La excarcelación de la actriz iraní condenada a 90 latigazos y a un año de prisión por aparecer en una película prohibida pone de relieve la necesidad de poner en libertad a otros cineastas detenidos en Irán, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Marzieh Vafamehr, detenida tras protagonizar la película australiana My Tehran for Sale, fue puesta en libertad el lunes por la noche. La actriz aparece en una escena de la película sin el pañuelo para la cabeza que deben llevar las mujeres iraníes y en otra parece estar bebiendo alcohol.
Al parecer, la actriz fue excarcelada después de que un tribunal de apelación redujera la pena de prisión a tres meses y anulase la condena a flagelación.
“En los últimos meses se ha perseguido en Irán a un número creciente de cineastas y actores. Aunque la excarcelación de Marzieh Vafamehr es un hecho positivo, resulta muy preocupante que tres cineastas sigan recluidos en la prisión de Evin de Teherán”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El hecho de que continúen en prisión ilustra los desesperados esfuerzos de las autoridades iraníes por reprimir cualquier forma de disidencia. Estas personas no han hecho nada salvo vender sus documentales a una emisora extranjera de televisión o filmar una película sobre un director prohibido. Deben ser puestas en libertad inmediata e incondicionalmente”, añadió.
El 17 de septiembre de 2011 fueron detenidos tres directores de documentales —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— y el productor y distribuidor Katayoun Shahabi. Se cree que los cuatro han vendido sus películas a diversas emisoras de televisión, incluido el servicio persa de la BBC.
Las autoridades iraníes afirman que los cineastas no pueden colaborar con canales de televisión por satélite extranjeros sin autorización.
La colaboración con la BBC o la Voz de América es especialmente problemática. El jefe de la policía Esmail Ahmadi-Moghaddam ha declarado recientemente que equivalía a trabajar con servicios de seguridad enemigos y que sería tratado “con seriedad”.
Tres de los detenidos —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— salieron posteriormente en libertad bajo fianza, pero se cree que Katayoun Shahabi sigue en prisión.
Al parecer, también fue detenido en septiembre otro director de cine, Mehran Zinatbakhsh, recluido actualmente en la prisión de Evin. Se desconocen los cargos concretos formulados contra él.
El director de documentales Mojtaba Mir Tahmasb sigue asimismo en prisión desde que fue detenido el 17 de septiembre de 2011 tras hacer el documental This is Not a Film, sobre la vida del director de cine prohibido Jafar Panahi.
Panahi fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2010, tras ser declarado culpable de “actuar contra la seguridad del Estado” y de “propaganda contra el sistema”. Además, se le prohibió viajar al extranjero y hablar con los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Otro director de fama internacional, Mohammad Rasoulof, fue condenado a seis años de prisión al mismo tiempo que Panahi, por delitos similares. Tras la apelación, se le redujo la pena a un año de cárcel. La prohibición de viajar fue levantada en mayo de este año.
Tanto Panahi como Rasoulof siguen en libertad en espera de cumplir sus condenas.
Amnistía Internacional considera a todos estos cineastas presos de conciencia, detenidos sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en su trabajo.
El derecho a la libertad de expresión incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
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viernes, 28 de octubre de 2011
jueves, 13 de octubre de 2011
SOLO BUSCAN PRETEXTOS
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WASHINGTON (apro).- El gobierno de Barack Obama aclaró ante el Capitolio que no cuenta con “datos duros” para demostrar que grupos terroristas tengan contacto o busquen relacionarse con los cárteles del narcotráfico en México.
“Desconozco cualquier evidencia dura, he visto reportes, escuchado rumores en el mismo sentido que usted, pero no puedo hablar de un caso específico del cual pueda garantizar su certeza”, declaró William Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley.
WASHINGTON (apro).- El gobierno de Barack Obama aclaró ante el Capitolio que no cuenta con “datos duros” para demostrar que grupos terroristas tengan contacto o busquen relacionarse con los cárteles del narcotráfico en México.
“Desconozco cualquier evidencia dura, he visto reportes, escuchado rumores en el mismo sentido que usted, pero no puedo hablar de un caso específico del cual pueda garantizar su certeza”, declaró William Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley.
miércoles, 12 de octubre de 2011
acusación por parte de Estados Unidos al Gobierno de Irán
Nueva York, EU.- La acusación por parte de Estados Unidos al Gobierno de Irán de planear un atentado contra las Embajadas de Arabia Saudí y de Israel en Washington, y el asesinato del Embajador saudí en el país, un complot para el que los iraníes buscaron el apoyo de narcos en México, reavivó las preocupaciones respecto de la seguridad en la frontera.
Representantes republicanos en el Congreso de Estados Unidos advirtieron sobre el probable vínculo del Gobierno de Irán con el crimen organizado en México, una advertencia que seguramente repercutirá en el discurso político sobre el vínculo entre el País y Estados Unidos en el camino hacia las elecciones presidenciales del año próximo.
"Las noticias de hoy ilustran la campaña activa de Irán para asociarse con grupos extremistas, narcotraficantes, y otros grupos que operan fuera de la ley", advirtió en un comunicado la presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, la republicana Ileana Ros-Lehtinen.
El plan, que comenzó a cobrar forma en mayo último, terminó de ser desbaratado en las últimas semanas por las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con el Gobierno de México, luego de una investigación que ya derivó en una causa judicial contra dos iraníes en un tribunal de Nueva York.
Ambos individuos fueron acusados de cinco delitos, entre los que sobresalen los de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero; para cometer un acto de terrorismo, y para utilizar una arma de destrucción masiva.
Uno de ellos, Manssor Arbabsiar, es un ciudadano estadounidense de 56 años, posee pasaporte de Estados Unidos y de Irán, y fue apresado a fines de septiembre último en el aeropuerto internacional JFK. Este martes se presentó por primera vez ante un tribunal, y luego permaneció bajo custodia, sin fianza.
El otro acusado, Gholam Shakuri, que está libre, es un miembro de la Fuerza Quds, la unidad especial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a la que se acusa de promover y apoyar el terrorismo.
Uno de los elementos cruciales en la desarticulación del atentado fue la tarea de un informante de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, según sus siglas en inglés), que se hizo pasar por un socio de un cártel mexicano de drogas -según trascendió, Los Zetas- y se reunió en varias ocasiones con Arbabsiar, en México. Esto, cuando menos, marca que Teherán busca el apoyo del crimen organizado en la región.
La agencia oficial de noticias iraní acusó al Gobierno estadounidense de lanzar una nueva "campaña de propaganda" contra Irán. Un colaborador cercano al Presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, acusó a la Casa Blanca de querer distraer a los estadounidenses.
"Quieren sacar la mente del público de los serios problemas que enfrentan y asustarlos con problemas fabricados", dijo Ali Akbar Javanfekr.
Mientras la investigación continúa, comienzan a tejerse las especulaciones sobre las consecuencias del fallido atentado.
La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos discutiría con sus aliados cómo podrían enviar un mensaje muy fuerte para indicar que este tipo de acciones debe terminar.
Del otro lado del espectro político, el congresista Michael McCaul, republicano de Texas, y presidente del Subcomité de Investigaciones de Seguridad Doméstica de la Cámara de Representantes, lanzó una advertencia.
"Si esto fue efectivamente un acto impulsado por el Gobierno, entonces constituiría un acto de guerra, no sólo contra los saudíes y los israelíes, sino también contra Estados Unidos", señaló.
"Sigo buscando una estrategia para asegurar la frontera y utilizar todas las herramientas disponibles para detener el avance de los cárteles de la droga mexicanos dentro de Estados Unidos".
Representantes republicanos en el Congreso de Estados Unidos advirtieron sobre el probable vínculo del Gobierno de Irán con el crimen organizado en México, una advertencia que seguramente repercutirá en el discurso político sobre el vínculo entre el País y Estados Unidos en el camino hacia las elecciones presidenciales del año próximo.
"Las noticias de hoy ilustran la campaña activa de Irán para asociarse con grupos extremistas, narcotraficantes, y otros grupos que operan fuera de la ley", advirtió en un comunicado la presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, la republicana Ileana Ros-Lehtinen.
El plan, que comenzó a cobrar forma en mayo último, terminó de ser desbaratado en las últimas semanas por las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con el Gobierno de México, luego de una investigación que ya derivó en una causa judicial contra dos iraníes en un tribunal de Nueva York.
Ambos individuos fueron acusados de cinco delitos, entre los que sobresalen los de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero; para cometer un acto de terrorismo, y para utilizar una arma de destrucción masiva.
Uno de ellos, Manssor Arbabsiar, es un ciudadano estadounidense de 56 años, posee pasaporte de Estados Unidos y de Irán, y fue apresado a fines de septiembre último en el aeropuerto internacional JFK. Este martes se presentó por primera vez ante un tribunal, y luego permaneció bajo custodia, sin fianza.
El otro acusado, Gholam Shakuri, que está libre, es un miembro de la Fuerza Quds, la unidad especial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a la que se acusa de promover y apoyar el terrorismo.
Uno de los elementos cruciales en la desarticulación del atentado fue la tarea de un informante de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, según sus siglas en inglés), que se hizo pasar por un socio de un cártel mexicano de drogas -según trascendió, Los Zetas- y se reunió en varias ocasiones con Arbabsiar, en México. Esto, cuando menos, marca que Teherán busca el apoyo del crimen organizado en la región.
La agencia oficial de noticias iraní acusó al Gobierno estadounidense de lanzar una nueva "campaña de propaganda" contra Irán. Un colaborador cercano al Presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, acusó a la Casa Blanca de querer distraer a los estadounidenses.
"Quieren sacar la mente del público de los serios problemas que enfrentan y asustarlos con problemas fabricados", dijo Ali Akbar Javanfekr.
Mientras la investigación continúa, comienzan a tejerse las especulaciones sobre las consecuencias del fallido atentado.
La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos discutiría con sus aliados cómo podrían enviar un mensaje muy fuerte para indicar que este tipo de acciones debe terminar.
Del otro lado del espectro político, el congresista Michael McCaul, republicano de Texas, y presidente del Subcomité de Investigaciones de Seguridad Doméstica de la Cámara de Representantes, lanzó una advertencia.
"Si esto fue efectivamente un acto impulsado por el Gobierno, entonces constituiría un acto de guerra, no sólo contra los saudíes y los israelíes, sino también contra Estados Unidos", señaló.
"Sigo buscando una estrategia para asegurar la frontera y utilizar todas las herramientas disponibles para detener el avance de los cárteles de la droga mexicanos dentro de Estados Unidos".
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