El Movimiento Femen expresó su preocupación por el destino de Amina, una tunecina condenada a muerte por difundir en Facebook una fotografía en topless con un mensaje de protesta y llamó a las mujeres del mundo unírsele.
La organización feminista, surgida en Ucrania en 2008 y cuyas manifestaciones se caracterizan por protestar con sus pechos desnudos, consideraron una "brutalidad" la condena contra Amina de parte de "islamistas brutos".
En un mensaje difundido en su página en Internet, junto a la fotografía de otra tunecina que expresó en topless su apoyo a Amina, Femen expresó su temor por la suerte de la activista de 19 años, quien fue condena a muerte por la "protesta".
"Femen insta a las mujeres a luchar por su libertad contra las atrocidades religiosas. Instamos a todas las mujeres interesadas, especialmente de origen árabe, a participar en nuestra resistencia anti islámica, silenciando a los predicadores de la muerte", indicó.
sábado, 23 de marzo de 2013
domingo, 3 de febrero de 2013
cambio de sexenio
Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto regresó este sábado alrededor de las 22:30 horas a las instalaciones de la Torre de Pemex en el DF, donde el pasado jueves ocurrió una explosión que dejó al menos 33 muertos, para supervisar las labores de rescate que ahí se realizan.
A través de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia se informó que el presidente se econtraba en el lugar.
Minutos antes, elementos del Estado Mayor Presidencial instalaron vallas metálicas y se alistó también un estacionamiento frente al complejo administrativo para que pudiera decender el helicóptero presidencial; sin embargo, el mandatario arribó vía terrestre.
Por otro lado, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, supervisan también el rescate de posibles víctimas en el edificio B2 de Pemex.
Chong también tuitió que se encuentra en las instalaciones de Pemex con el presidente Peña Nieto.
"Recorrido con el Presidente @EPN en la torre B2 supervisa personalmente el posible rescate de más personas", escribió.
02 de febrero de 2013 • actualizado a las 11:43
Ciudad de México.- Durante los primeros meses de la Administración de Enrique Peña Nieto han sido ejecutadas mil 524 personas de acuerdo con el Ejecutómetro de REFORMA.
A través de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia se informó que el presidente se econtraba en el lugar.
"El presidente @EPN realiza en este momento una evaluación en el complejo administrativo de Pemex y de las labores de rescate", tuitió.
Minutos antes, elementos del Estado Mayor Presidencial instalaron vallas metálicas y se alistó también un estacionamiento frente al complejo administrativo para que pudiera decender el helicóptero presidencial; sin embargo, el mandatario arribó vía terrestre.
Por otro lado, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, supervisan también el rescate de posibles víctimas en el edificio B2 de Pemex.
Chong también tuitió que se encuentra en las instalaciones de Pemex con el presidente Peña Nieto.
"Recorrido con el Presidente @EPN en la torre B2 supervisa personalmente el posible rescate de más personas", escribió.
02 de febrero de 2013 • actualizado a las 11:43
Ciudad de México.- Durante los primeros meses de la Administración de Enrique Peña Nieto han sido ejecutadas mil 524 personas de acuerdo con el Ejecutómetro de REFORMA.
domingo, 27 de enero de 2013
martes, 22 de enero de 2013
#SedenaLeaks
20 de enero de 2013 • 20:22
Anonymos lanzó su amenaza de dar a conocer el nombre, especialidad, número de identidad, email, teléfono, matrícula etc., de 25 mil 758 militares, seguido del hastag #SedenaLeaks.
Luego del hackeo a la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, Anoymous México aseguró tener información confidencial de al menos 25 mil militares.
Anonymos lanzó su amenaza de dar a conocer el nombre, especialidad, número de identidad, email, teléfono, matrícula etc., de 25 mil 758 militares, seguido del hastag #SedenaLeaks.
Luego del hackeo a la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, Anoymous México aseguró tener información confidencial de al menos 25 mil militares.
pandillas en los Estados Unidos
México, DF.- Según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas organizaciones delictivas.
El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.
Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.
El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.
El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.
Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.
El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.
domingo, 20 de enero de 2013
La lucha que emprendio Felipe Calderón
13 de enero del 2013
David T. Ellwood Dean,
Harvard Kennedy School
Scott M. Black Professor of Political Economy
david_ellwood@Harvard.Edu
Estimado Profesor Ellwood,
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar “la dignidad de otros” y por tomar en cuenta las “consecuencias que las políticas tienen en las personas”. En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la “responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales”. Dado que el expresidente de México Felipe Calderón es investigador asociado de la Kennedy School ¿qué tanto cumple con esos criterios? Hay aspectos que reconocerle a la gestión de Felipe Calderón (2006-2012).
Rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas y salvo algunas excepciones importantes tiene un historial razonable en libertad de expresión y acceso a la información. Como parte de la normalidad democrática el análisis de su gestión ya está haciéndose en las universidades. Lo que se discute intensamente es la responsabilidad que tuvo en la tragedia humanitaria causada por esa guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año, etcétera.
Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedentes debida, en parte, a decisiones tomadas por el expresidente Calderón quien, incluso, tiene dos denuncias ante la Corte Penal Internacional.
Sería injusto acusar a Felipe Calderón de haber ordenado la barbarie. Sí podemos asegurar que no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Por razones de espacio nos centraremos en la tragedia de los desaparecidos. Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre del 2012 es importante que “todos sepamos dónde está la gente que más sufre”.
La Procuraduría General de la República sí elaboró una lista de desaparecidos durante los seis años de Calderón, pero nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella también obtuvo de empleados de la PGR. Tiene los nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años y medio del gobierno de Felipe Calderón (www.propuestacivica.org.mx). El documento demuestra la poca prioridad que su administración le dio al asunto: las denuncias no fueron investigadas y los familiares no fueron informados.
El Estado mexicano ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de desaparición forzada (caso Rosendo Radilla): en ella se indica que existe la obligación de investigar la suerte de los desaparecidos e informar a los familiares. Además, el 20 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, hizo público su informe derivado de la misión que en marzo de ese mismo año realizó a México (A/HRC/19/58/Add.2). Ahí se describe con objetividad y mucho detalle la situación que se gestó durante la administración del presidente Calderón. No obstante el lenguaje diplomático que se acostumbra en este tipo de documentos, en ese informe se descubre la responsabilidad gubernamental, se enfatiza recurrentemente la participación de agentes del estado a nivel federal en las desapariciones y la ausencia de medidas para solucionar la situación. Señaladamente, el informe reprueba el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, por propiciar graves violaciones de derechos humanos, y recomienda su retiro paulatino pero en el corto plazo. El Gobierno de Calderón se limitó a ignorar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y las peticiones que organizaciones y académicos de México y el mundo hemos hecho. Por ello es que sostenemos que Felipe Calderón es presunto responsable de la violación de los derechos de al menos 25 mil víctimas de la desaparición forzada.
Profesor Ellwood, usted calificó al “presidente Calderón de ejemplo vivo de un servidor público dinámico y comprometido”. ¿Cómo puede usted sustentar dicha afirmación, cuando hay tanta evidencia en contra?. Felipe Calderón fue un presidente insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias. Franklin Delano Roosevelt justificó la Ley de Préstamos y Arriendos (marzo de 1941) para entregar equipo bélico y humanitario a los aliados amenazados por los países del Eje diciendo que se trata de “ayudar a apagar el fuego en la casa del vecino antes de que tu casa se incendie y termine hecha cenizas”. México se consume en una tragedia humanitaria ante la indiferencia de una parte de la sociedad estadunidense. Otra, por el contrario nos ha acompañado todo el tiempo y ha enjuagado nuestras lágrimas y restañado nuestras heridas.
En suma, profesor Ellwood, consideramos que la incorporación de Felipe Calderón como investigador visitante de la Kennedy School es un insulto a las víctimas de la violencia en México. Es por ello que le solicitamos respetuosa y formalmente que nos informe por escrito las razones que llevaron a la Kennedy School a incorporar a Felipe Calderón como integrante del Programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos del John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Con base en la información aquí presentada no cumple con los criterios éticos de esta institución.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad Sergio Aguayo
Profesor de El Colegio de México,
presidente de Propuesta Cívica
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/14-01-2013/490500. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido.
SINEMBARGO.MX
David T. Ellwood Dean,
Harvard Kennedy School
Scott M. Black Professor of Political Economy
david_ellwood@Harvard.Edu
Estimado Profesor Ellwood,
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar “la dignidad de otros” y por tomar en cuenta las “consecuencias que las políticas tienen en las personas”. En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la “responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales”. Dado que el expresidente de México Felipe Calderón es investigador asociado de la Kennedy School ¿qué tanto cumple con esos criterios? Hay aspectos que reconocerle a la gestión de Felipe Calderón (2006-2012).
Rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas y salvo algunas excepciones importantes tiene un historial razonable en libertad de expresión y acceso a la información. Como parte de la normalidad democrática el análisis de su gestión ya está haciéndose en las universidades. Lo que se discute intensamente es la responsabilidad que tuvo en la tragedia humanitaria causada por esa guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año, etcétera.
Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedentes debida, en parte, a decisiones tomadas por el expresidente Calderón quien, incluso, tiene dos denuncias ante la Corte Penal Internacional.
Sería injusto acusar a Felipe Calderón de haber ordenado la barbarie. Sí podemos asegurar que no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Por razones de espacio nos centraremos en la tragedia de los desaparecidos. Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre del 2012 es importante que “todos sepamos dónde está la gente que más sufre”.
La Procuraduría General de la República sí elaboró una lista de desaparecidos durante los seis años de Calderón, pero nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella también obtuvo de empleados de la PGR. Tiene los nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años y medio del gobierno de Felipe Calderón (www.propuestacivica.org.mx). El documento demuestra la poca prioridad que su administración le dio al asunto: las denuncias no fueron investigadas y los familiares no fueron informados.
El Estado mexicano ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de desaparición forzada (caso Rosendo Radilla): en ella se indica que existe la obligación de investigar la suerte de los desaparecidos e informar a los familiares. Además, el 20 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, hizo público su informe derivado de la misión que en marzo de ese mismo año realizó a México (A/HRC/19/58/Add.2). Ahí se describe con objetividad y mucho detalle la situación que se gestó durante la administración del presidente Calderón. No obstante el lenguaje diplomático que se acostumbra en este tipo de documentos, en ese informe se descubre la responsabilidad gubernamental, se enfatiza recurrentemente la participación de agentes del estado a nivel federal en las desapariciones y la ausencia de medidas para solucionar la situación. Señaladamente, el informe reprueba el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, por propiciar graves violaciones de derechos humanos, y recomienda su retiro paulatino pero en el corto plazo. El Gobierno de Calderón se limitó a ignorar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y las peticiones que organizaciones y académicos de México y el mundo hemos hecho. Por ello es que sostenemos que Felipe Calderón es presunto responsable de la violación de los derechos de al menos 25 mil víctimas de la desaparición forzada.
Profesor Ellwood, usted calificó al “presidente Calderón de ejemplo vivo de un servidor público dinámico y comprometido”. ¿Cómo puede usted sustentar dicha afirmación, cuando hay tanta evidencia en contra?. Felipe Calderón fue un presidente insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias. Franklin Delano Roosevelt justificó la Ley de Préstamos y Arriendos (marzo de 1941) para entregar equipo bélico y humanitario a los aliados amenazados por los países del Eje diciendo que se trata de “ayudar a apagar el fuego en la casa del vecino antes de que tu casa se incendie y termine hecha cenizas”. México se consume en una tragedia humanitaria ante la indiferencia de una parte de la sociedad estadunidense. Otra, por el contrario nos ha acompañado todo el tiempo y ha enjuagado nuestras lágrimas y restañado nuestras heridas.
En suma, profesor Ellwood, consideramos que la incorporación de Felipe Calderón como investigador visitante de la Kennedy School es un insulto a las víctimas de la violencia en México. Es por ello que le solicitamos respetuosa y formalmente que nos informe por escrito las razones que llevaron a la Kennedy School a incorporar a Felipe Calderón como integrante del Programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos del John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Con base en la información aquí presentada no cumple con los criterios éticos de esta institución.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad Sergio Aguayo
Profesor de El Colegio de México,
presidente de Propuesta Cívica
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/14-01-2013/490500. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido.
SINEMBARGO.MX
domingo, 13 de enero de 2013
comercio mundial de la cocaína
4 Enero, 2013 - 01:05
Credito:
Ana Langner / El Economista
Hoy por hoy, los cárteles mexicanos son los principales actores del comercio mundial de la cocaína y trabajan para tomar control del mercado que no está bajo su jurisdicción, refirió la consultora en geopolítica Stratfor, citando a fuentes estadounidenses antinarco.
La firma detalló que los esfuerzos de los cárteles en México no se limita a incrementar la producción de cocaína, sino a intervenir en el contrabando de Sudamérica a Europa y Australia, y han establecido presencia en África, Asia y Europa.
Además, han intensificado sus actividades en lugares como República Dominicana y Haití, en un intento por aumentar la participación en el contrabando a través del Caribe para EU.
Con las recientes operaciones estadounidenses, como la Operación Xcellerator, Chokehold y Operación Emperador Imperial, los cárteles mexicanos también han aumentado su presencia en los puntos de distribución dentro de la Unión Americana, como en Chicago, Atlanta y Dallas, en un esfuerzo por aumentar su participación en la cadena de beneficios de la cocaína en EU.
Mientras que las ventas de marihuana siempre han sido una importante fuente financiera, los grandes beneficios del comercio de la cocaína son los que han permitido que los cárteles sean tan poderosos. Los miles de millones de dólares de ganancias que se obtienen de tráfico de cocaína han motivado a la expansión de los cárteles mexicanos a nivel global, lo han financiado, pues las ganancias de la cocaína permiten que puedan comprar barcos, aviones, contrabandistas y asesinos de alquiler (sicarios), así como sobornar a funcionarios.
ana.langner@eleconomista.mx
MÉXICO, D.F. (apro).- Un tribunal de Guatemala condenó a 36 integrantes de Los Zetas con penas que van de los dos a los 158 años de cárcel, luego de hallarlos culpables de los delitos de asesinato, secuestro, tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones.
De todos los sentenciados por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, solo uno, Salvador Argüelles Briones, es mexicano y el resto de nacionalidad guatemalteca, según informó la agencia Europa Press.
Argüelles fue condenado a 97 años de cárcel, junto a otros dos guatemaltecos, al ser encontrados culpables del asesinato del fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, perpetrado el 24 de mayo de 2011 en el departamento (estado) de Alta Verapaz.
El fiscal –quien había participado en un operativo para decomisar 500 kilogramos de droga que pertenecía al grupo criminal– fue desmembrado por sus victimarios, que dejaron sus restos esparcidos frente al edificio de la Gobernación Departamental.
Las mayores condenas, de 158 años, fueron impuestas a los guatemaltecos Hugo Álvaro Gómez Vásquez, El Comandante Bruja, y Élder Estuardo Morales Madrid, El Comandante Fresa, de acuerdo con la resolución judicial.
Los dos fueron hallados culpables de un secuestro y tres asesinatos perpetrados en mayo de 2011 en el departamento norteño de Petén.
Otro miembro de Los Zetas, el guatemalteco Carlos Martínez, fue condenado a 58 años por asesinato y asociación ilícita.
Según el Tribunal, dos guatemaltecos cumplirán una condena de 47 años por tenencia ilegal de armas, comercio y tráfico de drogas, y uno más cumplirá 45 años por conspiración para el asesinato y posesión de drogas, entre otros delitos.
Por su parte, José Arístides Xol recibió una sentencia de 44 años de prisión por asociación ilícita, conspiración y tenencia ilegal de municiones, mientras que Luswin Alberto Zelada, Comandante Lombriz, fue condenado a 43 años por homicidio en grado de tentativa y atentado contra las fuerzas de seguridad en junio de 2011.
Otros cinco guatemaltecos deberán cumplir 23 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y porte ilegal de explosivos, y el resto entre ocho y 58 años de cárcel por diferentes delitos
Los 36 miembros de Los Zetas condenados –entre los que figuran dos mujeres que cumplirán dos y 16 años de cárcel por porte ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y encubrimiento propio– fueron detenidos durante 2011 en diferentes regiones del interior del país.
Monterrey.- El Ejército Mexicano desarticuló una banda de narcomenudistas que operaba para el grupo delictivo de los Zetas en el Municipio de Cadereyta, entre los que destaca la presencia de dos hondureños, quienes confesaron haber pertenecido a la milicia en su país.
En presentación en las instalaciones de la Policía Ministerial, el vocero castrense informó que durante un patrullaje de rutina en la colonia Privada de San Juan, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en flagrancia a nueve individuos, cinco de ellos menores de edad, en posesión de 225 envoltorios de marihuana y 225 envoltorios de cocaína, además de tres equipos de comunicación.
Los detenidos responden a los nombres de Alex Alan Rodríguez Loredo, Liliana Juanita Guerrero Moreno, y cinco menores que por ley no fueron identificados ni presentados.
Además, fueron detenidos Roger Ivan López Dávila y Carlos Alfredo Herrera Gómez, ambos de nacionalidad hondureña, quienes reconocieron haber sido elementos activos del Ejército en el país centroamericano.
En las primeras indagatorias, ambos refieren haber llegado a la entidad con la consigna de adiestrar a los integrantes de una célula delictiva de los Zetas en el uso de armas de fuego y tácticas de la milicia, por lo que su detención supone un importante logro de las autoridades.
Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras los originarios de Honduras serán puestos además a disposición del servicio migratorio y sus fichas giradas a la justicia internacional, para descartar su posible participación en otros delitos fuera del país.
Credito:
Ana Langner / El Economista
Hoy por hoy, los cárteles mexicanos son los principales actores del comercio mundial de la cocaína y trabajan para tomar control del mercado que no está bajo su jurisdicción, refirió la consultora en geopolítica Stratfor, citando a fuentes estadounidenses antinarco.
La firma detalló que los esfuerzos de los cárteles en México no se limita a incrementar la producción de cocaína, sino a intervenir en el contrabando de Sudamérica a Europa y Australia, y han establecido presencia en África, Asia y Europa.
Además, han intensificado sus actividades en lugares como República Dominicana y Haití, en un intento por aumentar la participación en el contrabando a través del Caribe para EU.
Con las recientes operaciones estadounidenses, como la Operación Xcellerator, Chokehold y Operación Emperador Imperial, los cárteles mexicanos también han aumentado su presencia en los puntos de distribución dentro de la Unión Americana, como en Chicago, Atlanta y Dallas, en un esfuerzo por aumentar su participación en la cadena de beneficios de la cocaína en EU.
Mientras que las ventas de marihuana siempre han sido una importante fuente financiera, los grandes beneficios del comercio de la cocaína son los que han permitido que los cárteles sean tan poderosos. Los miles de millones de dólares de ganancias que se obtienen de tráfico de cocaína han motivado a la expansión de los cárteles mexicanos a nivel global, lo han financiado, pues las ganancias de la cocaína permiten que puedan comprar barcos, aviones, contrabandistas y asesinos de alquiler (sicarios), así como sobornar a funcionarios.
ana.langner@eleconomista.mx
MÉXICO, D.F. (apro).- Un tribunal de Guatemala condenó a 36 integrantes de Los Zetas con penas que van de los dos a los 158 años de cárcel, luego de hallarlos culpables de los delitos de asesinato, secuestro, tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones.
De todos los sentenciados por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, solo uno, Salvador Argüelles Briones, es mexicano y el resto de nacionalidad guatemalteca, según informó la agencia Europa Press.
Argüelles fue condenado a 97 años de cárcel, junto a otros dos guatemaltecos, al ser encontrados culpables del asesinato del fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, perpetrado el 24 de mayo de 2011 en el departamento (estado) de Alta Verapaz.
El fiscal –quien había participado en un operativo para decomisar 500 kilogramos de droga que pertenecía al grupo criminal– fue desmembrado por sus victimarios, que dejaron sus restos esparcidos frente al edificio de la Gobernación Departamental.
Las mayores condenas, de 158 años, fueron impuestas a los guatemaltecos Hugo Álvaro Gómez Vásquez, El Comandante Bruja, y Élder Estuardo Morales Madrid, El Comandante Fresa, de acuerdo con la resolución judicial.
Los dos fueron hallados culpables de un secuestro y tres asesinatos perpetrados en mayo de 2011 en el departamento norteño de Petén.
Otro miembro de Los Zetas, el guatemalteco Carlos Martínez, fue condenado a 58 años por asesinato y asociación ilícita.
Según el Tribunal, dos guatemaltecos cumplirán una condena de 47 años por tenencia ilegal de armas, comercio y tráfico de drogas, y uno más cumplirá 45 años por conspiración para el asesinato y posesión de drogas, entre otros delitos.
Por su parte, José Arístides Xol recibió una sentencia de 44 años de prisión por asociación ilícita, conspiración y tenencia ilegal de municiones, mientras que Luswin Alberto Zelada, Comandante Lombriz, fue condenado a 43 años por homicidio en grado de tentativa y atentado contra las fuerzas de seguridad en junio de 2011.
Otros cinco guatemaltecos deberán cumplir 23 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y porte ilegal de explosivos, y el resto entre ocho y 58 años de cárcel por diferentes delitos
Los 36 miembros de Los Zetas condenados –entre los que figuran dos mujeres que cumplirán dos y 16 años de cárcel por porte ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y encubrimiento propio– fueron detenidos durante 2011 en diferentes regiones del interior del país.
Monterrey.- El Ejército Mexicano desarticuló una banda de narcomenudistas que operaba para el grupo delictivo de los Zetas en el Municipio de Cadereyta, entre los que destaca la presencia de dos hondureños, quienes confesaron haber pertenecido a la milicia en su país.
En presentación en las instalaciones de la Policía Ministerial, el vocero castrense informó que durante un patrullaje de rutina en la colonia Privada de San Juan, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en flagrancia a nueve individuos, cinco de ellos menores de edad, en posesión de 225 envoltorios de marihuana y 225 envoltorios de cocaína, además de tres equipos de comunicación.
Los detenidos responden a los nombres de Alex Alan Rodríguez Loredo, Liliana Juanita Guerrero Moreno, y cinco menores que por ley no fueron identificados ni presentados.
Además, fueron detenidos Roger Ivan López Dávila y Carlos Alfredo Herrera Gómez, ambos de nacionalidad hondureña, quienes reconocieron haber sido elementos activos del Ejército en el país centroamericano.
En las primeras indagatorias, ambos refieren haber llegado a la entidad con la consigna de adiestrar a los integrantes de una célula delictiva de los Zetas en el uso de armas de fuego y tácticas de la milicia, por lo que su detención supone un importante logro de las autoridades.
Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras los originarios de Honduras serán puestos además a disposición del servicio migratorio y sus fichas giradas a la justicia internacional, para descartar su posible participación en otros delitos fuera del país.
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