidio.
El cuerpo aún no ha sido reclamado en el Servicio Médico Forense, quienes se encuentran a la expectativa para la identificación de la víctima.
