Enviado el Wednesday, 30 September a las 23:11:57
Tópico: Estados
La zona de Tabasco a la frontera norte de Tamaulipas se ha convertido en los últimos años en una ruta de alto riesgo para los indocumentados.
Los casos de secuestros, asaltos, agresiones y abusos a migrantes, principalmente centroamericanos, por parte del crimen organizado se han incrementado en esta región en medio de la apatía y corrupción de las autoridades, sostienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y la Iglesia católica.
El Informe Especial sobre los Casos de Secuestros en contra de Migrantes de la CNDH, indica que, de diez mil indocumentados plagiados en seis meses, el 55 % de los delitos se cometió en Veracruz y Tabasco.
En algunos casos se documenta que los centroamericanos fueron trasladados a casas de seguridad o bodegas ubicadas en Reynosa, Tamaulipas, desde donde los captores exigían a los familiares un pago por su liberación.
"Se concentran en Reynosa, ya sea porque los secuestros se lleven a cabo ahí o porque son secuestrados desde el sur de la República, como en Coatzacoalcos, en Tenosique. Entonces, es en Reynosa en donde finalmente son trasladados para pedir el rescate", asegura el quinto visitador del organismo, Mauricio Farah.
El funcionario no descarta que grupos armados como los “Zetas" estén involucrados en los secuestros, pues el organismo defensor de los derechos humanos ha documentado que este grupo delictivo está frecuentemente relacionado en la comisión de este delito en el corredor Tabasco-Tamaulipas.
En lo que va del año, el Ejército ha liberado a más de 550 indocumentados, la mayoría centroamericanos, retenidos por el crimen organizado en al menos cinco casas de seguridad, cuatro en Reynosa y una en Río Bravo, Tamaulipas.
Los sacerdotes Francisco Pellizzari, responsable de la Casa Nazareth de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Alejandro Solalinde Guerra, responsable de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, coinciden en que los “Zetas", brazo armado del Cártel del Golfo tienen el control del tráfico de personas y secuestro en el Golfo de México.
"Hay una coordinación de todos estos grupos de “Zetas”, pero hay todo un aparato oficial que está al servicio de ellos, que está pagado por ellos.
"Ellos pueden desplazarse, ya sean “Zetas” o “Zetitas” (sería como la franquicia del grupo armado).Tienen capacidad para ir desde Centroamérica, todo el recorrido pueden hacerlo, hasta Estados Unidos, pasando Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Ellos vuelven a regresar. Si hay alguno que no está 'registrado' o que no paga, que no está debidamente 'documentado' con ellos, lo torturan, lo matan", indicó Solalinde.
Según Pellizzari, no siempre el agente o el policía es corrupto porque quiere dinero, sino porque está amenazado. "No siempre la gente es corrupta porque quiere, sino porque a veces necesita salvar su vida y la de sus familiares.
"El acoso que usan las bandas de delincuentes es muy interesante. Es un acoso psicológico, constante, todos los días de la semana, 'te estamos cuidando', 'te estamos checando', 'sabemos dónde estás'. Te inmovilizan. Esto, si lo vivimos nosotros, ¿cuánto más lo puede llegar a sentir un migrante, que es un don nadie en la calle?", cuestionó Pellizzari.
En la impunidad.- Una investigación realizada por la CNDH entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 arroja que en este lapso:
9,758 indocumentados fueron secuestrados.
6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad.
2,448 estuvieron varios días en bodegas.
2,500 dólares, monto promedio del pago de rescate.
Del sueño a la pesadilla.- Relatos de migrantes que la CNDH incluye en el libro Bienvenidos al Infierno del Secuestro y donde se acusa a 'Los Zetas' del plagio
Describen a sicarios.- Un migrante secuestrado por "Los Zetas" describe a los integrantes de este grupo delictivo.
"La mayoría de 'Los Zetas', bueno, el grupo principal, lo forman los mexicanos, pero trabajan muchos centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses.
"Caminan con muchas armas, como con 5 ó 6 armas cada sujeto. Usan botas con sus pantalones por dentro. Son de piel blanca, con muchos tatuajes en sus brazos, en sus espaldas en todo su cuerpo y la mayoría tienen cicatrices en cualquier parte de su rostro", dice.
En su caso, un supuesto pollero lo llevó, junto con otros migrantes a una casa, les dio de comer y, posteriormente, empezó a pedir números telefónicos de sus familias.
Todos dieron sus teléfonos, menos él y dos personas más.
"Llamó a uno de 'Los Zetas'. Nos dice: '¿Y quién es el que no quiere dar el número? Den esos números en una hora, y si no, vengo por ustedes. Y se fue".
Finalmente, como la mayoría de los familiares de los migrantes secuestrados pagó rescate, dejaron ir a quienes no proporcionaron los números telefónicos.
'Aquí no existe Dios'.- Chucho, de nacionalidad salvadoreña, cuenta la historia de unos amigos que fueron secuestrados por la Mara Salvatrucha.
"La Mara los entrega a 'Los Zetas' y 'Los Zetas' dan comisión a la Mara.
"Hay 'zetas' que son salvadoreños, hay 'zetas' que son guatemaltecos, que no les importa ver a un hombre llorar, sacarle los sesos. Cuando uno les habla de Dios, nomás se enojan. 'Aquí no existe Dios', me dicen, 'aquí existimos nada más nosotros'", relata.
Dice que uno de sus amigos logró escapar de "Los Zetas" y denunciar su secuestro a la Policía. Le dio señas de la casa donde lo tuvieron y le prometieron ayuda.
"Lo llevaron nuevamente ahí, con 'Los Zetas'. Entonces le dijeron: 'Para que aprendas, te vamos a cortar la mano, cabrón', y se la cortaron.
"Lo dejaron abandonado. Llegó la Cruz Roja y lo llevó al hospital, pero no hay investigación", agrega Chucho.
De acuerdo con el salvadoreño, el grupo armado que opera para el Cártel del Golfo recibe, vía Western Union, entre 2 mil y 5 mil dólares por 15 personas todos los días sin que la empresa haga preguntas.
"Espero en Dios que no me vuelva a topar con 'Los Zetas', porque cuando estás ahí estás tocando el infierno con tus propias manos", indica.
'La Policía nos reportó'.- Juana y su hermano iban saliendo de Tampico cuando los detuvieron agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal en una caseta. A medianoche los dejaron en una calle oscura, los subieron a unos carros y los trasladaron a una casa donde estuvieron 9 días, hasta que sus familiares pagaron el rescate.
Relatan que cuando llegaron a la casa de seguridad había 100 personas más y a una muchacha la estaban violando.
"Yo digo que eran 'Los Zetas' porque ellos mismos lo dijeron: 'ustedes no saben con quién están, están con el Cártel del Golfo y 'Los Zetas'", cuenta Juana.
Dice que, después de que se pagó por su liberación, los plagiarios los subieron a un autobús y les cambiaron el nombre.
"A mí me pusieron Carmen Rebollosa y cuando íbamos pasando la caseta que está saliendo de Tampico, ya estábamos reportados con 'Los Zetas'.
"Reportaron que nosotros veníamos en el asiento 25 y 26, y en la otra caseta, entrando a Reynosa, también ya estábamos reportados. La Policía y ellos trabajan juntos. Yo sé que ya estábamos reportados, porque ellos nos lo dijeron: 'El asiento 25 y 26 ya están reportados por ellos, a ellos ya no hay que tocarlos'",sostiene Juana.
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California.- Activistas han expresado su ira por una fotografía en la que un agente de la Patrulla Fronteriza ayuda a un menor a disparar con una pistola de paintball contra un objetivo que asemeja a una persona.
La escena parece representar como si se abriera fuego contra un inmigrante, a decir de los activistas.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza señaló el viernes en un comunicado que cualquier sugerencia que implique que la agencia enseña a civiles a atacar a inmigrantes es totalmente falsa.
La fotografía, en la que se ve un dispositivo que parece un arma, fue tomada durante una demostración de la Policía en un centro comercial cerca de la frontera mexicana.
El portavoz Paul D. Carr dijo que el objetivo utilizado fue una figura antropomorfa sin características particulares como las que se utilizan de manera ordinaria en los campos de tiro.
"El objetivo utilizado es el común usado por las autoridades y por aficionados en todo EU", dijo Carr.
Para el presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes en San Diego, Pedro Ríos, la demostración fue inadmisible porque implicó a un menor y se efectuó en un lugar próximo a zonas donde han sido baleadas personas de verdad.
Las fotos fueron tomadas durante una celebración de la Fundación Roberto J. Durán, creada por varios agentes fronterizos en memoria de un agente fallecido en 2002, que se realiza desde hace 10 años en la zona fronteriza de San Ysidro, California.
El evento consiste en una carrera de 5 kilómetros, y en ninguna parte del sitio web se menciona un juego con armas, pero, según testigos citados por diario El País, la actividad se realiza al menos desde 2012.
Algunas de las fotos estaban en la página de Facebook del evento, que desde entonces ha sido borrada.
"Es una seria falta de sensibilidad que permitan a menores usar a una figura que representa a un migrante, cuando a unos 100 metros de allí agentes de la patrulla fronteriza han estado involucrados en actos donde migrantes han perdido la vida", dijo el director del Comité de Servicios Americanos al diario El País.
Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley.
CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.
Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.
Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.
Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.
Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.
El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.
“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.
En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.
Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.
Tierra de narcos
El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.
Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).
Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.
Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.
Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).
En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.
“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.
Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879)
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La caravana de madres de migrantes centroamericanos “Liberando la Esperanza” concluyó este sábado su recorrido de 19 días por 14 entidades del país en su búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en su paso por México.
Las mujeres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala iniciaron su trayecto el pasado 14 de octubre.
Durante su recorrido, las madres centroamericanas presenciaron cinco reencuentros, el primero de ellos en la casa del migrante “La 72, hogar-refugio para personas migrantes”, localizada en Tenosique, Tabasco, y el segundo en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Los tres reencuentros restantes se realizaron, uno, en la Ciudad de México, y dos en Chiapas.
Durante su recorrido, las integrantes de la caravana le recordaron al Estado mexicano su responsabilidad por el hostigamiento, la persecución, la discriminación y la violencia hacia sus hijos cuando atraviesan este territorio con el propósito de llegar a Estados Unidos, todo ello con la complicidad de “funcionarios corruptos”.
Tras concluir su recorrido por México, la caravana emitió una declaratoria.
En el documento, leído en conferencia de prensa, señalan que buscaron la empatía de la sociedad mexicana para la causa migrante, además de “exigir a los gobiernos centroamericanos y mexicano, que de manera definitiva ejecuten acciones congruentes, a fin de detener la crisis humanitaria que afecta a los migrantes centroamericanos y sus familiares”.
Agregan que “encontramos que las organizaciones criminales amplían cada vez más su espectro de acción con estas poblaciones migrantes, donde la trata y el secuestro ya ocupan el segundo lugar de ingresos para la delincuencia organizada”.
Además, sostienen, el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación de mujeres y hombres, y la trata de personas son una constante que convierte a los migrantes en una mercancía más para sus gigantescas ganancias económicas, según el texto, reproducido por Notimex.
Destacaron que “los gobiernos locales sólo nos ayudaron con temas de seguridad, pero no hubo ningún compromiso verdadero, ningún gobernador de los estados tuvo ese interés por escuchar a las madres, dijo Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano a la agencia noticiosa EFE.
Dallas, Texas.- Al menos dos inmigrantes murieron y otro más resultó herido, luego de que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) disparó desde un helicóptero contra un vehículo en el que viajaban varios indocumentados, se informó hoy.
El DPS confirmó este viernes la muerte de los dos indocumentados en el incidente registrado alrededor de las 15:00 horas del jueves (20:00 GMT) al norte de la comunidad de La Joya, en la frontera con México.
Mientras, el consulado de Guatemala en McAllen ya investiga los hechos pues las víctimas podrían ser originarias de ese país.
En un comunicado, el DPS indicó que se lleva a cabo la investigación correspondiente ya que al parecer el vehículo era seguido por las autoridades al considerarlo como sospechoso de transportar un cargamento con drogas.
El incidente ocurrió cuando un helicóptero de la DPS se sumó a la persecución de un vehículo sospechoso, que era seguido por agentes del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Texas.
El vehículo, un pick-up rojo de modelo reciente, "parecía tener una típica carga de droga cubierta" en la parte trasera y "estaba viajando a velocidades imprudentes que ponen en peligro al público", señaló la corporación.
El DPS admitió que uno de sus patrulleros disparó su arma desde el helicóptero para desactivar al vehículo y que una vez que el automóvil se detuvo se determinó que no transportaba droga, sino a 10 indocumentados, dos de ellos murieron y otro resultó lesionado.
Los agentes del DPS y de la Patrulla Fronteriza detuvieron a los otros siete indocumentados en el lugar y transportaron al lesionado a un hospital de la zona.
El DPS informó que la investigación está siendo conducida por los "Texas Rangers", el grupo elite de la policía estatal. El agente que disparó el arma está bajo suspensión administrativa, mientras se concluye la averiguación.
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