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domingo, 7 de febrero de 2016
domingo, 9 de febrero de 2014
un avión Hawker 25
03 de febrero de 2014•08:39 • actualizado a las 08:42
Ciudad de México.- El avión destruido el 4 de noviembre por el Ejército venezolano era del Cártel de Sinaloa y en él solía viajar uno de los principales lavadores de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Se trata de Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, también vinculado con la red de empresas virtuales que blanqueó 3 mil 500 millones de pesos en la venta de facturas apócrifas.
Según la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, Paul K. Crane, director regional de la DEA en México, denunció en 2012 ante la PGR a Rodríguez por operar cantidades millonarias de dinero ilícito para la organización criminal.
Este mismo personaje fue mencionado por el Gobierno de Querétaro como uno de los cinco pasajeros del avión Hawker 25, matrícula XB-MGM, destruido en Venezuela por presuntamente transportar drogas.
Después de que la DEA denunciara a Rodríguez, la SEIDO descubrió que tenía relación con el caso de las empresas desmanteladas en Polanco por vender facturas fraudulentas.
Según los documentos, del 17 al 23 de septiembre Comercializadora y Distribuidora PVL, una de las compañías desmanteladas, realizó varios depósitos por un total de 17 millones 900 mil pesos.
Uno de los receptores fue Zocle Mercantil.
13 de noviembre de 2013•20:23
Ciudad de México.- Los cinco pasajeros del avión destruido en Venezuela podrían estar vinculados al Cártel de Sinaloa, liderado por el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, informó el diario La Jornada.
De acuerdo con el periódico mexicano, “información en poder de órganos de inteligencia del gobierno mexicano estima que los cinco pasajeros que viajaban en el avión que fue destruido por el gobierno venezolano podrían estar relacionados con el cártel de Sinaloa”.
Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que autoridades castrenses y civiles se han allegado de información respecto a que los presuntos tripulantes del avión serían socios del “Chapo Guzmán” y estarían vinculados a organizaciones delincuenciales sudamericanas.
El avión modelo Hawker Siddeley, dirigido por el capitán Alfredo Chávez Padilla y como copiloto Mauricio Pérez, fue destruido porque presuntamente estaba al “full” de cocaína, según declaró en televisión el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los pasajeros, que viajaban con documentos falsos, en un principio fueron identificados como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.
Y mientras se trabaja en la identificación de los tripulantes de la aeronave con matrícula XB-MGM, la Procuraduría General de la República (PGR) espera información del gobierno venezolano para decidir si inicia una averiguación previa.
08 de noviembre de 2013•12:38 • actualizado a las 12:39
Gobierno venezolano revela nombres de pasajeros de avión mexicano
Ciudad de México.- El avión destruido el 4 de noviembre por el Ejército venezolano era del Cártel de Sinaloa y en él solía viajar uno de los principales lavadores de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Se trata de Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, también vinculado con la red de empresas virtuales que blanqueó 3 mil 500 millones de pesos en la venta de facturas apócrifas.
Según la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, Paul K. Crane, director regional de la DEA en México, denunció en 2012 ante la PGR a Rodríguez por operar cantidades millonarias de dinero ilícito para la organización criminal.
Este mismo personaje fue mencionado por el Gobierno de Querétaro como uno de los cinco pasajeros del avión Hawker 25, matrícula XB-MGM, destruido en Venezuela por presuntamente transportar drogas.
Después de que la DEA denunciara a Rodríguez, la SEIDO descubrió que tenía relación con el caso de las empresas desmanteladas en Polanco por vender facturas fraudulentas.
Según los documentos, del 17 al 23 de septiembre Comercializadora y Distribuidora PVL, una de las compañías desmanteladas, realizó varios depósitos por un total de 17 millones 900 mil pesos.
Uno de los receptores fue Zocle Mercantil.
Miguel Ángel Osorio Chong añadió que "no es defender un avión, como se ha dicho, si estaba o no lleno de droga; el interés es saber si hay mexicanos y si existen responsabilidades"
13 de noviembre de 2013•20:23
Ciudad de México.- Los cinco pasajeros del avión destruido en Venezuela podrían estar vinculados al Cártel de Sinaloa, liderado por el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, informó el diario La Jornada.
De acuerdo con el periódico mexicano, “información en poder de órganos de inteligencia del gobierno mexicano estima que los cinco pasajeros que viajaban en el avión que fue destruido por el gobierno venezolano podrían estar relacionados con el cártel de Sinaloa”.
Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que autoridades castrenses y civiles se han allegado de información respecto a que los presuntos tripulantes del avión serían socios del “Chapo Guzmán” y estarían vinculados a organizaciones delincuenciales sudamericanas.
El avión modelo Hawker Siddeley, dirigido por el capitán Alfredo Chávez Padilla y como copiloto Mauricio Pérez, fue destruido porque presuntamente estaba al “full” de cocaína, según declaró en televisión el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los pasajeros, que viajaban con documentos falsos, en un principio fueron identificados como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.
Y mientras se trabaja en la identificación de los tripulantes de la aeronave con matrícula XB-MGM, la Procuraduría General de la República (PGR) espera información del gobierno venezolano para decidir si inicia una averiguación previa.
08 de noviembre de 2013•12:38 • actualizado a las 12:39
Gobierno venezolano revela nombres de pasajeros de avión mexicano
domingo, 6 de enero de 2013
La caravana de Televisa
MÉXICO, D.F., (apro).- Los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua y declarados culpables de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, podrían ser extraditados a México, una vez que concluya el juicio oral al que están siendo sometidos, según insinuó hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos.
“No tenemos ningún interés de tenerlos aquí”, declaró a los periodistas.
El pasado 20 de diciembre, los 18 mexicanos que se identificaron como trabajadores de Televisa e incluso viajaban en camionetas con logotipos de la empresa, en una de las cuales por cierto, transportaban 9.2 millones de dólares ocultos, fueron declarados culpables por el juez de la causa, Edgard Altamirano.
Sin embargo, está pendiente la sentencia. La audiencia para tal efecto se llevará a cabo el próximo miércoles 18. La fiscalía solicitó la pena máxima, que en Nicaragua es de 30 años de cárcel.
Ana Julia Guido, la fiscal general adjunta de Nicaragua, comparte la opinión de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, en el sentido de que lo mejor es extraditar a los mexicanos.
”Para nosotros sería mucho mejor que se vayan a México, porque (aquí) significan mucho más gastos para nosotros, mucho más riesgos”, dijo.
El gobierno de México ya inició los trámites correspondientes para extraditar al grupo, a pesar de que ni las autoridades nicaragüenses ni mexicanas han aclarado plenamente si las 18 personas eran trabajadores de Televisa o forman parte de alguna organización criminal.
Según Guido, la extradición solo se puede tramitar una vez exista sentencia firme, luego de agotar todos los recursos de apelación o casación a los que tienen derecho los mexicanos.
Los 18 mexicanos fueron retenidos el pasado 20 de agosto en el puesto de seguridad de Las Manos, en la zona fronteriza con Honduras, y la policía les encontró 9.2 millones de dólares, además de rastros de cocaína, en las seis camionetas en las que se desplazaban y que tenían logotipos de Televisa.
La jefa del grupo es Raquel Alatorre, quien al momento de su detención se comunicó a un número telefónico que, ahora se sabe, corresponde a Amador Narcia, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, entre otras personas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
De acuerdo con las autoridades nicaragüenses, Alatorre Correa se habría comunicado 106 veces con Narcia antes, durante y después de que fuera detenida en Nicaragua.
Además, portaba una carta supuestamente firmada por Amador Narcia para que se les dieran todas las facilidades para el desempeño de sus funciones “periodísticas”.
Managua, Nicaragua.- La Policía nicaragüense afirmó hoy que Raquel Alatorre Correa, considerada la cabecilla del grupo de mexicanos que se hicieron pasar por periodistas de Televisa y a los que se les incautó en Nicaragua 9,2 millones de dólares, se habría comunicado con un alto cargo de esa cadena de televisión.
Así lo aseguraron este martes oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, a cargo del teniente Isaac Pérez, durante el juicio por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos, contra el grupo de mexicanos.
“No tenemos ningún interés de tenerlos aquí”, declaró a los periodistas.
El pasado 20 de diciembre, los 18 mexicanos que se identificaron como trabajadores de Televisa e incluso viajaban en camionetas con logotipos de la empresa, en una de las cuales por cierto, transportaban 9.2 millones de dólares ocultos, fueron declarados culpables por el juez de la causa, Edgard Altamirano.
Sin embargo, está pendiente la sentencia. La audiencia para tal efecto se llevará a cabo el próximo miércoles 18. La fiscalía solicitó la pena máxima, que en Nicaragua es de 30 años de cárcel.
Ana Julia Guido, la fiscal general adjunta de Nicaragua, comparte la opinión de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, en el sentido de que lo mejor es extraditar a los mexicanos.
”Para nosotros sería mucho mejor que se vayan a México, porque (aquí) significan mucho más gastos para nosotros, mucho más riesgos”, dijo.
El gobierno de México ya inició los trámites correspondientes para extraditar al grupo, a pesar de que ni las autoridades nicaragüenses ni mexicanas han aclarado plenamente si las 18 personas eran trabajadores de Televisa o forman parte de alguna organización criminal.
Según Guido, la extradición solo se puede tramitar una vez exista sentencia firme, luego de agotar todos los recursos de apelación o casación a los que tienen derecho los mexicanos.
Los 18 mexicanos fueron retenidos el pasado 20 de agosto en el puesto de seguridad de Las Manos, en la zona fronteriza con Honduras, y la policía les encontró 9.2 millones de dólares, además de rastros de cocaína, en las seis camionetas en las que se desplazaban y que tenían logotipos de Televisa.
La jefa del grupo es Raquel Alatorre, quien al momento de su detención se comunicó a un número telefónico que, ahora se sabe, corresponde a Amador Narcia, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, entre otras personas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
De acuerdo con las autoridades nicaragüenses, Alatorre Correa se habría comunicado 106 veces con Narcia antes, durante y después de que fuera detenida en Nicaragua.
Además, portaba una carta supuestamente firmada por Amador Narcia para que se les dieran todas las facilidades para el desempeño de sus funciones “periodísticas”.
Managua, Nicaragua.- La Policía nicaragüense afirmó hoy que Raquel Alatorre Correa, considerada la cabecilla del grupo de mexicanos que se hicieron pasar por periodistas de Televisa y a los que se les incautó en Nicaragua 9,2 millones de dólares, se habría comunicado con un alto cargo de esa cadena de televisión.
Así lo aseguraron este martes oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, a cargo del teniente Isaac Pérez, durante el juicio por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos, contra el grupo de mexicanos.
domingo, 22 de enero de 2012
operador financiero del Cártel de Sinaloa es detenido
Ciudad de México.- La captura en 2010 de una mujer que pretendía transportar 100 mil dólares a Centroamérica desencadenó una investigación que puso al descubierto una red delictiva en el DF con la que Joaquín, "El Chapo", Guzmán pagaba sobornos a funcionarios y probablemente estaba ligada a políticos.
La detención de la transportista de dinero llevó hasta Chrystian Guillermo Lucenilla Salazar, un abogado que era blanco de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por supuestamente ser un importante operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Del litigante, indagaciones de agencias policíacas señalan que presuntamente era cabecilla de una célula que transportaba dinero a Sudamérica, pagaba sobornos a funcionarios de todos los niveles de Gobierno y lavaba activos con la ayuda de restauranteros del DF.
Es señalado también de vender en Jardines del Pedregal una casa que, sospecha la PGR, usaban los Beltrán Leyva para reunirse con servidores públicos y políticos, pese a que la Procuraduría ubica al abogado en el bando de "El Chapo".
El 24 de septiembre, la Policía Federal detuvo a Lucenilla en su casa del Pedregal, junto con tres colombianos y dos mexicanos. El abogado llevaba dos placas que lo acreditaban como asesor de la LXI legislatura en el Senado de la República.
"No he usado la credencial del Poder Legislativo Federal, no la he sacado del domicilio y ha permanecido en el cajón", le dijo a la PGR, sin explicar cómo las había obtenido.
Según informes policiales, este litigante de 38 años también es investigado en EU porque probablemente está vinculado con un cargamento de droga asegurado en un avión en Nicaragua.
Cuando fue detenido le preguntaron a quién le "movía" dinero y pagaba sobornos: "no les puedo dar esa información porque tendría problemas", habría respondido, según una fuente policial.
Algunos investigadores afirman que Lucenilla era un hombre clave de "El Chapo" en el pago de sobornos a altos funcionarios, pero en su declaración dijo que jamás ha visto ni conoce al capo sinaloense, a quien refiere como "señor".
La captura de Hayashi
El 5 de mayo de 2010, en el AICM fue detectado un equipaje con paquetes de billetes envueltos en material plástico, que sumaron 96 mil dólares, y de una bolsa de mano con 4 mil 455 dólares y mil 929 pesos, por lo que el personal de la Administración General de Aduanas avisó a la PGR y detuvo a Hereyko Hayashi Orozco.
Hayashi dijo durante su juicio que el dinero era parte de su negocio de compra y venta de vehículos. Sin embargo no logró aclarar una serie de viajes realizados a Colombia, Panamá y Guatemala, por lo que un juez la condenó a 5 años de cárcel y el pago de 57 mil 480 pesos por el delito de lavado de dinero en su modalidad de transportación.
La captura de Hayashi sólo significó el inicio de la cuenta regresiva para Lucenilla, quien ya era blanco de la DEA, porque supuestamente lo ubicaba como coordinador de las operaciones de compraventa de cocaína hasta por 5 millones de dólares semanales.
Un modo honesto de vivir
El 24 de septiembre, Lucenilla y su novia colombiana Janeth Perilla Ramírez despertaron en su cama rodeados por las armas largas del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal.
Los agentes entraron a las 5:30 horas en su casa de Cerrada de Risco 160, Jardines del Pedregal, con la justificación de la flagrancia, pues no llevaban orden de cateo.
Dijeron que una denuncia anónima alertó de hombres armados y un posible secuestro en dicho domicilio. También fueron detenidos los mexicanos Eduardo Altamirano Charis y Diego Paredes Escalante, así como los colombianos Jorge Hernán Valencia González y Carlos Augusto Echeverri López.
El operativo tuvo lugar seis días después de que el Ejército capturara en la Colonia Prado Coapa a José Carlos Moreno Flores, "La Calentura", operador de "El Chapo" en Guerrero.
"(Los agentes) nerviosamente no dejaban de preguntarnos en dónde tenía las armas, secuestrados y dinero, a lo cual les contesté que desconocía sobre qué me estaban preguntando", relató Lucenilla sobre su detención.
El abogado reconoce como propias dos de las cinco armas que la Policía afirma haber hallado en su casa. Eran una pistola Beretta 9 milímetros y una pistola marca Walter calibre 22, regaladas -según su dicho- por su compadre Gerardo Rodríguez Jiménez, dueño de varios billares.
Los federales dicen que el litigante en realidad traía una pistola en mano y les ofreció un soborno a cambio de dejarlo en libertad.
"Lucenilla Salazar nos dijo que no lo detuviéramos porque trabajaba para el 'Chapo' Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, y que su función era de operador financiero, que si queríamos nos daba una fuerte cantidad de dinero en dólares porque manifestó que él tenía en dicho domicilio más de 900 mil dólares en efectivo y que no se iba a dar por mal servido, además de que él no era chillón y no nos iba a reclamar nada después", señala la corporación.
Algunas fuentes policiales refieren que, recién detenido, Lucenilla dijo dedicarse a la defensa jurídica de narcotraficantes, "mover dinero" de grupos criminales y hacer "pagos especiales" a autoridades, pero no dio un solo nombre.
En la SIEDO rechazó haber confesado cualquier vínculo criminal, y sostuvo que tiene un modo honesto de vivir.
De abogado a agente inmobiliario
Cuando a Lucenilla le preguntaron de dónde provenía el casi millón de dólares en efectivo hallado en una caja fuerte, su coartada fue que se trataba del dinero de la venta de una residencia.
"De lo que hasta ahora recuerdo tenía la cantidad de aproximadamente 990 mil dólares americanos, producto de la venta de una propiedad en la calle Rocas 195, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón", dijo.
La historia oficial que Lucenilla contó a fiscales federales, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/417/2011, es que él y su madre heredaron 80 millones de pesos de su hermano Miguel Ángel. Con ese dinero decidió convertirse en empresario inmobiliario.
Cuenta que invirtió en la casa de la calle Rocas para remodelarla y venderla en un millón de dólares a una señora, hace año y medio. Desde entonces, afirmó, guardó todo el dinero en su caja de seguridad.
Pretender revestir de legalidad el origen del numerario asegurado dio a las autoridades otro dato: la casa que decía haber vendido la usaron los Beltrán Leyva para reuniones privadas con funcionarios.
El testigo protegido "Mateo" declaró a la SIEDO que Héctor Beltrán Leyva, "El H", y Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", se reunieron con el ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve, para entregarle 5 de 15 millones de dólares a su campaña.
Añorve ha rechazado la acusación, y la PGR ha sostenido que ese testimonio sólo tendrá valor en la medida en que sea robustecido por otros medios de convicción, lo que no ha sucedido.
La casa que menciona "Mateo" sobre esa reunión es la de Rocas 195, y fue cateada por la Procuraduría el 20 de octubre de 2010.
Las autoridades tampoco pasaron por alto que Lucenilla dijera dedicarse a litigar procesos penales de presuntos narcotraficantes, pues es desconocida su trayectoria en el foro de los defensores legales o, en su defecto, sería más novedosa que su incursión en el ramo inmobiliario.
Según la SEP, el detenido es graduado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y apenas en 2010, cuando cumplió 37 años, obtuvo su cédula como abogado.
Una pista que, según fuentes policiacas, apareció en esta investigación, apunta a que Lucenilla estaría relacionado con el dueño de un exclusivo restaurante en las Lomas de Chapultepec.
La detención de la transportista de dinero llevó hasta Chrystian Guillermo Lucenilla Salazar, un abogado que era blanco de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por supuestamente ser un importante operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Del litigante, indagaciones de agencias policíacas señalan que presuntamente era cabecilla de una célula que transportaba dinero a Sudamérica, pagaba sobornos a funcionarios de todos los niveles de Gobierno y lavaba activos con la ayuda de restauranteros del DF.
Es señalado también de vender en Jardines del Pedregal una casa que, sospecha la PGR, usaban los Beltrán Leyva para reunirse con servidores públicos y políticos, pese a que la Procuraduría ubica al abogado en el bando de "El Chapo".
El 24 de septiembre, la Policía Federal detuvo a Lucenilla en su casa del Pedregal, junto con tres colombianos y dos mexicanos. El abogado llevaba dos placas que lo acreditaban como asesor de la LXI legislatura en el Senado de la República.
"No he usado la credencial del Poder Legislativo Federal, no la he sacado del domicilio y ha permanecido en el cajón", le dijo a la PGR, sin explicar cómo las había obtenido.
Según informes policiales, este litigante de 38 años también es investigado en EU porque probablemente está vinculado con un cargamento de droga asegurado en un avión en Nicaragua.
Cuando fue detenido le preguntaron a quién le "movía" dinero y pagaba sobornos: "no les puedo dar esa información porque tendría problemas", habría respondido, según una fuente policial.
Algunos investigadores afirman que Lucenilla era un hombre clave de "El Chapo" en el pago de sobornos a altos funcionarios, pero en su declaración dijo que jamás ha visto ni conoce al capo sinaloense, a quien refiere como "señor".
La captura de Hayashi
El 5 de mayo de 2010, en el AICM fue detectado un equipaje con paquetes de billetes envueltos en material plástico, que sumaron 96 mil dólares, y de una bolsa de mano con 4 mil 455 dólares y mil 929 pesos, por lo que el personal de la Administración General de Aduanas avisó a la PGR y detuvo a Hereyko Hayashi Orozco.
Hayashi dijo durante su juicio que el dinero era parte de su negocio de compra y venta de vehículos. Sin embargo no logró aclarar una serie de viajes realizados a Colombia, Panamá y Guatemala, por lo que un juez la condenó a 5 años de cárcel y el pago de 57 mil 480 pesos por el delito de lavado de dinero en su modalidad de transportación.
La captura de Hayashi sólo significó el inicio de la cuenta regresiva para Lucenilla, quien ya era blanco de la DEA, porque supuestamente lo ubicaba como coordinador de las operaciones de compraventa de cocaína hasta por 5 millones de dólares semanales.
Un modo honesto de vivir
El 24 de septiembre, Lucenilla y su novia colombiana Janeth Perilla Ramírez despertaron en su cama rodeados por las armas largas del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal.
Los agentes entraron a las 5:30 horas en su casa de Cerrada de Risco 160, Jardines del Pedregal, con la justificación de la flagrancia, pues no llevaban orden de cateo.
Dijeron que una denuncia anónima alertó de hombres armados y un posible secuestro en dicho domicilio. También fueron detenidos los mexicanos Eduardo Altamirano Charis y Diego Paredes Escalante, así como los colombianos Jorge Hernán Valencia González y Carlos Augusto Echeverri López.
El operativo tuvo lugar seis días después de que el Ejército capturara en la Colonia Prado Coapa a José Carlos Moreno Flores, "La Calentura", operador de "El Chapo" en Guerrero.
"(Los agentes) nerviosamente no dejaban de preguntarnos en dónde tenía las armas, secuestrados y dinero, a lo cual les contesté que desconocía sobre qué me estaban preguntando", relató Lucenilla sobre su detención.
El abogado reconoce como propias dos de las cinco armas que la Policía afirma haber hallado en su casa. Eran una pistola Beretta 9 milímetros y una pistola marca Walter calibre 22, regaladas -según su dicho- por su compadre Gerardo Rodríguez Jiménez, dueño de varios billares.
Los federales dicen que el litigante en realidad traía una pistola en mano y les ofreció un soborno a cambio de dejarlo en libertad.
"Lucenilla Salazar nos dijo que no lo detuviéramos porque trabajaba para el 'Chapo' Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, y que su función era de operador financiero, que si queríamos nos daba una fuerte cantidad de dinero en dólares porque manifestó que él tenía en dicho domicilio más de 900 mil dólares en efectivo y que no se iba a dar por mal servido, además de que él no era chillón y no nos iba a reclamar nada después", señala la corporación.
Algunas fuentes policiales refieren que, recién detenido, Lucenilla dijo dedicarse a la defensa jurídica de narcotraficantes, "mover dinero" de grupos criminales y hacer "pagos especiales" a autoridades, pero no dio un solo nombre.
En la SIEDO rechazó haber confesado cualquier vínculo criminal, y sostuvo que tiene un modo honesto de vivir.
De abogado a agente inmobiliario
Cuando a Lucenilla le preguntaron de dónde provenía el casi millón de dólares en efectivo hallado en una caja fuerte, su coartada fue que se trataba del dinero de la venta de una residencia.
"De lo que hasta ahora recuerdo tenía la cantidad de aproximadamente 990 mil dólares americanos, producto de la venta de una propiedad en la calle Rocas 195, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón", dijo.
La historia oficial que Lucenilla contó a fiscales federales, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/417/2011, es que él y su madre heredaron 80 millones de pesos de su hermano Miguel Ángel. Con ese dinero decidió convertirse en empresario inmobiliario.
Cuenta que invirtió en la casa de la calle Rocas para remodelarla y venderla en un millón de dólares a una señora, hace año y medio. Desde entonces, afirmó, guardó todo el dinero en su caja de seguridad.
Pretender revestir de legalidad el origen del numerario asegurado dio a las autoridades otro dato: la casa que decía haber vendido la usaron los Beltrán Leyva para reuniones privadas con funcionarios.
El testigo protegido "Mateo" declaró a la SIEDO que Héctor Beltrán Leyva, "El H", y Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", se reunieron con el ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve, para entregarle 5 de 15 millones de dólares a su campaña.
Añorve ha rechazado la acusación, y la PGR ha sostenido que ese testimonio sólo tendrá valor en la medida en que sea robustecido por otros medios de convicción, lo que no ha sucedido.
La casa que menciona "Mateo" sobre esa reunión es la de Rocas 195, y fue cateada por la Procuraduría el 20 de octubre de 2010.
Las autoridades tampoco pasaron por alto que Lucenilla dijera dedicarse a litigar procesos penales de presuntos narcotraficantes, pues es desconocida su trayectoria en el foro de los defensores legales o, en su defecto, sería más novedosa que su incursión en el ramo inmobiliario.
Según la SEP, el detenido es graduado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y apenas en 2010, cuando cumplió 37 años, obtuvo su cédula como abogado.
Una pista que, según fuentes policiacas, apareció en esta investigación, apunta a que Lucenilla estaría relacionado con el dueño de un exclusivo restaurante en las Lomas de Chapultepec.
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