Regina Martínez Pérez

XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno del priista Javier Duarte volvió a insistir en el robo como único móvil en el asesinato de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez.

Al difundir un boletín sobre una comparecencia en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, el gobierno estatal reiteró que el reloj de pulso color café marca Citizen, que pertenecía a la periodista, se encontró en posesión de Sergio Hernández Martínez, El Mafer.

Este último es quien señaló a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y a su copartícipe, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, como los sujetos que presuntamente le vendieron el objeto robado.

En dicha comparecencia, el gobierno de Duarte de Ochoa aseguró que los familiares de la periodista Regina Martínez reconocieron el objeto robado por los homicidas y que éstos tenían en posesión.

“Se fortalece la imputación en contra del procesado”, presume el gobierno de Veracruz en el boletín 4921, acción que destaca dentro de la investigación que se sigue por el homicidio de Martínez Pérez y el desarrollo de la causa penal 358/2012, instruida en contra de El Silva.

“En esta comparecencia, personal actuante del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa mostró (a familiares de Regina Martínez) un reloj Citizen con extensible café de piel, asegurado durante la investigación ministerial a Sergio Hernández Martínez, El Mafer, quien refirió que ese objeto se lo vendió José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, en compañía de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, junto con otros objetos sustraídos el día en que privaron de la vida a la periodista”, se subraya en el comunicado.

Previo a ello, personal de Proceso rubricó y difundió una carta, en la edición 1880 del semanario, en donde los reporteros de esta casa editorial rechazan las conclusiones de la investigación del gobierno de Veracruz sobre el asesinato de la corresponsal Regina Martínez.

Este lunes 12, el gobierno de Veracruz resaltó que los familiares de la víctima aseguraron que el reloj café mostrado sí perteneció y era propiedad de Regina Martínez Pérez.

“Es importante señalar que con esta diligencia se fortalece la imputación en contra del procesado y su copartícipe, lo que permite soportar válidamente su probable participación en los hechos delictivos en donde privaron de la vida a la periodista Regina Martínez Pérez, ya que con este elemento se vincula objetivamente al partícipe Jorge Antonio Hernández Silva con la escena de los hechos”, se remata en el último párrafo del comunicado.

Sin embargo, al reseñar esta diligencia, el gobierno estatal no aclara qué familiares de Martínez Pérez tuvieron participación en el juzgado del Poder Judicial de Veracruz.

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MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, es resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana. Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país.

Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.

En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.

Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.

Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.

El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.

La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.

No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.