Acuerdo Transpacífico, otra amenaza para Internet
6 Julio, 2012 - 09:33Credito:
Julio Sánchez Onofre / El Economista
Con la aceptación de México en las negociaciones para ingresar al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), anunciada en junio pasado, se avecina una nueva amenaza para la libertad en Internet, advirtieron expertos.
El TPP es un tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Gracias a un documento filtrado el año pasado, se reveló que Estados Unidos busca la inclusión de una cláusula de protección de derechos de autor y propiedad intelectual para el bloque comercial que, de aprobarse, serían efectivas al término de las rondas de negociación a finales del 2012.
Esto implicaría regulaciones más severas que las propuestas en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés), un tratado que tanto el Senado mexicano como el parlamento de la Unión Europea, rechazaron en febrero y julio de este año, respectivamente, explicó Antonio Martínez Velázquez, activista y defensor de la autorregulación y libertad en Internet.
“El TPP, que está pugnando el secretario de Economía Bruno Ferrari en México, tiene implicaciones peores que ACTA y está relacionado con la propiedad intelectual y patentes con toda la costa del Pacífico”, advirtió en entrevista.
La falta de transparencia en las negociaciones del TPP, en las que se prohibió la presencia de observadores independientes, ha sido criticada por organizaciones internacionales como Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo defensor de los derechos digitales.
El TPP tendrá un capítulo de Propiedad Intelectual que tendrá un importante impacto en los derechos de los ciudadanos, en el futuro de la infraestructura global de Internet y la innovación alrededor del mundo (…) Como ACTA, el TPP es negociado rápidamente con poca transparencia”, sostiene el organismo.
Un análisis elaborado por Infojustice.org, proyecto del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la Escuela de Leyes de la American University Washington, explica que el TPP implica la modificación de legislaciones locales para armonizarlas con protocolos y convenciones impuestas por otros países para la “protección” de los derechos de autor.
Además endurece la criminalización y multas para los proveedores de Internet como Servicio (ISP, por su sigla en inglés) para identificar a los “infractores”, una medida contenida en la ley antipiratería Stop Online Piracy Act (SOPA) que el congreso estadounidense congeló a inicios del año tras una serie de protestas a nivel mundial.
De aprobarse estas cláusulas protectoras de la propiedad intelectual, así como el ingreso de México dentro del bloque comercial del Pacífico que sería definido este mismo año, el Senado tendría que ratificar la decisión, por lo que el destino de la libertad de Internet en el país estaría en manos de la legislatura entrante.
El congresista del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, Rodrigo Pérez-Alonso, manifestó estar a favor de la protección de la propiedad intelectual en Internet a base de multas a los “infractores”.
Pero consideró que lo principal será que la industria de contenidos adopte un modelo de negocio más flexible para encontrar un “equilibrio” entre la colaboración sin censurar la Internet.
Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, reconoció que la defensa de la libertad de Internet tendrá un camino largo en el próximo sexenio.
“Van a desarrollar iniciativas de muchas iniciativas como SOPA o PIPA que quedaron bloqueadas en el norteamericano. Habrá batallas fieras en el manejo de la información privada y la libertad de los usuarios de Internet; y el control de los medios y el propio poder político”, proyectó Castellón Fonseca.
El activista Martínez Velázaquez, dijo que el reto será seguir de cerca las negociaciones del TPP y establecer mesas de análisis que incluyan a la sociedad civil, academia, legisladores y defensores de los derechos humanos, como se hizo con ACTA en su momento, para garantizar la libertad digital.
“Tendremos que estar combatiendo constantemente este tipo de leyes y acuerdos, y pugnar por que haya grupos de trabajo como el que logramos establecer para ACTA, que son iniciativas que parten de una ignorancia porque los diputados no saben de estos temas”, concluyó.
julio.sanchez@eleconomista.mx
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