Ciudad de México.- El policía federal Luis Angel León desapareció a finales de 2009 en Michoacán cuando con seis de sus compañeros se dirigía a suplir a agentes municipales en medio de la lucha contra el narcotráfico que emprendió el gobierno anterior.
Desde entonces, su madre Araceli Rodríguez ha hecho público el caso de su hijo dentro y fuera de México, y aunque ha recibido algunos indicios sobre lo que le podría haberle sucedido, hasta ahora no ha tenido ninguna certeza sobre su paradero, en un drama que alcanza a miles más de personas pero de cuya magnitud tampoco nadie parece tener certidumbre.
El problema de las desapariciones en México en los últimos años, sobre todo en medio de la lucha contra el narcotráfico, ha vuelto a ponerse en los reflectores luego de que una organización civil divulgó una supuesta base de datos oficial en la que se enlista por primera vez un número específico de personas desaparecidas: 20 mil 851 entre 2006 y 2012.
Una base de datos, sin embargo, que más allá de generar certezas, ha comenzado a generar dudas e incluso molestia.
Dudas porque no incluyen casos que algunas organizaciones o familias han denunciado y enojo porque en caso de que esa base sea oficial no refleja tampoco lo que esos mismos grupos y personas esperan que contenga.
La lista de desaparecidos refiere casos de albañiles, amas de casa, abogados, estudiantes, empresarios, policías, militares y políticos, además de más de mil 200 menores de 11 años, aunque no incluye a todos.
La desaparición del hijo de Rodríguez el 16 de noviembre de 2009 no se encuentra en la lista, supuestamente filtrada por la Procuraduría General de la República a una periodista extranjera y hecha pública por el grupo Propuesta Cívica A.C. No aparece, a pesar que ella misma se ha mantenido en contacto con las autoridades para dar seguimiento al caso y que en diversas oportunidades ha hablado en foros públicos sobre lo que sucedió.
"Yo creo que ninguna instancia tiene una base de datos completa", dijo Rodríguez el viernes a The Associated Press.
Un funcionario de la PGR, no autorizado a ser identificado por políticas internas de la dependencia, dijo a la AP que la Procuraduría no tenía conocimiento de la existencia de esa base de datos.
De hecho, medios de comunicación han manejado que la cifra podría ser de más de 25 mil con base también en supuestas base de datos oficiales, pero que no han sido divulgadas como esta.
"Nos preocupa que varias de las personas desaparecidas en Coahuila de las que nosotros hemos presentado denuncias no aparecen en la famosa base de datos", dijo el viernes a la AP Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que en los últimos años ha dado seguimiento a casos de desaparecidos en ese estado del norte del país afectado por la presencia del narcotráfico.
También asesora del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Martínez refirió que sólo entre 2007 y 2012 han registrado 290 casos de personas desaparecidas. La base de datos divulgada el jueves, sin embargo, sólo refiere 272 casos desde 2006.
Dijo que en una primera revisión sí han encontrado algunos casos que su organización tiene registrada, pero no existen muestras de que se haya avanzado en su solución.
"Sí, hay varios casos de los que nosotros tenemos registrados y no nos queda duda de que las autoridades han hecho absolutamente nada", añadió.
El tema de las víctimas y los desaparecidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico comenzó a tomar una atención distinta, luego de que en 2011 el entonces presidente Felipe Calderón recibiera en público a miembros del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia luego de que ese año su hijo fuera asesinado presuntamente a manos de delincuentes.
El movimiento le dijo que había miles de asesinados y desaparecidos, y que independientemente de si eran presuntos delincuentes debían ser tratados como víctimas.
El gobierno comenzó a señalar que trabajarían en una base de datos de desaparecidos, pero hasta el momento las autoridades no han hecho pública ninguna.
Tras los diálogos con miembros del Movimiento por la Paz, del cual Rodríguez es parte, Calderón también ordenó en 2011 la creación de una procuraduría especial encargada de la atención de víctimas de delito y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas.
"No hay nada peor para mí que tener un familiar desaparecido; no saber dónde está la persona es algo muy grave y por eso... cada caso que nos llega de verdad es tratar de darle una solución, de encontrarlo", dijo el viernes a la AP Sara Irene Herrerías, titular de la llamada Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima).
Cautelosa en el tema de las cifras, la funcionaria dijo que sólo podía hablar de los casos que su oficina ha atendido.
En 14 meses de trabajo, refirió que Províctima ha atendido mil 103 expedientes sobre la desaparición de 1.523 personas, en su mayoría presuntamente a manos de grupos delincuenciales y en no más del 10% los familiares reportan la participación de alguna autoridad.
De esos casos, dijo que se han localizado a 150 personas, de las cuales unas 40 fueron encontradas sin vida.
Pero más allá de sus propias cifras, Herrerías evitó hablar de la posible magnitud real de las desapariciones. "No me gusta hablar cuando no tengo datos duros", dijo.
Los números, de hecho, varían. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que unas 24.000 personas fueron reportadas desaparecidas entre 2000 y mediados de 2012, además de que unos 16.000 cuerpos encontrados en los últimos años permanecen sin identificar.
El gobierno entrante del presidente Enrique Peña Nieto ha estimado la cifra de cuerpos sin identificar en unos 9 mil.
El diario The Washington Post publicó hace unas semanas que había conseguido una lista también supuestamente oficial en la que la cifra de desaparecidos ascendía a más de 25 mil.
La directora de Propuesta Cívica, Pilar Talavera, dijo la víspera que aunque veían inconsistencias en la base de datos decidieron divulgarla en un intento por contribuir a comprender la magnitud de la violencia, pero también para presionar a las autoridades a dar a conocer información oficial sobre las desapariciones.
Como sea, lo más importante para los familiares sigue siendo saber qué pasó con sus seres queridos.
"Para mí Luis Angel sigue desaparecido", dijo Rodríguez.
Desde la desaparición de su hijo, entonces de 23 años, una decena de presuntos miembros del cartel de La Familia han sido detenidos como presuntos sospechosos.
Dijo que ella se ha logrado entrevistar con cuatro de ellos, quienes le han dicho que a su hijo y a los otros seis policías los mataron y luego los "desintegraron", aunque comentó que hasta ahora no le han dado ningún elemento más para poder ubicar sus posibles restos.
"Y si es verdad lo que los delincuentes narran... aun así mi corazón de madre pide encontrar a Luis Angel, como sea", dijo Rodríguez.
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