WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2012).- Una investigación del Departamento de Justicia de EU eximió de culpa al secretario de Justicia, Eric Holder, por la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el trasiego ilegal de unas dos mil armas a México en 2009, sin embargo, recomendó medidas disciplinarias contra otros 14 funcionarios.
El esperado informe del Inspector General del Departamento de Justicia determinó que hubo "conducta indebida" o mal juicio por parte de varios funcionarios del Departamento y de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), pero que Holder no sabía de la operación encubierta hasta que se destapó el escándalo del trasiego de armas en 2010.
"No encontramos evidencia de que el fiscal general Holder fuera informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la Operación Rápido y Furioso usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)", indicó el voluminoso informe de 512 páginas.
En un comunicado, el secretario de Justicia y fiscal general afirmó que el informe del Inspector General confirma lo que él y otros funcionarios de su agencia habían reiterado durante muchos meses: que los altos mandos del Departamento de Justicia "no estaban enterados ni habían autorizado el uso de una fallida estrategia y tácticas" para rastrear a narcotraficantes en México.
"El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso" sobre la operación, enfatizó Holder.
El fiscal general estuvo durante más de un año en la mira de varios líderes republicanos del Congreso que pedían su dimisión y que, incluso, votaron a favor de acusarlo por "desacato" por no haber proporcionado a los legisladores, supuestamente, toda la información sobre el caso que solicitaron.
Las autoridades de ATF permitieron el contrabando de las armas desde EU, con la intención de llegar hasta los capos del narcotráfico, pero le perdieron el rastro a unas dos mil armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.
Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.
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