'Global Witness', un grupo defensor de los derechos humanos que investiga la explotación de los recursos naturales, dijo que al menos 106 personas murieron en el 2011, casi el doble de la cifra del 2009, en ataques y enfrentamientos en países ricos en recursos como Brasil, Indonesia y Perú.
Un total de 711 personas murieron entre el 2002 y el 2011 en este tipo de disputas, lo que se traduce en más de un deceso por semana, añadió la entidad, que además indicó que se impuso una cultura de impunidad en la que apenas hubo condenas.
"Es una paradoja bien conocida que muchos de los países más pobres del mundo son el hogar de los recursos que impulsan la economía mundial", dijo el informe.
"Ahora, como la carrera para tener acceso a estos recursos se intensifica, es la gente pobre y los activistas los que cada vez se encuentran más en la línea de fuego", añadió.
Los pactos sobre recursos naturales fueron acordados a menudo en secreto entre funcionarios, élites política y empresarial, según el informe, dejando a las personas de la tierra o de los bosques afectados sin ningún derecho o voz en el proceso.
Aquellos que intentaron hablar fueron castigados a menudo con violencia, desalojos forzosos o asesinatos.
"Los asesinatos tuvieron una gran variedad de formas, incluyendo enfrentamientos entre comunidades y fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muertes confirmadas, muertes bajo custodia, o asesinatos selectivos", señaló el reporte.
FEROZ COMPETENCIA POR LOS RECURSOS
Los países con el mayor número de asesinatos registrados fueron Brasil, Perú, Colombia y Filipinas, donde hubo más de un asesinato por semana, según Global Witness.
"Global Witness considera que estas tendencias son sintomáticas de una competencia cada vez más feroz por los recursos, con la consecuente brutalidad e injusticia" manifestó el escrito.
"La tierra y los bosques son usados para un rango de propósitos que incluyen la agricultura intensiva, la minería, las plantaciones, la tala de árboles, la expansión urbana y los proyectos de energía hidroeléctrica", indicó.
En uno de los casos descritos en el informe, Eliezer "Boy" Billanes, líder de una comunidad en Filipinas que puso en marcha una campaña contra un proyecto de extracción de cobre y oro, fue asesinado por dos hombres sin identificar que conducían una motocicleta mientras compraba el periódico.
Su asesinato, en el 2009, tuvo lugar pocas semanas después de que él mismo informara de que estaba amenazado por las fuerzas militares de la zona.
En otro caso -en abril de este año- Chut Wutty, un activista por el medio ambiente de Camboya, fue asesinado por miembros de la Policía Militar Camboyana mientras llevaba a cabo un estudio de campo sobre la tala ilegal y la confiscación de tierras.
Global Witness dijo que la investigación del Gobierno sobre su muerte se abrió y cerró en tres años. No pudo hacer frente a cómo o por qué fue asesinado, al tiempo que prohibieron que nadie más investigara la venta masiva de recursos naturales del país, dijo el informe.
"Si este problema no se aborda de manera urgente, es probable que empeore, particularmente a medida que esperamos más inversiones en países con normas de derecho débiles", expresó Global Witness.
"Esto podría significar conflictos más violentos sobre los proyectos de inversión y disputas por la tenencia de la tierra, con consecuencias potencialmente trágicas", finalizó.
(Traducido en la Redacción de Madrid; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)
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