Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.
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lunes, 20 de abril de 2015
viernes, 31 de octubre de 2014
Alejandro Solalinde regresa a México
El próximo 9 de julio el sacerdote Alejandro Solalinde regresa a México. La situación que dejó y a la que volverá, no ha cambiado sustantivamente y continúa significando un alto riesgo para su integridad y para la continuación de sus importantes labores en defensa de las y los migrantes irregulares en México.
Preocupados y ocupados del retorno del padre Solalinde, integrantes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de Brigadas Internacionales de Paz, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de Amnistía Internacional, sostendrán reuniones con la Procuradora General de la República y con el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Durante estas reuniones se dialogará sobre el necesario reforzamiento de las medidas de seguridad por parte del gobierno federal para el padre, su equipo y las y los migrantes que alberga. De igual forma, se solicitará información específica del avance en las investigaciones por parte de la PGR sobre las amenazas que recibió el padre Solalinde durante el mes de mayo de 2012.
“Hoy más que nunca, Amnistía Internacional permanece vigilante de la seguridad del padre Solalinde y del albergue que dirige, recordando a las autoridades federales y del estado de Oaxaca que es su obligación garantizar su seguridad”, concluyó Herrera.
Pocos días antes, el cuerpo de un joven local había sido encontrado junto en las cercanías de las vías del tren. Cuando estaba teniendo lugar el funeral del joven asesinado dos personas se aproximaron a Solalinde con la aparente intención de atacarlo pero familiares del joven les impidieron el paso. Al día siguiente Solalinde fue informado de que una persona había sido contratada para asesinarlo.
Súmate a nuestra petición para exigir una adecuada protección para Solalinde y la pronta e imparcial investigación del asesinato del joven migrante.![actúa ya]()
Preocupados y ocupados del retorno del padre Solalinde, integrantes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de Brigadas Internacionales de Paz, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de Amnistía Internacional, sostendrán reuniones con la Procuradora General de la República y con el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Durante estas reuniones se dialogará sobre el necesario reforzamiento de las medidas de seguridad por parte del gobierno federal para el padre, su equipo y las y los migrantes que alberga. De igual forma, se solicitará información específica del avance en las investigaciones por parte de la PGR sobre las amenazas que recibió el padre Solalinde durante el mes de mayo de 2012.
“Las autoridades mexicanas deben concluir las investigaciones que han iniciado en relación a las amenazas de muerte en contra del padre Solalinde y consignar a los responsables; de lo contrario, estarán enviando un lamentable mensaje a los perpetradores en el sentido de que estás prácticas pueden ocurrir en México sin consecuencias”, ha dicho hoy Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.Asimismo, el padre Solalinde junto con la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional sostendrán una reunión con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, así como con el Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López.
“Hoy más que nunca, Amnistía Internacional permanece vigilante de la seguridad del padre Solalinde y del albergue que dirige, recordando a las autoridades federales y del estado de Oaxaca que es su obligación garantizar su seguridad”, concluyó Herrera.
Estimada/estimado activista:
Alejandro Solalinde Guerra, un sacerdote que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de migrantes en Oaxaca ha sido recientemente amenazado de muerte. El domingo 15 de abril Solalinde fue amenazado de muerte e insultado verbalmente, mientras se disponía a recibir a un grupo de 1,500 migrantes qué llegaban a bordo del tren y los dirigía hacia el albergue que el coordina.Pocos días antes, el cuerpo de un joven local había sido encontrado junto en las cercanías de las vías del tren. Cuando estaba teniendo lugar el funeral del joven asesinado dos personas se aproximaron a Solalinde con la aparente intención de atacarlo pero familiares del joven les impidieron el paso. Al día siguiente Solalinde fue informado de que una persona había sido contratada para asesinarlo.
Súmate a nuestra petición para exigir una adecuada protección para Solalinde y la pronta e imparcial investigación del asesinato del joven migrante.
domingo, 31 de agosto de 2014
Han muerto cumpliendo. ¡No lo permitas!
A’ed Al-Bor’i murió en Gaza alcanzado por un proyectil del ejército de Israel. Mohammad Al-Abadlah murió alcanzado por disparos israelíes.
Son dos de los más de 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias que han muerto cumpliendo con su trabajo.
Exige hoy que dejen de atacar a personal médico y hospitales
En Gaza, ningún lugar es seguro. Ni siquiera las ambulancias ni los hospitales. Desde que las fuerzas israelíes empezaron la ofensiva terrestre el 17 de julio, entre otras atrocidades, los ataques a centros médicos han crecido de forma preocupante. Y esto es inaceptable, podría ser una violación grave del Convenio de Ginebra y un crimen de guerra.
Estos ataques ponen en peligro la vida del personal médico y de las personas heridas de gravedad, que pueden morir si no son trasladadas con urgencia a hospitales fuera de Gaza. ¡No lo permitas!
El Primer Ministro de Israel sabe lo que está ocurriendo y puede ponerle fin. Firma esta carta urgentemente, exigiéndole que dé órdenes claras a los soldados israelíes: que no ataquen a los hospitales, las ambulancias, los pacientes y el personal médico y de urgencias.
Gracias por no olvidar a las víctimas de Gaza.
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española
Son dos de los más de 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias que han muerto cumpliendo con su trabajo.
Exige hoy que dejen de atacar a personal médico y hospitales
En Gaza, ningún lugar es seguro. Ni siquiera las ambulancias ni los hospitales. Desde que las fuerzas israelíes empezaron la ofensiva terrestre el 17 de julio, entre otras atrocidades, los ataques a centros médicos han crecido de forma preocupante. Y esto es inaceptable, podría ser una violación grave del Convenio de Ginebra y un crimen de guerra.
Estos ataques ponen en peligro la vida del personal médico y de las personas heridas de gravedad, que pueden morir si no son trasladadas con urgencia a hospitales fuera de Gaza. ¡No lo permitas!
El Primer Ministro de Israel sabe lo que está ocurriendo y puede ponerle fin. Firma esta carta urgentemente, exigiéndole que dé órdenes claras a los soldados israelíes: que no ataquen a los hospitales, las ambulancias, los pacientes y el personal médico y de urgencias.
Gracias por no olvidar a las víctimas de Gaza.
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española
Uploaded on May 13, 2011
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE PALESTINOS E ISRAELÍES?
¿Será verdad que los palestinos son unos terroristas desalmados sedientos de sangre atacando despiadadamente a los inocentes judíos sionistas de Israel? ¿Tiene Israel derecho a existir? Sí es así ¿Tiene derecho, Israel y la Organización de Naciones Unidas que mediante la resolución 181 aprobó la partición de Palestina en dos estados, de expulsar de su tierra a 4,5 millones de refugiados palestinos desplazados en 1948? Ahora esos refugiados suman en forma absoluta unos 5 millones. ¡Más de un 1000 000 de esos refugiados palestinos viven en campamentos para refugiados desde hace 50 años!
domingo, 20 de octubre de 2013
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas
Organización Editorial Mexicana
27 de marzo de 2012
OEM en línea
Ciudad de México.- Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo, entre los que destaca México, quien sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, indica Amnistía Internacional, en un comunicado.
Señaló que la proliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.
En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas de Estados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.
Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.
La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.
A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo.
Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña "No más armas para atrocidades", en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.
MÉXICO, UNO DE LOS AFECTADOS
México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.
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Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.
Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.
UN MILLÓN DE FIRMAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO DE ARMAS
¿Sabías que en el Perú hay 131 tiendas de armas y solo 43 salas de cine?
¿O que el 48% de los homicidios se cometen con armas de fuego?
¿O que 180 000 armas de fuego circulan sin control?
Esta es solo alguna de la información que puede encontrarse en el nuevo sitio web de la campaña para detener el comercio de armas que lanza hoy Amnistía Internacional: www.amnistia.org.pe/armas
El comercio descontrolado de armas provoca que, cada año, millones de personas resulten muertas, heridas, violadas o se vean obligadas a huir de sus hogares. En julio de 2012 se debate en la ONU un importantísimo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Debe ser un Tratado sólido que salve vidas. Un Tratado a prueba de balas.
27 de marzo de 2012
OEM en línea
Ciudad de México.- Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo, entre los que destaca México, quien sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, indica Amnistía Internacional, en un comunicado.
Señaló que la proliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.
En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas de Estados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.
Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.
La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.
A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo.
Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña "No más armas para atrocidades", en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.
MÉXICO, UNO DE LOS AFECTADOS
México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.
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Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.
Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.
UN MILLÓN DE FIRMAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO DE ARMAS
¿Sabías que en el Perú hay 131 tiendas de armas y solo 43 salas de cine?
¿O que el 48% de los homicidios se cometen con armas de fuego?
¿O que 180 000 armas de fuego circulan sin control?
Esta es solo alguna de la información que puede encontrarse en el nuevo sitio web de la campaña para detener el comercio de armas que lanza hoy Amnistía Internacional: www.amnistia.org.pe/armas
El comercio descontrolado de armas provoca que, cada año, millones de personas resulten muertas, heridas, violadas o se vean obligadas a huir de sus hogares. En julio de 2012 se debate en la ONU un importantísimo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Debe ser un Tratado sólido que salve vidas. Un Tratado a prueba de balas.
Bahréin está en una difícil encrucijada
21 noviembre 2012
Bahréin: Rotas las promesas de reforma, se desata la represión
Bahréin está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Bahréin: Rotas las promesas de reforma, se desata la represión
Bahréin está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
domingo, 29 de septiembre de 2013
Burma
Aung San Suu Kyi fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 1991 y con el apoyo de miembros, activistas, simpatizantes y personalidades como Bono de U2, exigieron justicia y trabajaron sin pausa para su liberación. Fue liberada en 2010 y hace unas semanas pudo recibir el premio que Amnistía Internacional le concedió en 2009, como "Embajadora de conciencia".
El caso de Aung San Suu Kyi es una prueba más de que si luchamos todas y todos, podemos hacer un verdadero cambio. Al igual que ella, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en Puebla, México han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional este año.
Ellos trabajaron defendiendo el derecho al agua de su comunidad y su trabajo los enfrentó a un grupo poderoso que controlaba el agua para su propio beneficio. Como represalia fueron acusados de un delito que no cometieron y condenados a 6 años de cárcel tras un juicio plagado de irregularidades. Puedes firmar aquí nuestra petición exigiendo su libertad.
viernes, 27 de septiembre de 2013
Alberto Patishtan
Te escribimos para compartirte el mensaje de agradecimiento que nos
hizo llegar Héctor Patishtán, hijo del profesor tzotzil Alberto
Patishtán, dirigido a todas las personas que se han solidarizado con su
reclamo de justicia para su padre, quien tras la decisión de un tribunal
de Chiapas que se negó a examinar las irregularidades en su caso, deberá permancer en prisión. Sin embargo, la lucha no ha terminado.
A la sociedad civil que se ha solidarizado con nosotros por la libertad de Alberto Patishtan
A los firmantes de la campaña impulsada por Amnistía Internacional para exigir un juicio justo para mi padre
Antes que nada quiero agradecer con todo el corazón el apoyo que nos han brindado en este proceso. Sabemos que vienen etapas más difíciles pero con la ayuda de todos, también sabemos que no son imposibles.
Si algo he aprendido de mi padre y de mi pueblo es nunca rendirnos.
Después del injusto fallo que demuestra el tipo de justicia que existe en México, puedo decirles que el Profe hace un llamado a no perder la esperanza, sino al contrario, convertir este golpe que nos dieron en fuerza, en la unión y en la justicia.
Desde aquí les pedimos que sigan apoyando las causas justas, que hagan hacer escuchar su voz y que luchemos juntos por la libertad de mi papa Alberto Patishtan y por otro mundo posible y diferente.
Atentamente
Hector Patishtan Ruiz
Hijo de Alberto Patishtan y Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la sociedad civil que se ha solidarizado con nosotros por la libertad de Alberto Patishtan
A los firmantes de la campaña impulsada por Amnistía Internacional para exigir un juicio justo para mi padre
Antes que nada quiero agradecer con todo el corazón el apoyo que nos han brindado en este proceso. Sabemos que vienen etapas más difíciles pero con la ayuda de todos, también sabemos que no son imposibles.
Si algo he aprendido de mi padre y de mi pueblo es nunca rendirnos.
Después del injusto fallo que demuestra el tipo de justicia que existe en México, puedo decirles que el Profe hace un llamado a no perder la esperanza, sino al contrario, convertir este golpe que nos dieron en fuerza, en la unión y en la justicia.
Desde aquí les pedimos que sigan apoyando las causas justas, que hagan hacer escuchar su voz y que luchemos juntos por la libertad de mi papa Alberto Patishtan y por otro mundo posible y diferente.
Atentamente
Hector Patishtan Ruiz
Hijo de Alberto Patishtan y Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Esta lucha no ha terminado y en tanto esta injusticia continué, continuará también nuestro reclamo. Desde Amnistía Internacional hemos continuado apoyando el trabajo de los abogados de Alberto y te mantendremos al tanto de próximas noticias u oportunidades de acción sobre su caso.
Finalmente, hoy te invitamos a continuar actuando por los derechos humanos y firmar nuestra petición para exigir justicia para todos los casos de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en México.
En solidaridad:
El equipo de Amnistía Internacional México.
martes, 30 de julio de 2013
Tuitea por los derechos humanos
La libertad de expresión es un derecho humano y no dejaremos que nos lo quiten.
En México como en otros países, la libertad de expresión está en riesgo. Periodistas y usuarios de redes sociales se enfrentan frecuentemente a amenazas ya sea desde los gobiernos o grupos criminales.
¿Utilizas Twitter? Súmate a nuestro proyecto "Tuitea por los derechos humanos" y contribuye así a defender la libertad de expresión. Súmate en: www.amnistia.org.mx/
jueves, 6 de junio de 2013
desaparecidos
Ciudad de México.- Familiares y activistas de la organización Amnistía Internacional (AI) exigieron al gobierno mexicano poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas en México, perpetradas tanto por el crimen organizado como por funcionarios públicos.
En la presentación del informe "Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México", Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor desde 2009, llamó a los gobiernos estatales y al federal a no ser indolentes ante el dolor causado por las desapariciones forzadas.
Héctor Rangel desapareció el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, presuntamente a manos de policías municipales. La familia ha realizado sus propias investigaciones y ha recibido amenazas de muerte, por lo que "si algo llega a sucedernos es culpa de este gobierno y del anterior", expuso Brenda.
En el Museo Memoria y Tolerancia, exigió a la actual administración federal a no ser omisa ni ver los casos de desaparecidos como una cifra. “No se vale que Enrique Peña Nieto se lave las manos diciendo que fue Calderón”.
Pidió una explicación pública a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pues recientemente declinó a proseguir la indagatoria en torno a su caso, bajo el argumento de que no es su competencia.
"Las autoridades mexicanas no están haciendo nada, a pesar de los indicios que les hemos dado los familiares. Yo no sé si mi hermano ya esté con vida. Él no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con ningún crimen organizado. En México se está dando en sicariato forzado", expresó desesperada Rangel.
“Yo me he expuesto. Me he metido a casas de seguridad. Me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano. Estoy exponiendo mi vida y la de toda mi familia, pero no me importa. Yo tengo que encontrarlo, ya que las autoridades han sido indolentes con mi dolor”, expuso Rangel envuelta en llanto.
Lucía Baca, cuyo hijo desapareció hace más de dos años cuando viajaba del DF a Laredo, Texas, exclamó: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", frase que secundaron otros familiares reunidos en el auditorio del museo capitalino.
Cuando la familia denunció la desaparición de Alejandro Moreno Baca, las autoridades dieron por hecho, sin ninguna investigación, que el hijo de Lucía tenía nexos con la delincuencia organizada, pero "mi hijo es una víctima, es inocente", reiteró la madre.
Daniel Zapico, representante de AI en México, dijo que si bien el Gobierno federal ha reconocido 26 mil desaparecidos en los últimos seis años, aún no hay resultados tangibles para erradicar esta problemática de derechos humanos.
Rupert Knox, investigador de AI, mencionó que el Gobierno federal ha publicado datos sobre desaparecidos, se ha reunido con algunos familiares y se ha comprometido con la creación de una unidad especializada en este delito; sin embargo, estas acciones aún son insuficientes.
De acuerdo con 152 casos de desapariciones forzadas documentadas por AI, hay indicios de que en el 85 por ciento de estos ilícitos, hubo participación directa e indirecta de funcionarios públicos.
El informe subraya: "A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos de cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes".
México, DF.- Al menos dos personas se escondieron en la azotea cuando un comando levantaba a 11 personas en el antro Heavens After, así lo revelan dos grabaciones en poder del periodista Martín Moreno.
En su columna, el periodista señala que las grabaciones aportan información a las investigaciones realizadas por la PGJDF.
“Primero: sí hubo un convoy que llegó al Heaven After por los tepiteños. Segundo: sí hubo armas en el operativo. Tercero: se señala al gerente del Heaven, conocido como Polo, como el asesino de Horacio Vite, vendedor de drogas ejecutado el viernes 24 de mayo afuera del bar Black en la colonia Condesa, de la delegación Cuauhtémoc”, se lee en la columna publicada en el diario Excelsior.
El testigo del levantón, quien relató el suceso, confirmó que un convoy armado llegó al antro, de donde desaparecieron 11 vecinos de Tepito. El joven, junto con un acompañante, permanecieron escondidos durante más de una hora y luego escaparon.
Ambos permanecieron ocultos en la azotea del Heavens After al momento en que el resto de los clientes eran sacados por un supuesto operativo.
"(...) Llegó el gerente, 'El Polo', y nos dijo que iba a haber operativo que porque le pegaron al dueño del Black y no sé qué y todos fuimos desalojando", dice el testigo.
El joven recomienda a su interlocutor buscar al gerente, a quien implica en el asesinato de Horacio Vite Ángel, identificado como narcomenudista de una célula de "La Unión", ocurrido el 24 de mayo en el bar Black de la Condesa.
"Al que deben encontrar es al gerente, él es el culpable de todo esto… él debe de tener algo", señala.
"Te voy a decir algo: ¿Sí supiste que mataron a uno del Black? Creo que fue el gerente del Heavens, porque había ido por nosotros cuando alcanzamos a salir (...) Mi valedor le marcó cuando pasó todo éste asunto y le dijo: '¿Ora qué, Polo, no mames, esas mamadas qué y mis amigos?'.
"(...) Y también nos dijo que él fue el que había matado al del Black (...) Solo sé que se llama Polo, es uno chaparrito, siempre usa traje, tiene pelo y se echa mucho gel".
En la presentación del informe "Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México", Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor desde 2009, llamó a los gobiernos estatales y al federal a no ser indolentes ante el dolor causado por las desapariciones forzadas.
Héctor Rangel desapareció el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, presuntamente a manos de policías municipales. La familia ha realizado sus propias investigaciones y ha recibido amenazas de muerte, por lo que "si algo llega a sucedernos es culpa de este gobierno y del anterior", expuso Brenda.
En el Museo Memoria y Tolerancia, exigió a la actual administración federal a no ser omisa ni ver los casos de desaparecidos como una cifra. “No se vale que Enrique Peña Nieto se lave las manos diciendo que fue Calderón”.
Pidió una explicación pública a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pues recientemente declinó a proseguir la indagatoria en torno a su caso, bajo el argumento de que no es su competencia.
"Las autoridades mexicanas no están haciendo nada, a pesar de los indicios que les hemos dado los familiares. Yo no sé si mi hermano ya esté con vida. Él no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con ningún crimen organizado. En México se está dando en sicariato forzado", expresó desesperada Rangel.
“Yo me he expuesto. Me he metido a casas de seguridad. Me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano. Estoy exponiendo mi vida y la de toda mi familia, pero no me importa. Yo tengo que encontrarlo, ya que las autoridades han sido indolentes con mi dolor”, expuso Rangel envuelta en llanto.
Lucía Baca, cuyo hijo desapareció hace más de dos años cuando viajaba del DF a Laredo, Texas, exclamó: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", frase que secundaron otros familiares reunidos en el auditorio del museo capitalino.
Cuando la familia denunció la desaparición de Alejandro Moreno Baca, las autoridades dieron por hecho, sin ninguna investigación, que el hijo de Lucía tenía nexos con la delincuencia organizada, pero "mi hijo es una víctima, es inocente", reiteró la madre.
Daniel Zapico, representante de AI en México, dijo que si bien el Gobierno federal ha reconocido 26 mil desaparecidos en los últimos seis años, aún no hay resultados tangibles para erradicar esta problemática de derechos humanos.
Rupert Knox, investigador de AI, mencionó que el Gobierno federal ha publicado datos sobre desaparecidos, se ha reunido con algunos familiares y se ha comprometido con la creación de una unidad especializada en este delito; sin embargo, estas acciones aún son insuficientes.
De acuerdo con 152 casos de desapariciones forzadas documentadas por AI, hay indicios de que en el 85 por ciento de estos ilícitos, hubo participación directa e indirecta de funcionarios públicos.
El informe subraya: "A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos de cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes".
México, DF.- Al menos dos personas se escondieron en la azotea cuando un comando levantaba a 11 personas en el antro Heavens After, así lo revelan dos grabaciones en poder del periodista Martín Moreno.
En su columna, el periodista señala que las grabaciones aportan información a las investigaciones realizadas por la PGJDF.
“Primero: sí hubo un convoy que llegó al Heaven After por los tepiteños. Segundo: sí hubo armas en el operativo. Tercero: se señala al gerente del Heaven, conocido como Polo, como el asesino de Horacio Vite, vendedor de drogas ejecutado el viernes 24 de mayo afuera del bar Black en la colonia Condesa, de la delegación Cuauhtémoc”, se lee en la columna publicada en el diario Excelsior.
El testigo del levantón, quien relató el suceso, confirmó que un convoy armado llegó al antro, de donde desaparecieron 11 vecinos de Tepito. El joven, junto con un acompañante, permanecieron escondidos durante más de una hora y luego escaparon.
Ambos permanecieron ocultos en la azotea del Heavens After al momento en que el resto de los clientes eran sacados por un supuesto operativo.
"(...) Llegó el gerente, 'El Polo', y nos dijo que iba a haber operativo que porque le pegaron al dueño del Black y no sé qué y todos fuimos desalojando", dice el testigo.
El joven recomienda a su interlocutor buscar al gerente, a quien implica en el asesinato de Horacio Vite Ángel, identificado como narcomenudista de una célula de "La Unión", ocurrido el 24 de mayo en el bar Black de la Condesa.
"Al que deben encontrar es al gerente, él es el culpable de todo esto… él debe de tener algo", señala.
"Te voy a decir algo: ¿Sí supiste que mataron a uno del Black? Creo que fue el gerente del Heavens, porque había ido por nosotros cuando alcanzamos a salir (...) Mi valedor le marcó cuando pasó todo éste asunto y le dijo: '¿Ora qué, Polo, no mames, esas mamadas qué y mis amigos?'.
"(...) Y también nos dijo que él fue el que había matado al del Black (...) Solo sé que se llama Polo, es uno chaparrito, siempre usa traje, tiene pelo y se echa mucho gel".
jueves, 30 de mayo de 2013
prolongada sequía
Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años
periodistas asesinados
La Procuraduría General de la República (PGR) definirá en las próximas horas si ejerce facultad de atracción sobre la desaparición de la reportera de la fuente policiaca del diario El Zócalo de Saltillo, Coahuila, Hypatia Stephania Rodríguez Cardoso, y de su hijo, quienes presuntamente fueron privados de la libertad en su domicilio. Ella sería el tercer comunicador secuestrado de esa casa editorial del 2006.
De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, la PGR debería atraer de facto cualquier investigación o presunción de delito contra comunicadores; sin embargo, la ausencia de una persona reportada por sus familiares corresponde a las procuradurías locales, empero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila informó que “turnó el caso a la PGR”.
En julio del 2006, Rafael Ortiz Martínez, reportero de El Zócalo de Monclova, fue reportado como desaparecido ante la Procuraduría del estado por sus familiares, amigos y representantes de la casa editorial, hasta el momento se desconoce su paradero o que haya sido asesinado por grupos del crimen organizado.
En enero del 2010, el periodista Valentín Valdés Espinoza fue asesinado; también trabajaba para El Zócalo de Saltillo, pero además los medios de comunicación de televisión, radio y prensa escrita en varios municipios de Coahuila han sido agredidos con granadas y sus fachadas han sido rafagueadas con arma de fuego, de acuerdo con nueve indagatorias en el fuero federal y en el común.
En el caso de Rodríguez Cardoso, se sabe que el pasado jueves 7 de junio estuvo en un convivio por el día de la libertad de prensa al que acudió en compañía de su hijo de dos años; se retiró la madrugada del viernes e incluso mandó un mensaje a sus compañeros para avisar que ya se encontraba en su domicilio.
A partir de ese momento no se supo nada más. Se informó que no se presentó a trabajar y su familia fue a su vivienda, donde encontraron destrozos sin rastro de ella y su hijo, así como su vehículo, por lo que se presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación de Personas No Localizadas, dependencia que informó que turnaría el caso a la Procuraduría General de la República.
rtorres@eleconomista.com.mx
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación para dar con el paradero de la reportera Stephania Cardoso y su hijo de dos años, quienes están desaparecidos desde el viernes.
Familiares de la periodista que cubría la fuente policiaca desde hace varios años para el periódico Zócalo en Saltillo, Coahuila acudieron a denunciar los hechos ante las autoridades.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ordenó al procurador de justicia, Homero Ramos Gloria, una investigación a fondo sobre el caso.
“Hay áreas muy sensibles en los periódicos y ofrecí hacer un protocolo de seguridad para protegerlos, y protocolos de conductas que todos tenemos que seguir”, dijo ayer el mandatario.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya entabló comunicación con la familia de la periodista, se informó.
Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México, poniendo de manifiesto el fracaso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes se dedican a informar, de las amenazas y violencia derivadas de su trabajo.
El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila García de 39 años, especializado en información sobre crimen organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y trabajaba para dos periódicos.
La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en su casa en Xalapa, Veracruz.
“Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran en riesgo por llevar a cabo su labor” Ha dicho hoy Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.
“Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”.
De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
El 13 de Mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Salgado quien hasta enero había trabajado para en el periódico El Sol.
El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.
Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra, trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación con Luna, también fue encontrada muerta
Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había investigado grupos criminales y corrupció policiaca.
Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado que ha resultado en la muerte de más de 50,000 personas en los últimos cinco años.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.
Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de este mes.
El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.
Las reformas a la Constitución que permiten la investigación federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto en práctica.
“El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión”, agregó Knox.
“La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque”.
Información Adicional
El próximo jueves 24 de mayo durante la presentación del informe mundial anual, Amnistía Internacional hará un análisis de la situación de las y los periodistas en México, en cual participará la periodista Sanjuana Martínez.
Para registrarse y obtener mayor información sobre este evento, pueden visitar el sitio web: http://amnistia.org.mx/informe/
De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, la PGR debería atraer de facto cualquier investigación o presunción de delito contra comunicadores; sin embargo, la ausencia de una persona reportada por sus familiares corresponde a las procuradurías locales, empero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila informó que “turnó el caso a la PGR”.
En julio del 2006, Rafael Ortiz Martínez, reportero de El Zócalo de Monclova, fue reportado como desaparecido ante la Procuraduría del estado por sus familiares, amigos y representantes de la casa editorial, hasta el momento se desconoce su paradero o que haya sido asesinado por grupos del crimen organizado.
En enero del 2010, el periodista Valentín Valdés Espinoza fue asesinado; también trabajaba para El Zócalo de Saltillo, pero además los medios de comunicación de televisión, radio y prensa escrita en varios municipios de Coahuila han sido agredidos con granadas y sus fachadas han sido rafagueadas con arma de fuego, de acuerdo con nueve indagatorias en el fuero federal y en el común.
En el caso de Rodríguez Cardoso, se sabe que el pasado jueves 7 de junio estuvo en un convivio por el día de la libertad de prensa al que acudió en compañía de su hijo de dos años; se retiró la madrugada del viernes e incluso mandó un mensaje a sus compañeros para avisar que ya se encontraba en su domicilio.
A partir de ese momento no se supo nada más. Se informó que no se presentó a trabajar y su familia fue a su vivienda, donde encontraron destrozos sin rastro de ella y su hijo, así como su vehículo, por lo que se presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación de Personas No Localizadas, dependencia que informó que turnaría el caso a la Procuraduría General de la República.
rtorres@eleconomista.com.mx
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación para dar con el paradero de la reportera Stephania Cardoso y su hijo de dos años, quienes están desaparecidos desde el viernes.
Familiares de la periodista que cubría la fuente policiaca desde hace varios años para el periódico Zócalo en Saltillo, Coahuila acudieron a denunciar los hechos ante las autoridades.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ordenó al procurador de justicia, Homero Ramos Gloria, una investigación a fondo sobre el caso.
“Hay áreas muy sensibles en los periódicos y ofrecí hacer un protocolo de seguridad para protegerlos, y protocolos de conductas que todos tenemos que seguir”, dijo ayer el mandatario.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya entabló comunicación con la familia de la periodista, se informó.
Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México, poniendo de manifiesto el fracaso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes se dedican a informar, de las amenazas y violencia derivadas de su trabajo.
El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila García de 39 años, especializado en información sobre crimen organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y trabajaba para dos periódicos.
La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en su casa en Xalapa, Veracruz.
“Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran en riesgo por llevar a cabo su labor” Ha dicho hoy Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.
“Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”.
De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
El 13 de Mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Salgado quien hasta enero había trabajado para en el periódico El Sol.
El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.
Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra, trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación con Luna, también fue encontrada muerta
Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había investigado grupos criminales y corrupció policiaca.
Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado que ha resultado en la muerte de más de 50,000 personas en los últimos cinco años.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.
Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de este mes.
El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.
Las reformas a la Constitución que permiten la investigación federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto en práctica.
“El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión”, agregó Knox.
“La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque”.
Información Adicional
El próximo jueves 24 de mayo durante la presentación del informe mundial anual, Amnistía Internacional hará un análisis de la situación de las y los periodistas en México, en cual participará la periodista Sanjuana Martínez.
Para registrarse y obtener mayor información sobre este evento, pueden visitar el sitio web: http://amnistia.org.mx/informe/
lunes, 31 de diciembre de 2012
no más armas en la ONU el 3 de julio.
estimado activista:
Cada minuto muere una persona en el mundo víctima de las armas, 500,000 personas al año. Millones más resultan heridas o sufren violencia sexual. Miles de niños y niñas son secuestrados y obligados a combatir en al menos 19 países.
Durante décadas Amnistía Internacional ha denunciado cómo el comercio irresponsable de armas alimenta conflictos y violaciones de derechos humanos, causando dolor y represión en numerosos países. El mundo necesita desesperadamente controlar las armas. Y ahora, tenemos una oportunidad.
En los próximos días, todos los países del mundo se reunirán en la ONU para discutir la aprobación de Tratado sobre Comercio de Armas, una gran victoria fruto de años de trabajo.
Pero existen demasiados intereses opuestos al Tratado.
Ahora es nuestro turno, debemos hacer llegar nuestra voz a quienes participaran en las negociaciones para que aprueben un Tratado efectivo que impida el flujo de armas a lugares donde se utilizarán para cometer abusos y violaciones de derechos humanos.
Hagamos historia forzando un tratado que proteja los derechos humanos y las vidas de millones de personas.
Actúa firmando nuestra petición en www.nomasarmas.org y tu firma será entregada en la ONU el 3 de julio.
En solidaridad,
El equipo de Amnistía Internacional México
Cada minuto muere una persona en el mundo víctima de las armas, 500,000 personas al año. Millones más resultan heridas o sufren violencia sexual. Miles de niños y niñas son secuestrados y obligados a combatir en al menos 19 países.
Durante décadas Amnistía Internacional ha denunciado cómo el comercio irresponsable de armas alimenta conflictos y violaciones de derechos humanos, causando dolor y represión en numerosos países. El mundo necesita desesperadamente controlar las armas. Y ahora, tenemos una oportunidad.
En los próximos días, todos los países del mundo se reunirán en la ONU para discutir la aprobación de Tratado sobre Comercio de Armas, una gran victoria fruto de años de trabajo.
Pero existen demasiados intereses opuestos al Tratado.
Ahora es nuestro turno, debemos hacer llegar nuestra voz a quienes participaran en las negociaciones para que aprueben un Tratado efectivo que impida el flujo de armas a lugares donde se utilizarán para cometer abusos y violaciones de derechos humanos.
Hagamos historia forzando un tratado que proteja los derechos humanos y las vidas de millones de personas.
Actúa firmando nuestra petición en www.nomasarmas.org y tu firma será entregada en la ONU el 3 de julio.
En solidaridad,
El equipo de Amnistía Internacional México
sábado, 23 de junio de 2012
Maximino García Catarino
El martes por la tarde el activista indígena Maximino García Catarino fue liberado del penal de Ayutla de los Libres, Guerrero. Maximino, líder de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco había sido detenido injustamente el 21 de enero, acusado del homicidio de Juan Teodoro García cometido en febrero de 2011.
Hasta el mismo martes la situación de Maximino parecía muy desfavorable. El pronunciamiento judicial se preveía para una semana más tarde, y pese a la inconsistencia de las pruebas en su contra no se esperaba una resolución favorable para él. Por eso, tras varios reclamos a las autoridades de Guerrero, una delegación de Amnistía Internacional viajó hasta Ayutla el lunes; si no era liberado Maximino sería declarado preso de conciencia al haber sido encarceloado únicamente por su activismo. El primer preso de conciencia en México desde que el activista indígena Raúl Hernández fuese liberado de la misma cárcel de Ayutla en 2010.
La presión ejercida por Amnistía Internacional y sus miembros, y el temor de las autoridades a una intensa campaña por parte de las y los activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional contribuyó de manera decisiva a la inesperada liberación de Maximino.
Sin embargo, esta lucha está lejos de llegar a su fin. Además de Maximino muchas otras personas se enfrentan a amenazas y riesgos por defender los derechos humanos en México. Por eso te pedimos que sigas acompañándonos en la lucha, firmando nuestra petición a favor de una ley que proteja a quienes luchan por nuestros derechos. Con tu ayuda lo conseguiremos.
Actúa ya, firma nuestra petición en: http://alzatuvoz.org/
En solidaridad,
El equipo de Amnistía Internacional México
Chilpancingo.- La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión que el juez de Primera Instancia dictó en contra del dirigente indígena tlapaneco, Maximino García Catarino, quien hoy logró su libertad.
De acuerdo con la información del Poder Judicial del estado, hoy el indígena Na Savi abandonó las rejas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los Libres, luego de su reclusión el pasado 21 de enero, tras ser detenido por elementos de la Policía Ministerial de la entidad.
La libertad del líder indígena es absoluta, dado que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de formal prisión que dictó el juez de Primera Instancia, Inocente Orduño Magallón.
García Catarino fue detenido en enero pasado por elementos de la Policía Ministerial de Ayutla, quienes de acuerdo a la denuncia de la defensa allanaron su domicilio y durante el trayecto de su detención fue golpeado para que confesara donde se encontraba el resto de los dirigentes.
La Primera Sala Penal ordenó hoy la libertad inmediata de García Catarino.
El Tribunal Superior de Justicia consideró que el juez Inocente Orduño Magallón no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas por Maximino y tampoco observó las contradicciones que presentaban los dos testigos de cargo.
Hasta el mismo martes la situación de Maximino parecía muy desfavorable. El pronunciamiento judicial se preveía para una semana más tarde, y pese a la inconsistencia de las pruebas en su contra no se esperaba una resolución favorable para él. Por eso, tras varios reclamos a las autoridades de Guerrero, una delegación de Amnistía Internacional viajó hasta Ayutla el lunes; si no era liberado Maximino sería declarado preso de conciencia al haber sido encarceloado únicamente por su activismo. El primer preso de conciencia en México desde que el activista indígena Raúl Hernández fuese liberado de la misma cárcel de Ayutla en 2010.
La presión ejercida por Amnistía Internacional y sus miembros, y el temor de las autoridades a una intensa campaña por parte de las y los activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional contribuyó de manera decisiva a la inesperada liberación de Maximino.
Sin embargo, esta lucha está lejos de llegar a su fin. Además de Maximino muchas otras personas se enfrentan a amenazas y riesgos por defender los derechos humanos en México. Por eso te pedimos que sigas acompañándonos en la lucha, firmando nuestra petición a favor de una ley que proteja a quienes luchan por nuestros derechos. Con tu ayuda lo conseguiremos.
Actúa ya, firma nuestra petición en: http://alzatuvoz.org/
En solidaridad,
El equipo de Amnistía Internacional México
Chilpancingo.- La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión que el juez de Primera Instancia dictó en contra del dirigente indígena tlapaneco, Maximino García Catarino, quien hoy logró su libertad.
De acuerdo con la información del Poder Judicial del estado, hoy el indígena Na Savi abandonó las rejas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los Libres, luego de su reclusión el pasado 21 de enero, tras ser detenido por elementos de la Policía Ministerial de la entidad.
La libertad del líder indígena es absoluta, dado que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de formal prisión que dictó el juez de Primera Instancia, Inocente Orduño Magallón.
García Catarino fue detenido en enero pasado por elementos de la Policía Ministerial de Ayutla, quienes de acuerdo a la denuncia de la defensa allanaron su domicilio y durante el trayecto de su detención fue golpeado para que confesara donde se encontraba el resto de los dirigentes.
La Primera Sala Penal ordenó hoy la libertad inmediata de García Catarino.
El Tribunal Superior de Justicia consideró que el juez Inocente Orduño Magallón no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas por Maximino y tampoco observó las contradicciones que presentaban los dos testigos de cargo.
Maximino García Catarino, defensor de derechos humanos: víctima de detención arbitraria y hostigamiento judicial
Sábado 3 de marzo de 2012 por Observatorio
Continúa la detención arbitraria y el hostigamiento judicial contra el Sr. Maximino García Catarino
22 febrero 2012
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sobre el auto de formal prisión dictado contra el Sr. Maximino García Catarino, defensor de derechos humanos del pueblo Na Savi (Mixteco), miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) [1].
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.
Nuevas informaciones:
Según las nuevas informaciones, el día 27 de enero de 2012 el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, determinó ordenar la prisión preventiva del Sr. García Catarino, a pesar de los elementos de prueba que acreditan que el día en que se cometió el crimen que se le imputa, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad.
El próximo 23 de febrero se llevará a cabo la audiencia de vista dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión ante una de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, en Chilpancingo.
El Observatorio condena la detención arbitraria y el hostigamiento judicial en contra del Sr. Maximino García Catarino, que teme que sean motivados por sus actividades como defensor de derechos humanos y, consecuentemente, insta a las autoridades mexicanas a liberarlo inmediatamente.
Antecedentes:
El 21 de enero de 2012, elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se introdujeron de forma violenta en el domicilio del Sr. García Catarino y se lo llevaron detenido sin dar explicaciones y sin mostrar la orden de la autoridad competente.
En el trayecto del camino hacia Ayutla, el Sr. García Catarino fue golpeado en diferentes partes del cuerpo a puñetazos y patadas por los elementos de la Policía Ministerial guerrerense al no proporcionar información sobre el paradero de otros indígenas de la comunidad y otros dirigentes de la OFPM.
El 23 de enero de 2012, el Sr. García Catarino fue presentado ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, donde se le informó que en dicho órgano judicial se había dictado en su contra una orden de aprehensión dentro de la causa penal 04/2012, instruida por el delito de homicidio en contra del Sr. Juan Teodoro García. Cabe añadir que el Sr. García Catarino fue puesto a disposición judicial dos días después de su detención, lo que retrasó injustificadamente el momento en que efectuó su declaración preparatoria y se le puso a la vista la acusación. El día 27 de enero de 2012 terminaba el plazo constitucional de 144 horas dentro del cual el juez competente debía resolver la situación jurídica del Sr. García Catarino.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Maximino García Catarino, de todos los integrantes de la OFPM, de los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente de todos los defensores de derechos humanos de México;
ii. ordenar de inmediato la liberación del Sr. Maximino García Catarino en la medida en que su detención es arbitraria y pretende meramente sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;
iii. velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra el Sr. Maximino García Catarino los integrantes de la OFPM, contra los demás defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente en México;
iv. realizar una investigación independiente e imparcial entorno a los hechos aquí denunciados, en particular las agresiones llevadas a cabo contra el Sr. Maximino García Catarino, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);
vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
Direcciones:
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 55527 72 376; + 52 5527 89 1113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Dr. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx
· Lic. Omeheira López Reyna. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (0155) 5128-0234 E-mail: romeheira@segob.gob.mx; upddh@segob.gob.mx
· Licenciada Marisela Morales Procuradora General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
· Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Tels. y fax: (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx
· Licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Centro, 2º piso, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Tel.: 01747 47 1 98 01 / 0174747 1 9802, E-mail: gobernador@guerrero.gob.mx
· Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190 E-mail: coddehum@prodigy.net.mx
· Lic. Juan Manuel Herrera Campoular, Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Boulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980 Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981 E-mail: pgj@guerrero.gob.mx
· Licenciado Humberto Salgado Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º piso, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Tel.: (747) 471 9803/471 9804/471 9806, E-mail: contacto@guerrero.gob.mx / secretariageneral@guerrero.gob.mx
· Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
· Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19. Tel. + 32 2 629 07 77 E-mail : embamex@embamex.eu
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 22 de febrero de 2012
Agradeceremos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones, proporcionándoles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / + 41 22 809.49.29
· Tel. y fax FIDH: (+33 1) 4 355.25.18 / 4355.18.80
Nuevas informaciones:
Según las nuevas informaciones, el día 27 de enero de 2012 el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, determinó ordenar la prisión preventiva del Sr. García Catarino, a pesar de los elementos de prueba que acreditan que el día en que se cometió el crimen que se le imputa, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad.
El próximo 23 de febrero se llevará a cabo la audiencia de vista dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión ante una de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, en Chilpancingo.
El Observatorio condena la detención arbitraria y el hostigamiento judicial en contra del Sr. Maximino García Catarino, que teme que sean motivados por sus actividades como defensor de derechos humanos y, consecuentemente, insta a las autoridades mexicanas a liberarlo inmediatamente.
Antecedentes:
El 21 de enero de 2012, elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se introdujeron de forma violenta en el domicilio del Sr. García Catarino y se lo llevaron detenido sin dar explicaciones y sin mostrar la orden de la autoridad competente.
En el trayecto del camino hacia Ayutla, el Sr. García Catarino fue golpeado en diferentes partes del cuerpo a puñetazos y patadas por los elementos de la Policía Ministerial guerrerense al no proporcionar información sobre el paradero de otros indígenas de la comunidad y otros dirigentes de la OFPM.
El 23 de enero de 2012, el Sr. García Catarino fue presentado ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, donde se le informó que en dicho órgano judicial se había dictado en su contra una orden de aprehensión dentro de la causa penal 04/2012, instruida por el delito de homicidio en contra del Sr. Juan Teodoro García. Cabe añadir que el Sr. García Catarino fue puesto a disposición judicial dos días después de su detención, lo que retrasó injustificadamente el momento en que efectuó su declaración preparatoria y se le puso a la vista la acusación. El día 27 de enero de 2012 terminaba el plazo constitucional de 144 horas dentro del cual el juez competente debía resolver la situación jurídica del Sr. García Catarino.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Maximino García Catarino, de todos los integrantes de la OFPM, de los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente de todos los defensores de derechos humanos de México;
ii. ordenar de inmediato la liberación del Sr. Maximino García Catarino en la medida en que su detención es arbitraria y pretende meramente sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;
iii. velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra el Sr. Maximino García Catarino los integrantes de la OFPM, contra los demás defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente en México;
iv. realizar una investigación independiente e imparcial entorno a los hechos aquí denunciados, en particular las agresiones llevadas a cabo contra el Sr. Maximino García Catarino, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);
vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
Direcciones:
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 55527 72 376; + 52 5527 89 1113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Dr. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx
· Lic. Omeheira López Reyna. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (0155) 5128-0234 E-mail: romeheira@segob.gob.mx; upddh@segob.gob.mx
· Licenciada Marisela Morales Procuradora General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
· Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Tels. y fax: (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx
· Licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Centro, 2º piso, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Tel.: 01747 47 1 98 01 / 0174747 1 9802, E-mail: gobernador@guerrero.gob.mx
· Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190 E-mail: coddehum@prodigy.net.mx
· Lic. Juan Manuel Herrera Campoular, Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Boulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980 Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981 E-mail: pgj@guerrero.gob.mx
· Licenciado Humberto Salgado Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º piso, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Tel.: (747) 471 9803/471 9804/471 9806, E-mail: contacto@guerrero.gob.mx / secretariageneral@guerrero.gob.mx
· Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
· Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19. Tel. + 32 2 629 07 77 E-mail : embamex@embamex.eu
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 22 de febrero de 2012
Agradeceremos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones, proporcionándoles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / + 41 22 809.49.29
· Tel. y fax FIDH: (+33 1) 4 355.25.18 / 4355.18.80
[1]La OFPM es una organización que, junto con la Organización del Pueblo Indígena Mep´haa (OPIM), trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en el municipio de Ayutla de los Libres. Desde 1998 ambas organizaciones han estado denunciando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, desde la masacre de El Charco. Los Sres. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos de sus dirigentes, fueron víctimas de desaparición forzada el 13 de febrero de 2009, y posteriormente fueron encontrados asesinados. Asimismo, el Sr. Álvaro Ramírez Concepción, Coordinador de Dirección Colectiva de la OFPM, fue víctima de un intento de asesinato el 30 de agosto de 2010. El Sr. Maximino García Catarino es beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2009 tras los atentados en contra de dos integrantes de la OFPM en febrero de 2009.
lunes, 28 de mayo de 2012
George W. Bush autorizó tortura
El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tiene previsto viajar a Canadá en torno al 20 de octubre. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades canadienses que lo detengan y procesen por su implicación en delitos de tortura y otros crímenes de derecho internacional.
Dado que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han llevado al ex presidente Bush ante los tribunales, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá no toma medidas durante su visita, estará violando los términos de la Convención de la ONU contra la Tortura y demostrando desprecio por los derechos humanos.
Cuando era presidente, George W. Bush autorizó personalmente la aplicación de diversas “técnicas de interrogatorio mejoradas” a personas recluidas como parte del programa de detención secreta de la CIA. Tales técnicas equivalen a tortura.
Dado que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han llevado al ex presidente Bush ante los tribunales, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá no toma medidas durante su visita, estará violando los términos de la Convención de la ONU contra la Tortura y demostrando desprecio por los derechos humanos.
Cuando era presidente, George W. Bush autorizó personalmente la aplicación de diversas “técnicas de interrogatorio mejoradas” a personas recluidas como parte del programa de detención secreta de la CIA. Tales técnicas equivalen a tortura.
domingo, 18 de marzo de 2012
Susana Chávez
Susana fue asesinada en enero de 2011, su cuerpo fue encontrado sin la mano con la escribía sus poemas; fue víctima de la misma violencia contra la que luchó. Este asesinato nuevamente evidenció el fracaso de las autoridades locales y federales para poner fin a esta violencia.
Súmate a nuestra petición para exigir una investigación pronta e imparcial de su asesinato, para que su familia y las familias de las incontables víctimas de esta intolerable violencia tengan acceso a la justicia.
viernes, 28 de octubre de 2011
90 latigazos y a un año de prisión por aparecer en una película prohibida
La excarcelación de la actriz iraní condenada a 90 latigazos y a un año de prisión por aparecer en una película prohibida pone de relieve la necesidad de poner en libertad a otros cineastas detenidos en Irán, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Marzieh Vafamehr, detenida tras protagonizar la película australiana My Tehran for Sale, fue puesta en libertad el lunes por la noche. La actriz aparece en una escena de la película sin el pañuelo para la cabeza que deben llevar las mujeres iraníes y en otra parece estar bebiendo alcohol.
Al parecer, la actriz fue excarcelada después de que un tribunal de apelación redujera la pena de prisión a tres meses y anulase la condena a flagelación.
“En los últimos meses se ha perseguido en Irán a un número creciente de cineastas y actores. Aunque la excarcelación de Marzieh Vafamehr es un hecho positivo, resulta muy preocupante que tres cineastas sigan recluidos en la prisión de Evin de Teherán”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El hecho de que continúen en prisión ilustra los desesperados esfuerzos de las autoridades iraníes por reprimir cualquier forma de disidencia. Estas personas no han hecho nada salvo vender sus documentales a una emisora extranjera de televisión o filmar una película sobre un director prohibido. Deben ser puestas en libertad inmediata e incondicionalmente”, añadió.
El 17 de septiembre de 2011 fueron detenidos tres directores de documentales —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— y el productor y distribuidor Katayoun Shahabi. Se cree que los cuatro han vendido sus películas a diversas emisoras de televisión, incluido el servicio persa de la BBC.
Las autoridades iraníes afirman que los cineastas no pueden colaborar con canales de televisión por satélite extranjeros sin autorización.
La colaboración con la BBC o la Voz de América es especialmente problemática. El jefe de la policía Esmail Ahmadi-Moghaddam ha declarado recientemente que equivalía a trabajar con servicios de seguridad enemigos y que sería tratado “con seriedad”.
Tres de los detenidos —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— salieron posteriormente en libertad bajo fianza, pero se cree que Katayoun Shahabi sigue en prisión.
Al parecer, también fue detenido en septiembre otro director de cine, Mehran Zinatbakhsh, recluido actualmente en la prisión de Evin. Se desconocen los cargos concretos formulados contra él.
El director de documentales Mojtaba Mir Tahmasb sigue asimismo en prisión desde que fue detenido el 17 de septiembre de 2011 tras hacer el documental This is Not a Film, sobre la vida del director de cine prohibido Jafar Panahi.
Panahi fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2010, tras ser declarado culpable de “actuar contra la seguridad del Estado” y de “propaganda contra el sistema”. Además, se le prohibió viajar al extranjero y hablar con los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Otro director de fama internacional, Mohammad Rasoulof, fue condenado a seis años de prisión al mismo tiempo que Panahi, por delitos similares. Tras la apelación, se le redujo la pena a un año de cárcel. La prohibición de viajar fue levantada en mayo de este año.
Tanto Panahi como Rasoulof siguen en libertad en espera de cumplir sus condenas.
Amnistía Internacional considera a todos estos cineastas presos de conciencia, detenidos sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en su trabajo.
El derecho a la libertad de expresión incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Marzieh Vafamehr, detenida tras protagonizar la película australiana My Tehran for Sale, fue puesta en libertad el lunes por la noche. La actriz aparece en una escena de la película sin el pañuelo para la cabeza que deben llevar las mujeres iraníes y en otra parece estar bebiendo alcohol.
Al parecer, la actriz fue excarcelada después de que un tribunal de apelación redujera la pena de prisión a tres meses y anulase la condena a flagelación.
“En los últimos meses se ha perseguido en Irán a un número creciente de cineastas y actores. Aunque la excarcelación de Marzieh Vafamehr es un hecho positivo, resulta muy preocupante que tres cineastas sigan recluidos en la prisión de Evin de Teherán”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El hecho de que continúen en prisión ilustra los desesperados esfuerzos de las autoridades iraníes por reprimir cualquier forma de disidencia. Estas personas no han hecho nada salvo vender sus documentales a una emisora extranjera de televisión o filmar una película sobre un director prohibido. Deben ser puestas en libertad inmediata e incondicionalmente”, añadió.
El 17 de septiembre de 2011 fueron detenidos tres directores de documentales —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— y el productor y distribuidor Katayoun Shahabi. Se cree que los cuatro han vendido sus películas a diversas emisoras de televisión, incluido el servicio persa de la BBC.
Las autoridades iraníes afirman que los cineastas no pueden colaborar con canales de televisión por satélite extranjeros sin autorización.
La colaboración con la BBC o la Voz de América es especialmente problemática. El jefe de la policía Esmail Ahmadi-Moghaddam ha declarado recientemente que equivalía a trabajar con servicios de seguridad enemigos y que sería tratado “con seriedad”.
Tres de los detenidos —Hadi Afarideh, Naser Saffarian y Mohsen Shahrnazdar— salieron posteriormente en libertad bajo fianza, pero se cree que Katayoun Shahabi sigue en prisión.
Al parecer, también fue detenido en septiembre otro director de cine, Mehran Zinatbakhsh, recluido actualmente en la prisión de Evin. Se desconocen los cargos concretos formulados contra él.
El director de documentales Mojtaba Mir Tahmasb sigue asimismo en prisión desde que fue detenido el 17 de septiembre de 2011 tras hacer el documental This is Not a Film, sobre la vida del director de cine prohibido Jafar Panahi.
Panahi fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2010, tras ser declarado culpable de “actuar contra la seguridad del Estado” y de “propaganda contra el sistema”. Además, se le prohibió viajar al extranjero y hablar con los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Otro director de fama internacional, Mohammad Rasoulof, fue condenado a seis años de prisión al mismo tiempo que Panahi, por delitos similares. Tras la apelación, se le redujo la pena a un año de cárcel. La prohibición de viajar fue levantada en mayo de este año.
Tanto Panahi como Rasoulof siguen en libertad en espera de cumplir sus condenas.
Amnistía Internacional considera a todos estos cineastas presos de conciencia, detenidos sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en su trabajo.
El derecho a la libertad de expresión incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
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