la ATF proporciona armas a cartel de Sinaloa

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WASHINGTON.— “Armamos al cártel de Sinaloa. Es repugnante”, fueron las palabras de Carlos Canino, actual jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que contiene un nuevo testimonio que reveló el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Rápido y furioso.




El Comité de Supervisión Gubernamental hizo público el reporte con más declaraciones y acusaciones sobre el tráfico vigilado por la ATF que permitió la entrada de manera ilegal de miles de armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga en México.

Esta información se dio a conocer el día en que los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego activos en territorio mexicano comparecieron ante legisladores con el objetivo de llegar al fondo caso por medio de los testimonios de los oficiales que pudieron presenciar el flujo de armas desde Estados Unidos hasta México.

En palabras de Canino, la operación Rápido y furioso fue una “tormenta perfecta de idiotez”. Y continúa: “Brian Terry (el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado) no será el último. Probablemente hay cientos de Brian Terry en México”.

Además de haber llegado a las manos del cártel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán, como lo señaló el jefe en funciones de la ATF en México, documentos obtenidos por los investigadores del Congreso de EU prueban que armas vendidas a la vista de la Agencia como parte del fallido operativo fueron usadas por al menos tres organizaciones: la de Sinaloa, la de Teodoro García Simental, y por La Familia Michoacana.

El comité intenta así probar que la ATF, encargada de prevenir que las armas lleguen a las manos del crimen organizado, consiguió facilitar que los cárteles de la droga en México se hicieran de verdaderos arsenales.

Las nuevas pruebas de los congresistas contra el caso son como leña al fuego en el escándalo que desató Rápido y furioso y que alcanzó a varias agencias encargadas de la procuración de justicia en Estados Unidos en incluso al propio Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general Eric Holder.

Los funcionarios que comparecieron ante el los legisladores fueron: William McMahon, asistente del director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; Jose Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, ex jefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.

La huella de las armas

En el informe del Comité de Supervisión Gubernamental denominado Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles se documentan casos en los que aparecieron armas que entraron a México por el operativo.

Revela que el primer gran decomiso de armas vendidas a traficantes bajo la vigilancia de la ATF ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, donde las 42 armas aseguradas, incluidas 41 AK-47 y un rifle calibre .50, fueron rastreadas hasta sospechosos que investigaba la agencia. Algunas de éstas llegaron a las manos de cárteles de un día para otro luego de ser compradas.

Casi tres semanas después del decomiso en Naco, un aseguramiento aún mayor en Mexicali, Baja California, incluyó 41 rifles de asalto AK-47, un AR-15 y un FN calibre 5.7, además de casi media tonelada de cocaína, 60 kilos de metanfetaminas, 392 cartuchos y 2 millones de dólares en efectivo.

Otro decomiso más ocurrió en enero de 2010 en El Paso, Texas, donde se recuperaron 40 rifles cuyo origen fue rastreado hasta el fallido operativo.

Después de conocer esto, la ATF permitió que las compras y el tráfico por parte de los sospechosos vigilados continuara por más de un año, hasta diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y dos rifles de asalto parte de la operación Rápido y furioso fueron encontrados en la escena del crimen.

El texto también revela que investigadores del comité viajaron a México el 25 de junio de 2011 para inspeccionar visualmente un helicóptero de la Policía Federal dañado con un Barret calibre .50 que penetró el cristal “a prueba de balas de la aeronave y que también tuvo su origen en el operativo”.

Carlos Canino señaló: “En mi opinión, estos 34 rifles calibre .50 en las manos de uno de los cárteles va a cambiar los resultados de la batalla (entre fuerzas federales y criminales)”.

Los implicados

En el extenso informe elaborado por los republicanos Darrell Issa y Charles E. Grassley, que desde hace meses intentan deslindar responsabilidades sobre el caso, por primera vez se nombra a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron al tanto de Rápido y furioso.

Hasta el momento ningún funcionario de la dependencia a cargo del fiscal general Eric Holder ha aceptado públicamente tener participación o haber conocido el operativo. Sin embargo, el informe de comité revela que el 5 de marzo de 2010 analistas de la ATF dijeron a mandos del Departamento de Justicia que el número de armas compradas por los traficantes había rebasado la cifra de mil.

Uno de los presentes era Joe Cooley, que había sido enviado directamente por Lanny Breuer, asistente de Holder y jefe de la División Criminal de la dependencia. Cuando Cooley supo que más de mil armas de la operación estaban ya en manos de criminales, se limitó a decir “es una práctica aceptable”, según narra el documento.

Un documento previo hecho público por el mismo comité señaló a Lanny Breuer como la persona que a nombre de Eric Holder dio su permiso para intervenir las conversaciones telefónicas de un presunto traficante de armas vigilado bajo Rápido y furioso.

Ayer, la guerra soterrada que se libra en el Departamento de Justicia para esclarecer las responsabilidades por el fallido operativo estalló en medio de una audiencia en la que tres de los agentes de la ATF asignados en México se negaron a respaldar las versiones ofrecidas el ex jefe de esa agencia federal en Phoenix, William Newell, quien aseguró que tanto las autoridades de México como los agentes destacados en ese país estaban al tanto de ese operativo desde noviembre del 2009.

“Quiero dejar esto perfectamente claro ante el pueblo estadounidense y el gobierno de México. Nunca supimos que agentes de la ATF estaban siguiendo a un traficante de armas sospechoso y conocido con un cargamento de 700 armas”, dijo Carlos Canino, al poner así su palabra contra la de William Newell, quien insistió en su versión de que el objetivo de Rápido y furioso no era permitir el trasiego ilegal de armas a México, sino el desmantelamiento de la red de armamento que iba a parar a los cárteles de la droga.

“Estoy enfurecido”, dijo Canino, al señalar que como resultado de la investigación se ha descubierto que un arsenal de más de 2 mil armas de grueso calibre, suficientes para armar a un regimiento, podrían haber ido a parar a manos del cártel de Sinaloa. Canino ha sido el más beligerante de los agentes de ATF a la hora de refutar el testimonio ofrecido por William Newell

“Estoy avergonzado. Y conozco agentes, tipos a los que considero héroes y amigos, que me han dicho desde que (este escándalo) estalló que estaban avergonzados de portar una placa de ATF. He llorado por ello, literalmente, y no me avergüenza reconocerlo”, añadió Canino.

En su testimonio, Newell, insistió en que desde diciembre de 2010 y enero de 2011 invitó a los agregados de ATF en México y a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para informarles del operativo.

Estos señalamientos han sido desmentidos en México por la PGR.

Ayer, Newell se enfrentó al desmentido de sus colegas y a la molestia e indignación de congresistas que han amenazado con acusarle de perjurio, por no aportar toda la información solicitada.