presencia del narco en las instituciones de seguridad

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios



La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales, y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1843, ya en circulación)